El Gobierno español impulsa un anteproyecto de Ley de información clasificada en concordancia con los estándares de transparencia que se utilizan en la Unión Europea para imponer plazos máximos a la desclasificación de documentos secretos.
La normativa actual de la Ley de Secretos Oficiales data de 1968 y es de origen franquista. Uno de los puntos claves de esta reforma a la ley de información clasificada es la desclasificación automática de documentos.
Con la nueva normativa se planea clasificar los documentos secretos dependiendo de su contenido en cuatro categorías: “Alto Secreto”, “Secreto”, “Confidencial” y “Restringido”; y se aplicarán tiempos máximos para su desclasificación en beneficio del derecho a la información de la ciudadanía.
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Los documentos clasificados como “alto secreto” deberán divulgarse de forma automática en un plazo máximo de 45 años, prorrogable a otros 15 años más, los documentos de la categoría “Secreto”, en 35 años; los confidenciales, entre 7 y 9 años, y los restringidos, entre 4 y 6 años.
Otro dato importante de esta reforma a la ley de información clasificada es que en ningún caso se podrá clasificar la documentación que oculte violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, una deuda pendiente de la historia española durante la dictadura.
El anteproyecto de ley va a pasar al Congreso para su aprobación y si dan luz verde a la reforma solo se podrá mantener en secreto la información donde se pueda acreditar que su divulgación suponga una amenaza para la seguridad nacional.
Para la categorización de la información, se propuso crear una Autoridad Nacional para la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y será la encargada de supervisar la clasificación y desclasificación de los documentos que contengan información sensible.
El gobierno español asegura que si se aprueba la reforma a la ley de secretos de Estado se va a dar prioridad a la publicación de los documentos que contengan información de graves violaciones a los derechos humanos.
Este es un paso muy importante para el derecho a la información de los españoles, ya que los documentos clasificados hace 45 años o más podrían salir a la luz; es decir, información clasificada sobre la dictadura franquista y la transición española a la democracia.
Una época en la historia de España que se ha mantenido en total secretismo y que es una deuda pendiente que periodistas, historiadores, partidos políticos y sobre todo familiares de las víctimas de la dictadura exigen que se hagan públicos los documentos de esa época obscura del país europeo.
