Un ciudadano promedio de Yucatán debe elegir entre comprar la canasta básica para que su familia se alimente dos semanas y pagar un viaje sencillo a la Ciudad de México en busca de un mejor horizonte para los suyos; una tarifa que deberá cubrir a la línea ADO, que encabeza Juan Carlos Uriarte, tarifa que por su magnitud limita las posibilidades de movilidad de la gente de menores recursos en la diversas regiones, por lo que muchas de estas personas optan por transporte aún más viejo, sin certificaciones oficiales y expuesto a todo tipo de calamidades.
Un habitante de Oaxaca que igualmente opte por viajar a la capital del país para colocar sus productos y/o servicios, o sólo por turistear, tiene que elegir entre pagar entre 632 pesos en los camiones “lecheros” de AU (que van de esquina en esquina levantando pasajeros) cuyo lema es “primero muertos que impuntuales”, o gastar 1,354 pesos en un ADO Plus y gastar casi 50% más de lo que pagaría los alimentos básicos —y mal comidos— para dos hijos y una pareja casi tres semanas, conforme los datos de Inegi, a cargo de Graciela Márquez.
De vacaciones, ni hablar: cuatro miembros le costarían a una pareja con un par de vástagos casi un mes completo de salario transportarse hasta la Ciudad de México. Bueno, y eso considerando que lleguen a la casa de la tía, de la abuela o algún familiar que los haga fuertes con el alojamiento. La comida y diversiones, otro desembolso que hace cruelmente asfixiante el traslado a la capital del país.
¿Y a la frontera norte? Un sueño guajiro y/o desesperado para los migrantes.
Moverse de la Ciudad de México a Monterrey, conforme a los precios vigentes de ETN, que dirige Juan Carlos Salgado (y marca de lujo de IAMSA de Roberto Alcántara), cuesta poco más de 2,100 pesos. Por cierto, sus marcas Flecha Amarilla y Ómnibus de México no cantan mal las rancheras.
Y moverse hacia la Sultana del Norte por Senda, a cargo de Ricardo Clausse, cuesta 1,394 pesos. Y aún promediado el boleto por todas las líneas que salen de la CDMX a Monterrey, su costo supera por persona más de 35% el precio de alimentos básico del PACIC, que acordó el gobierno de Claudia Sheinbaum mantener todo este año.
Que estas compañías, así como Estrella Blanca, que lleva Gerardo Mora, tengan el poder de fijar tarifas que superan ampliamente lo que una pareja promedio puede costearse con su familia para viajar por cuestiones de trabajo o de descanso por el país.
Ese poder de establecer precios, para que las empresas camioneras no compitan entre sí en horarios y precios en las rutas más transitadas, así como en el permiso para el uso de las apestosas terminales en las capitales de los estados, se desprende de la condición dominante, cuasimonopólica, con que una mafia puede repartirse el pastel del transporte que mueve 95% de los mexicanos que viajan de una urbe a otra.
No es invención alguna. Una de las pocas investigaciones profundas que dejó la extinta Comisión Federal de Competencia Económica de los tiempos de Alejandra Palacios, fue la relacionada con prácticas monopólicas que aún siguen vigentes por una mafia sobre ruedas.
Ahora, en el nuevo régimen, la contención al “pulpo camionero” representará una de las acciones estratégicas que le corresponderán a la nueva Comisión Nacional Antimonopolios que dependerá de la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, en un servicio que usan los más pobres del país.
PRI denuncia a López Obrador y plana mayor de Morena. Y no sólo ante la FGR que lleva Alejandro Gertz, sino que Alejandro Moreno irá a Washington para presentar esas mismas denuncias ante la Fiscal Pam Bondi. El líder nacional del tricolor acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de presuntos vínculos con el crimen organizado, financiamiento negro a campañas políticas, huachicol fiscal y desfalco a las arcas nacionales, junto con su hijo, Andy López Beltrán, así como a los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha (Sinaloa), Rutilio Escandón (Chiapas), Layda Sansores (Campeche), Américo Villarreal (Tamaulipas), Marina del Pilar (Baja California) y al senador Adán Augusto López.
“Se observa un patrón de encubrimiento en todos los lugares donde gobierna Morena, están señalados de protegerlos (a criminales), de apoyarlos, y de respaldarlos y no son dichos únicamente, como dicen de la oposición, son señalamientos de investigaciones, de carpetas y públicamente los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel internacional, y muchos de nosotros hemos señalado de manera clara y contundente los nexos que tienen con el crimen organizado”, dijo Moreno Cárdenas.
Siendo el líder del partido de oposición que ha estado más bajo la persecución oficialista, las denuncias en México y Estados Unidos representan acto de arrojo político que no ha tomado otra agrupación partidista. Y vaya, Alito, a pregunta expresa en conferencia de prensa, respondió que le tiene sin cuidado la solicitud de desafuero presentada por la fiscalía de Campeche por un supuesto desvío millonario de recursos públicos, pues ha ganado todos los recursos legales para desvirtuar esa acusación que, dicho sea de paso, se pude definir como una “cortina de humo” ante la gravedad de las situaciones que vive a diario México.
La oposición sí existe y, a diferencia de lo que difunde el cuatroteismo, ya se endureció.
Capufe patea el bote. Y sí, nuevamente Caminos y Puentes Federales, que dirige Rubén Arturo Hernández Bermúdez, postergó otro día el fallo en torno a la extraña licitación LA-09-JOU-009JOU001-N-91-2025 para contratar el servicio de conservación y mantenimiento de los equipos de cobro de peajes en caseta. Que ora sí, de veritas, este jueves se dará el correspondiente fallo. Y si no es Ofistore, sería IPTE Soluciones la feliz ganadora acomodada. ¿Si no es Chana, es Juana?
Trolebuses, tintineo. Por cierto, ¿la Jefa de gobierno de CDMX, Clara Brugada, tendrá conocimiento de los acuerdos pactados en los Servicios de Transporte Eléctrico capitalino, específicamente en la dirección de administración y finanzas, a cargo de Luis Alberto Espinoza Sauceda? Ya le cuento.