Hasta julio del 2025, la cifra oficial de personas desaparecidas en México supera las 114 mil, según cifras del Registro Histórico de Personas desaparecidas o no localizadas en México.
En el 2023, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se depuró el padrón, lo que redujo artificialmente las cifras a 100 mil desaparecidos en todo el país. Por esta depuración se generaron críticas por colectivos de víctimas y organizaciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Es verdad, se debe de depurar el padrón y verificar si alguna persona ya apareció, o muchas personas que salieron de sus hogares y no los encontraban regresaron a los pocos días y si algunas de las reportadas quedaron en la lista de ausentes.
Cónclave para el regalo de Alito
Miles de quienes estaban originalmente en esos registros sí están desaparecidos, y lo grave es que para las autoridades reducir estas cifras es fundamental para maquillar su ineptitud en brindar seguridad a los ciudadanos. Lo peor que le puede pasar a una familia, es no saber el paradero de su ser querido.
De nuevo, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se queda sin titular luego de que esta semana Teresa Guadalupe Reyes Sahagún presentó su renuncia. Reyes recibió muchas críticas por familiares de desaparecidos.
Su renuncia será efectiva a partir del 31 de agosto y esto ocurre en medio de una de las crisis más agudas en el tema de personas desaparecidas.
Su antecesora, Karla Quintana Osuna, quien estuvo al frente de la Comisión por 4 años, había sido relevada porque su trabajo no le gustó al Gobierno de López Obrador. Karla Quintana fue quien hizo públicas las acusaciones de la manipulación de las bases de datos sobre personas desaparecidas.
En ese momento, López Obrador buscaba reducir el número de personas desaparecidas.
En diciembre de 2024, Karla Quintana fue nombrada por la ONU como la persona a cargo de esclarecer el paradero de los desaparecidos en Siria desde el inicio de la guerra en 2011.
Guadalupe Reyes, quien tomó el lugar de Quintana, ahora tiene que renunciar. Era una de las peticiones de los colectivos de búsqueda, que le habían exigido al Gobierno federal que se requería de funcionarios con experiencia y decían que Reyes no la tenía en materia de desapariciones.
Reyes Sahagún fue nombrada en octubre de 2023 por el entonces presidente López Obrador. Su formación en realidad estaba centrada en Conocimiento y Cultura en América Latina por el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, pues contaba con un doctorado en este rubro. Además, era maestra con mención honorífica en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
NUEVO VIRAJE
Reyes Sahagún puede ser una profesional muy bien preparada en otros temas, pero no tenía ni experiencia en el trato con familiares de víctimas de desaparecidos, ni conocimiento en el campo, donde los colectivos hacen el trabajo de peritos forenses.
En estos últimos meses se instalaron mesas de diálogo entre colectivos de búsqueda y la Secretaría de Gobernación de la actual administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, y se pusieron medidas que ya estaban dentro de la ley, como unificar las bases de datos forenses, generar alerta de búsqueda inmediata sin esperar 72 horas, homologar el delito de desaparición con el de secuestro y fortalecer tres instituciones: el Centro Nacional de Identificación Humana, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Ninguna de estas propuestas son nuevas, y en su momento López Obrador, incluso, las denostó, pretendiendo disminuir las cifras de desaparecidos en las bases de datos. En más de 60 mil casos se les perdió el rastro a partir de 2019.
En el año y 10 meses que estuvo al frente de la CNB Guadalupe Reyes, se presentaron casos relevantes que ameritaban una urgencia en el trato de personas desaparecidas, como ocurrió con el caso del rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
No fueron las autoridades quienes descubrieron este lugar del terror, fue el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el que encontró en marzo del año pasado el campo de reclutamiento forzado utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que había rastros de huesos humanos, de sangre, ropa y zapatos apilados, así como otro tipo de evidencia que demostraba que ahí habían estado decenas de jóvenes.
¿Cuántas personas desaparecieron y perdieron la vida en ese lugar? Nadie lo sabe, ni lo sabrá. Éste es solamente un sitio de decenas de campos de exterminio utilizados por los grupos delincuenciales, y miles de personas desaparecen ahí.
Es fundamental, sobre todo, en esta terrible coyuntura que estamos viviendo, tener una Comisión Nacional de Búsqueda fuerte y con recursos para apoyar a las familias que tienen personas desaparecidas. Y la realidad es que no parece ser una prioridad ni de este Gobierno, ni de la pasada administración.
Uno de los casos que prometió aclarar es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Hasta hoy, los dos gobiernos de Morena no han podido revelar dónde están los restos de los estudiantes normalistas, incluso, han regresado a la versión que tanto criticaron, la llamada “verdad histórica”, dada a conocer en 2015 por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
La próxima semana se publicarán las bases para realizar una consulta pública con la finalidad de designar a una nueva persona titular de la CNB.
La Segob dijo que “garantizará un proceso abierto, transparente y con amplia participación de los sectores involucrados, a fin de recibir propuestas de candidaturas que fortalezcan la labor de búsqueda”.
Veremos qué pasa y quién queda al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Según el nombramiento, nos daremos cuenta si realmente se quiere apoyar a las víctimas, o hacer trabajo político para disminuir las cifras, olvidando que detrás de cada número hay familias llorando a sus desaparecidos.
