Estos días son de una intensa agenda pública en el ámbito nacional. La trama de corrupción y vínculos con el narcotráfico que involucra a la élite política tabasqueña —con el inevitable impacto nacional que acarrea—, las vacaciones faraónicas de la élite oficialista o el anuncio de la inminente reforma político-electoral, con la que (salvo sorpresa en contrario) con toda certeza se avanzará en la consolidación del nuevo régimen autoritario de partido hegemónico, socavando más aún a la agónica democracia pluralista.
Pero más allá de todos esos temas, me parece central continuar en la conversación pública con el caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz. Este tema adquirió notoriedad por el nivel de crueldad y barbarie a la vista de todo mundo, llegando a escandalizar a una ciudadanía que, de tanto estar expuesta a todo tipo de violencia, ha llegado a normalizarla, invisibilizarla o a generar anticuerpos sobre sus efectos. El caso del secuestro y muerte de la maestra Hernández es un nuevo hito en la horrenda espiral de brutalidad que azota al país, representando todo lo que está mal respecto al Gobierno y a la sociedad.
Irma Hernández Cruz era una maestra jubilada de 62 años que, ante la imposibilidad de acceder a una pensión justa y suficiente, siguió trabajando como taxista para complementar un ingreso de subsistencia. Desde aquí ya se observan importantes fallas por parte del Estado, que ha sido incapaz de generar las adecuadas políticas públicas que proporcionen condiciones con razonables estándares de bienestar a mujeres de la tercera edad con ingresos precarios. Un problema de interseccionalidad sin atender.
Ocurrencia mediática
A lo anterior hay que sumar la deleznable situación que lastimosamente padecen millones de mexicanos (difícil de cuantificar la cifra exacta, ya que, por los naturales temores de represalias mayores, son delitos que no suelen ser generalmente denunciados) en cuanto a la extorsión y el cobro de “derecho de piso” por parte de distintos grupos delincuenciales a quienes realizan las más elementales actividades comerciales y económicas. Aquí, desde luego, de nueva cuenta el Estado ha fallado con la más elemental de sus responsabilidades en el contrato social: proveer de seguridad a sus habitantes, para evitar que cada uno en lo individual tome justicia —en este caso es un decir— por cuenta propia.
El video que la organización criminal obligó a grabar a Irma Hernández Cruz es tan desgarrador como indignante. Muestra a una mujer arrodillada frente a un grupo de once personas, presumiblemente todos hombres, encapuchados y fuertemente armados. Una puesta en escena cobarde y con toda la intención de intimidar a la audiencia. Algo muy perverso en algunos sectores de la sociedad que, en la pugna por recursos y poder, llegan a los extremos de la barbarie.
Para rematar el caso, las torpes e insensibles declaraciones de la gobernadora de Veracruz sobre la situación cardiaca de Irma. Presenciamos una maniobra más que burda para atenuar la gravedad de los hechos, la cual, con justa razón, recibió una condena generalizada por parte de la opinión pública crítica e indignada.
Desde luego, los distintos tipos de violencia criminal que con total impunidad se reproducen en el país no surgieron con los gobiernos obradoristas. Pero, de lo que sí son responsables, es de su exponencial incremento por la política de “abrazos y no balazos” que generó ese incentivo de impunidad, al no combatir debidamente a las organizaciones criminales y, en la época actual, de no dar los resultados en materia de seguridad pública que tan desesperadamente exige la sociedad mexicana.
