Los resultados de las finanzas públicas al primer semestre del año reflejan un esfuerzo significativo por parte del gobierno federal para avanzar en el proceso de consolidación fiscal, en línea con el objetivo programado de un déficit presupuestario de 3.9 % del PIB para el cierre del año. No obstante, la trayectoria hacia dicha meta enfrenta ya restricciones estructurales, y riesgos coyunturales respecto a lo que constituye una política fiscal sostenible y eficiente más allá del corto plazo.
En efecto, la corrección del déficit ha sido notable. Durante el primer semestre, el balance presupuestario registró un déficit 29 % inferior al programado y 62 % menor al observado en el mismo periodo del año anterior. Este desempeño ha contribuido a fortalecer la percepción de sostenibilidad fiscal entre inversionistas y participantes del mercado. Sin embargo, la interrogante central es doble: ¿a qué se atribuye este resultado? y ¿es factible sostener este nivel de disciplina fiscal en lo que resta del año?
Un primer elemento a considerar es el entorno macroeconómico adverso que condiciona las finanzas públicas. Factores como la debilidad del crecimiento económico, la elevada incertidumbre sobre la inversión ante presiones externas (como la imposición de aranceles), la caída de las remesas, las altas tasas de interés reales y una inflación subyacente elevada, constituyen un entorno poco favorable para la política fiscal.
Duarte queda preso
A pesar de ello, el cumplimiento parcial de la meta fiscal ha sido posible gracias a un ajuste significativo del gasto público. En términos reales, el gasto neto pagado se contrajo 3.8 % anual y se ubicó 8 % por debajo de lo programado. Este ajuste se concentró en el gasto programable, con una contracción particularmente severa en inversión física y de capital, la cual registró una caída real de 69 % anual. En contraste, el único rubro con crecimiento sostenido fue el relacionado con protección social, que avanzó 5.9 % real.
Si bien esta reasignación presupuestaria permite cumplir con los compromisos sociales y avanzar hacia la consolidación fiscal, la drástica reducción de la inversión pública —en sectores clave como educación, salud e infraestructura— compromete las bases para un crecimiento económico sostenible en el mediano y largo plazo.
Por el lado de los ingresos, el panorama fue mixto con un sesgo negativo. A pesar de un crecimiento real de 3.4 % anual en los ingresos presupuestarios totales, el resultado se ubicó por debajo de lo programado debido a una fuerte caída de los ingresos petroleros (-22 %), parcialmente compensada por un incremento de 8.0 % en la recaudación tributaria, incluso en un contexto de bajo crecimiento económico (0.9 % en el primer semestre). Este desempeño da cuenta de una mejora en la eficiencia recaudatoria, particularmente en IVA e ISR; sin embargo, ambos componentes mostraron una desaceleración hacia el final del periodo, lo cual podría extenderse en la segunda mitad del año.
De cara al segundo semestre, el panorama fiscal se torna más complejo. Entre los principales riesgos destacan: (1) la prolongada debilidad de la actividad económica, que limita la expansión de la base gravable; (2) la tendencia decreciente de los precios del petróleo y la contracción de la producción de crudo, que afectan los ingresos petroleros; (3) la ausencia de ingresos extraordinarios, como el remanente de operación del Banco de México que contribuyó en la primera mitad del año; y (4) la rigidez del gasto social.
En este contexto, el ajuste precautorio del gasto observado en la primera mitad del año se configura como un factor relevante para afrontar un entorno macroeconómico adverso y, eventualmente, garantizar el cumplimiento de la meta de déficit fiscal para 2025.
