La industria mexicana del calzado, históricamente uno de los sectores manufactureros con mayor tradición y peso económico en el país, se encuentra ante un punto de inflexión tras décadas de pérdida de competitividad frente a importaciones de bajo costo provenientes principalmente de Asia. Durante los últimos años, los fabricantes nacionales han enfrentado una presión creciente por la entrada masiva de calzado terminado que ingresa al mercado sin pagar aranceles ni impuestos, desplazando producción local y reduciendo márgenes de rentabilidad.
León, Guanajuato —que durante buena parte del siglo XX y principios del XXI ostentó el título de “capital del calzado”— ha visto cómo ese reconocimiento se ha diluido ante la ausencia de políticas efectivas de protección, el avance de plataformas digitales de venta de calzado importado y el incremento de esquemas de comercio que favorecen a productores extranjeros. Y mire que protestas hubo muchas, exigencias a sexenios anteriores, foros y encuentros se dieron pero no lograron lo que hoy se pretende.
Datos de la Secretaría de Economía muestran que entre 2019 y 2024 la actividad de la industria del calzado cayó 12.8%, caída vinculada en gran medida al uso indebido del programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). Este esquema fue diseñado para permitir la importación temporal de bienes, libres de aranceles e impuestos, destinados a la manufactura de productos para su exportación. Sin embargo, las autoridades detectaron que, en el caso del calzado, múltiples importadores han introducido producto terminado que no se somete a procesos productivos en México y que, en cambio, se coloca directamente en el mercado interno, evadiendo el pago de IVA y aranceles. Esta práctica ha generado una competencia desleal que ha impactado no solo a los productores, sino también a miles de trabajadores y proveedores vinculados a la cadena de valor del sector.
Ataque en Coahuayana
El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard, hizo la publicación inminente de un decreto que prohibirá la importación temporal de calzado terminado bajo el programa IMMEX cuando provenga de países con los que México no tiene tratados de libre comercio. El nuevo marco normativo establecerá que toda importación de calzado de estas naciones deberá pagar un arancel mínimo del 25 por ciento, con el objetivo de cerrar la puerta a mercancías subvaluadas y restablecer condiciones más equilibradas de competencia en el mercado. La medida busca salvaguardar entre 120 mil y 130 mil empleos directos que genera la industria, además de miles más de carácter indirecto, e impulsar la recuperación de un sector clave para la economía del Bajío y otras regiones productoras del país.
Esta decisión se complementa con una estrategia más amplia de fortalecimiento industrial y atracción de inversión. Los testigos en Guanajuato vieron cómo se firmó un convenio para la construcción del Polo de Bienestar “Puerta del Bajío” en Celaya. Este desarrollo forma parte de la primera etapa del programa nacional de Polos del Bienestar, que contempla la instalación de 15 parques industriales en distintas regiones, alineados con las vocaciones productivas locales y diseñados para ofrecer infraestructura moderna, incentivos fiscales y soluciones logísticas a sectores estratégicos. En el caso de “Puerta del Bajío”, se prevé un enfoque en industrias como la automotriz, agroindustrial, manufacturera y logística, con el objetivo de consolidar a la región como un nodo clave para el comercio y la producción.
Pero incluso este evento emblemático sirvió para destacar los convenios con Quintana Roo y Michoacán para desarrollar polos en Chetumal y Zinapécuaro, replicando un modelo que busca descentralizar la inversión, diversificar la base productiva nacional y fomentar la integración de cadenas de valor. Estos proyectos forman parte de una estrategia para aprovechar el potencial del nearshoring, mejorar la competitividad de la manufactura mexicana y crear empleos formales de calidad en todo el territorio. La combinación de medidas de protección arancelaria y desarrollo de infraestructura industrial pretende ofrecer un respiro a la industria del calzado, golpeada en los últimos años por la competencia externa desleal y por cambios en los hábitos de consumo. El deseo es enorme y retador y quizá pasen años o décadas para ver hecho cada uno de los puntos deseados, porque desleales existen y hay muchos que no querrán que se les quite su jugoso negocio, pero también es importante que las empresas nacionales ofrezcan un alto nivel de producto, porque muchos han sacrificado calidad pensando que es lo mejor para competir con otras naciones, nada fuera de la realidad, porque con esto solo se frenará sentar las bases para que el sector recupere dinamismo, fortalezca su presencia en el mercado interno y explore nuevas oportunidades en el exterior bajo condiciones más justas y competitivas.
Voz en off. La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso a María del Carmen Bonilla para ocupar la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, cargo que permanece vacante desde marzo de 2025. Bonilla forma parte de la Secretaría de Hacienda desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y, desde septiembre de 2021, se desempeña como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales…
