El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum empieza a mostrar una diferencia sustancial respecto a su antecesor: la capacidad de avanzar en frentes que el gobierno de López Obrador no quiso o no pudo atender. Particularmente en dos de ellos —seguridad y energía— hay señales claras de que la Presidenta está imprimiendo su sello.
En materia de seguridad, los resultados son evidentes. La reducción de 25% en el número de homicidios durante su primer año, con julio como el mes menos violento desde 2015, no es casualidad. La designación de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue una apuesta por un perfil técnico, con experiencia en inteligencia y operación policial, alejado del discurso obradorista de “abrazos, no balazos” que marcó al sexenio anterior.
A esto se suma un factor externo que no puede ignorarse: la presión de Estados Unidos. La cooperación en materia de seguridad y la expectativa de resultados concretos han funcionado como catalizador. Washington ha dejado claro que la reducción de la violencia en México es también un asunto de su seguridad nacional. Que esta presión se traduzca en políticas más efectivas y en resultados medibles habla de un entendimiento pragmático: atender la violencia es una prioridad interna y, al mismo tiempo, una carta de negociación bilateral.
Góbers felices en el sorteo
En el terreno energético, Sheinbaum también ha empezado a moverse con mayor flexibilidad que López Obrador. El plan presentado por la secretaria de Energía, Luz Elena González, para que Pemex sea financieramente autosuficiente, en menos de dos años, marca un giro. No se trata de abandonar la visión nacionalista, sino de reconocer que la participación privada es una fuente relevante de inversión y desarrollo.
El proyecto contempla diversificar la operación de Pemex hacia químicos, fertilizantes, litio y cogeneración eléctrica, así como impulsar asociaciones mixtas bajo supervisión estatal y crear un fondo con Banobras. Es, en esencia, un intento por modernizar la empresa sin desmontar su papel central en la política energética. También es el reconocimiento de que Pemex no puede sostenerse únicamente con producción de crudo, y que el país debe prepararse para la transición energética global.
En ambos casos se evidencia el perfil técnico de la Presidenta y su gabinete. No rompe con la Cuarta Transformación, pero empieza a trazar su propio rumbo. Su apuesta por profesionalizar la seguridad y adoptar un enfoque pragmático en el sector energético revela que entiende el delicado equilibrio entre ideología y resultados, entre mantener la congruencia política y velar por el desarrollo económico.
Por ahora, hay avances, aunque tanto la estrategia de seguridad como el Plan Pemex necesitan madurar. El rumbo es claro: un Gobierno más enfocado en la praxis que en la retórica. Seguridad y energía tienen el potencial de convertirse en sellos distintivos de esta administración.
