La lucha frontal contra la pobreza debe ser el objetivo principal de cualquier gobierno. Lograr un mínimo de bienestar para toda la población que satisfaga las necesidades de alimentación, educación, salud, vivienda y servicios básicos (agua, transporte, drenaje, seguridad, medio ambiente adecuado y protegido, etc.) que sumado a la participación y empoderamiento de los ciudadanos logren la disminución de la desigualdad social a un mínimo aceptable, es el sustento básico de cualquier democracia funcional.
En este contexto, los resultados presentados por el Inegi para 2024 son alentadores. Tomando solamente los datos generales y considerando el periodo completo de la administración anterior, las cifras muestran una reducción sustancial de los niveles de pobreza, logro particularmente relevante si se toma en cuenta que estuvo marcado por la crisis derivada de la pandemia.
Las tres mediciones oficiales de pobreza reflejan mejoras:
Ataque en Coahuayana
1. Pobreza por ingresos (población con ingresos familiares inferiores a la “línea de pobreza por ingresos”, insuficientes para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos): pasó de 49.9 % en 2018 a 35.4 % en 2024.
2. Pobreza multidimensional (personas en pobreza por ingresos que además presentan al menos una carencia social, como rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud o seguridad social, vivienda inadecuada, servicios básicos deficientes o carencia alimentaria): se redujo de 41.9 % a 29.6 % en el mismo periodo.
3. Pobreza extrema, dentro del concepto multidimensional (ingresos por debajo de la “línea de pobreza extrema” —que solo cubre la canasta alimentaria— y al menos tres carencias sociales): disminuyó de 7.0 % a 5.3 %.
En los tres indicadores, el número absoluto de personas en condición de pobreza también registró una reducción. Sin embargo, los avances distan de ser óptimos: bajo la medición multidimensional, aún 38.5 millones de personas se encuentran en situación de pobreza, de las cuales 7 millones viven en pobreza extrema. Además, persisten rezagos significativos: 34.2 % de la población carece de acceso a servicios de salud, 48.2 % no cuenta con seguridad social y 18.6 % presenta rezago educativo. Condiciones todavía inaceptables.
Las mejoras recientes se han sustentado principalmente en cuatro factores: crecimiento del empleo formal, incremento del salario mínimo, expansión de programas sociales y el flujo récord de remesas. No obstante, estas fuentes muestran ya signos de agotamiento y enfrentan límites estructurales.
La actual administración enfrenta, por tanto, el desafío de consolidar y profundizar estos avances. Ello requiere un entorno que potencie la productividad y el crecimiento económico, mediante el impulso coordinado a la inversión pública y privada, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica para preservar el poder adquisitivo de los salarios y el fortalecimiento de la competitividad sistémica. Solo bajo estas condiciones será posible evitar retrocesos y continuar reduciendo la pobreza, recordando que episodios como la crisis de 2009 o la recesión por Covid-19 evidenciaron la rapidez con la que los avances pueden revertirse. Pensar en el largo plazo no es opcional, sino estratégico.
