Es sabido que las prisiones son escuelas del crimen más que centros de readaptación, también lo es que ahí, tras sus muros, lo que impera son las leyes del dinero y de la fuerza.
Es un problema no resuelto desde hace décadas, pero tampoco en los años más recientes. Se da por hecho que los reclusorios serán, de algún modo, ingobernables, esperando que la sangre no llegue al río.
Se han dado casos de rufianes que han optado por auto recluirse, porque en las instalaciones penitenciarias se sienten más cómodos.
Ataque en Coahuayana
Pero no por ello deja de ser impactante el reconocimiento del Gobierno mexicano, de que hay capos que son incontrolables, aun si están recluidos, y que por eso se tomó la determinación de enviarlos a Estados Unidos, para que ahí cumplan sus condenas o pacten con las fiscalías a cambio de información.
El secretario Omar García Harfuch reveló que algunos de los personajes trasladados seguían delinquiendo y aprovechando las visitas a las que tienen derecho para enviar instrucciones a las bandas delictivas, entre ellas, inclusive, el asesinato de celadores.
En resumen, no hay control de las cárceles y hay que buscar que un gobierno extranjero se encargue de la custodia de los narcotraficantes más célebres.
En términos de soberanía es un asunto delicado, pero quizá las opciones son pocas y más todavía si no hay en puerta reforma alguna para remediar la situación.
De acuerdo con los censos del sistema penitenciario que elabora el Inegi, para mediados de 2024 había 233 mil 277 personas privadas de su libertad, de los que 37% no tienen sentencia, la mayoría por estar en el supuesto de la prisión preventiva oficiosa.
Una paradoja, porque se reconoce la falta de control, pero se busca meter más gente a las cárceles.
El traslado de la nueva tanda de 26 jefes del crimen se dio al amparo de la Seguridad Nacional y de sus pastosas interpretaciones, aunque se tomó la providencia, previamente, de que ninguno de ellos sea condenado a la pena capital. Una decisión adecuada, por supuesto, porque en México está prohibida y porque disminuirá las amenazas de los bandidos.
También fueron factor las presiones de la Casa Blanca, atribuyéndose el envío de los maleantes y celebrando que eso es una muestra del compromiso de Donald Trump para terminar con los cárteles de las drogas que, por lo demás, ya están clasificados como terroristas. Una versión nada descartable, si se tiene en cuenta el componente del listado, donde hay personajes como Servando Gómez Martínez La Tuta, dueño, en su momento, de los mercados ilegales en Michoacán, y justo un día antes del anuncio de recompensa por los líderes de organizaciones del crimen de la región como los Cárteles Unidos y Los Viagras.
Al parecer, los objetivos de las agencias de seguridad estadounidenses estarán en ese espacio tan complicado en el que convergen Michoacán con Jalisco.
