A partir de los resultados sobre pobreza presentados por el INEGI para 2024, se han generado múltiples análisis y posturas que van desde la minimización de los logros alcanzados hasta la exaltación de los mismos. Más allá de dichas posiciones, existe un consenso entre la mayoría de los analistas en torno a que los esfuerzos emprendidos durante la administración pasada produjeron resultados positivos, configurando lo que podría considerarse el acontecimiento económico y social más relevante de las últimas décadas.
La estrategia implementada fue particularmente exitosa no solo por la magnitud de la reducción de la pobreza, sino también por la eficiencia con la que se logró en un contexto de bajo crecimiento económico —con una tasa promedio anual del PIB cercana al 1%. En este periodo, por cada punto porcentual de crecimiento económico, aproximadamente 3 millones de personas salieron de la pobreza por ingresos. Para dimensionar dicho resultado, el máximo nivel de eficiencia observado con anterioridad se registró durante el sexenio 2000–2006, cuando cada punto porcentual de crecimiento estuvo asociado a la reducción de 540 mil personas en situación de pobreza.
En este sentido, la disminución de casi 16 millones de personas en pobreza por ingresos (equivalente a 13.4 millones en pobreza multidimensional) pone de relieve que la estrategia gubernamental implementada constituye un camino viable para continuar elevando el bienestar social. No obstante, persisten rezagos significativos, especialmente en los ámbitos de salud y educación, que limitan la consolidación de los avances.
La principal preocupación gira en torno a la sostenibilidad de la estrategia. Diversos analistas han advertido sobre los límites estructurales de los factores que explicaron la reducción de la pobreza. Si bien algunas de estas críticas son pertinentes, en ocasiones tienden a sobredimensionarse, derivando en juicios de carácter excesivamente pesimista que anticipan una posible reversión de los logros alcanzados.
En términos analíticos, los cuatro factores determinantes de la reducción de la pobreza fueron los siguientes:
1. Estabilidad macroeconómica e inflación controlada, lo que permitió preservar el poder adquisitivo de los salarios.
2. Aumentos sostenidos al salario mínimo, los cuales, además de corregir un rezago histórico, tuvieron un efecto de arrastre en la estructura salarial en su conjunto, convirtiéndose en el principal motor de mejora en el ingreso laboral.
3. Ampliación y constitucionalización de los programas sociales, cuya obligatoriedad garantiza continuidad, aunque su sostenibilidad fiscal podría verse comprometida en el mediano plazo debido al crecimiento poblacional y las restricciones presupuestarias.
4. Expansión acelerada de las remesas familiares, que alcanzaron niveles récord en años recientes, pero cuyo dinamismo muestra signos de moderación e incluso riesgo de estancamiento, en parte por la política migratoria agresiva del presidente Trump.
Si bien estos elementos explican la mejora reciente, su permanencia está condicionada al desempeño de la economía en su conjunto. La crítica central al modelo de la Cuarta Transformación radica en su insuficiente capacidad de generar crecimiento sostenido. La baja inversión en capital humano, particularmente en salud y educación, limita las posibilidades de que la reducción de la pobreza mantenga la tendencia observada hasta 2024.
Los avances son innegables, pero el bajo dinamismo económico revela sus límites. La actual estrategia gubernamental, enmarcada en el Plan México, busca atender esta debilidad, por lo que será fundamental observar resultados en el corto plazo. Las oportunidades estructurales del país —su dotación de recursos naturales, su bono demográfico y sus ventajas comparativas en el nuevo orden comercial global— permanecen vigentes. De ahí que sea indispensable evitar tanto visiones catastrofistas como un optimismo desmesurado: la sostenibilidad de los logros dependerá de la capacidad de articular políticas de crecimiento inclusivo y sostenido.