La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha llegado al final de un periodo, el cual inició con la reforma constitucional que realizó en 1994 Ernesto Zedillo, por la cual se transformó totalmente la SCJN, causando en un primer momento polémica y malestar dentro del ámbito del Poder Judicial, llegando a calificarla como “un golpe de Estado al Poder Judicial”.
En el discurso de presentación, el presidente Zedillo señaló que dicha reforma establecía un principio constitucional para que los propios ciudadanos pudieran defenderse cuando el Ministerio Público, por negligencia, corrupción o descuido, incumpliera su responsabilidad.
Después de 30 años de funcionamiento de la SCJN, podemos dejar claro que el presidente en turno siguió nombrando a los ministros, en cuyos nombramientos hubo de todo, algunos excelentes juristas, otros ignorantes de las leyes, liberales y conservadores, como sucede en la mayoría de los órganos colegiados.
Acuerdo para levantar bloqueos
La existencia de la SCJN coincidió con el desarrollo democrático del país, como fue la alternancia en la Presidencia de la República y la derrota del PRI. No obstante, cada gobierno en turno nombró a personas afines a sus intereses, así lo hizo el PRI, el PAN y finalmente Morena.
Dentro de lo más destacado durante estos 30 años fue el fortalecimiento del juicio de amparo como una herramienta ciudadana, protegiendo sus derechos fundamentales contra autos de autoridad. En 2011 se incorporaron los derechos humanos como una obligación de control de convencionalidad, ampliando la protección de los derechos humanos.
La SCJN también avaló el matrimonio entre personas del mismo sexo, declarando inconstitucionales las leyes estatales que lo prohibían; también la Corte dictó sentencias cruciales para despenalizar el aborto, poniendo por encima el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; también emitió sentencias para garantizar el acceso a la justicia de las personas indígenas o con discapacidad, protegiéndolas contra la discriminación.
La SCJN, por otro lado, tuvo muchas críticas a su desempeño, entre ellas se encuentran los cambios de criterios en temas cruciales que dependían del clima político, lo que generó inseguridad jurídica. Otro tema crucial se refería al conflicto de intereses entre el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte, cuyo cargo recaía en la misma persona.
Los casos más emblemáticos en los que fue duramente criticada han sido el caso Atenco (2006), donde la Corte avaló los operativos policiacos con graves violaciones de los derechos humanos; el caso Ayotzinapa, donde la Corte mostró ineptitud, lentitud y opacidad en el proceso, al ordenar las investigaciones; y un tercer caso fue el de la Guardería ABC, donde no se atrevieron a condenar a los dueños de la guardería (por tratarse de familiares de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón).
Desde luego que el desempeño de la SCJN ha tenido claroscuros; sin embargo, la justicia nunca permeó para todos los ciudadanos como lo planteó Zedillo en su reforma. Sus resoluciones fueron muy tardadas, dejando un cúmulo de 1,128 asuntos sin resolver, algunos con varios años de retraso. Les dieron muy poco seguimiento a los asuntos en los juzgados; por ello fueron en gran parte responsables del mal estado de la justicia que hoy vive nuestro país. La nueva Corte tiene un gran reto, por lo que parece que en lugar de mejorar podrían empeorar la impartición de justicia. Al tiempo.