Si algo es claro en las áreas estratégicas y sensibles del sector público, es que cuando un funcionario rompe el estatus quo para reestablecer el orden y aplicar la ley, los afectados —tanto los interesados dentro del aparato de gobierno, como sus “clientes” privados— enfila embestidas desde de distintos frentes políticos y empresariales. Por eso Alex Tonatiuh Márquez, director de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha sido objeto de múltiples críticas y señalamientos pues es del equipo que llegó “barrer la casa” y a poner orden en un ámbito históricamente marcado por la corrupción y la opacidad.
Junto con su jefe, Rafael Marín Mollinedo, Márquez implementó un plan de limpieza profunda en el sistema aduanero, cuyo impacto ha sido inmediato: la recaudación de impuestos en las aduanas aumentó 29% de acuerdo con cifras oficiales y alcanzando los casi 900 mil millones de pesos pasando la mitad de año.
La expectativa, incluso entre sus detractores, es que estos números sigan creciendo con la consolidación de una estrategia implementada conforme a las leyes comerciales y de investigación precisa en las 50 aduanas del país.
Mal momento para bloquear
La tarea de limpieza fue encargada directamente desde Palacio Nacional, instruyendo una operación coordinada entre la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Omar García Harfuch. El objetivo es claro: frenar el contrabando, reducir el tráfico ilícito de mercancías y sustancias, así como garantizar que cada peso que entra y sale por la frontera quede debidamente registrado.
Pero es evidente que el costo político no se ha hecho esperar. Es público que los grupos afectados y personas que vieron mermar su fuente de riqueza indebida, han emprendido una campaña de ataques mediáticos y políticos en contra de Márquez. Sus críticos lo acusan de “mano dura” por generar un choque frontal con intereses enquistados desde hace décadas.
Sin embargo aplicar sin cortapisas la ley aduanal —máxime en momentos en que la mayor preocupación nacional es la continuidad del Estado de derecho— es uno de los pilares de estabilidad de la gobernabilidad y certidumbre legal.
Es por ello que dentro del gobierno a Márquez se le reconoce como uno de los operadores más eficaces de la actual administración. “Alex llegó a poner orden donde otros se hicieron de la vista gorda”, señalan fuentes cercanas al gabinete.
El tiempo dirá si la ofensiva en su contra logra frenarlo o si, por el contrario, se consolida como el arquitecto de la mayor transformación aduanera en la historia reciente del país.
La muerte del IFT y las canalladas de septiembre. Es oficial: el Día de la Independencia, el 15 de septiembre, desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y entra en funciones la entidad no autónoma de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)… que, como se ha informado en este espacio, es tripulada desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de José Peña Merino.
Pero no sólo se trata de establecer en el cuerpo de comisionados al grupo allegado a Pepe Peña (saltándose los propios acuerdos senatoriales) o de reducir los salarios de recontratación de aquellos trabajadores y empleados del IFT que quieran recontratarse en la CRT al renunciar a sus liquidaciones mediante acuerdos en lo oscurito operados por el denominado “Escuadrón Quick Naylon”, que lidera Javier Juárez y delegado a Víctor Manuel Rodríguez, a Everardo Ibarra y que aplica Alejandro Pedroza en la dirección de administración y finanzas de la ATDT.
Ahora se trata, además, de escamotear las liquidaciones, hacerlas chiquitas, incluso desaparecerlas para aquellos empleados que, dados sus conocimientos, fueron contratados por asignación directa desde hace lustros.
El próximo 5 de septiembre, cerca de 200 trabajadores tendrán que asistir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para firmar que aceptan que sus derechos hayan sido pisoteados.
Así la era del acordeón y las dobladas.
Baches y sin dinero. Unos 32 mil millones de pesos solían invertirse en tareas para mantenimiento y construcción de nuevas vías durante la época neoliberal…, además de la inversión privada en concesiones carreteras. En las “época de las oligarquías” nunca fue necesario un programa para reparar baches.
En el gobierno de Andrés Manuel López no se hizo un kilómetro adicional de autopistas y carreteras nuevas, salvo las que heredó de la administración de Enrique Peña. Se ha informado que no habría dinero para ampliar y/o mejorar la red de carreteras, pero sí para administrar los caminos deteriorados por el crecimiento del tráfico y los pesos entre ciudades.
