Hace tres días, una corte de apelación inglesa dejó sin efecto la suspensión concedida previamente al consejo de Epping (sureste de Inglaterra), para desalojar a varios migrantes hospedados en un hotel de la localidad. La suspensión revocada ordenaba a las autoridades migratorias y a los propietarios del hotel Bell a expulsar 138 solicitantes de asilo alojados en el inmueble ubicado en el corazón geográfico del conservadurismo británico.
El estatus legal del hotel Bell se ha convertido en un asunto de interés público desde el mes de julio, cuando uno de sus huéspedes (de origen etíope), fue arrestado y acusado de varios delitos, entre ellos una agresión sexual contra una menor de 14 años. A partir de ese momento, miles de personas se han manifestado afuera del hotel en favor y en contra de la permanencia de los refugiados. Esas demostraciones han dado como resultado detenciones de manifestantes de ambos bandos, así como policías heridos.
Las manifestaciones motivaron que las autoridades locales acudieran a una corte solicitando el cierre del hotel. El consejo de Epping señaló en su demanda que las instalaciones se habían convertido en un campo fértil para disturbios, volviéndose un peligro para los estudiantes de las escuelas cercanas que estaban por iniciar el nuevo ciclo escolar. Ello creaba ansiedad entre sus padres y maestros, así como un deterioro del ambiente local. Argumentó también que los propietarios dejaron de prestar servicios como recepciones y alimentación al público, convirtiéndolo en alojamiento de refugiados, violando así los términos de la licencia de funcionamiento. El 20 de agosto, la corte concedió una suspensión provisional al consejo local, ordenando el desalojo de los solicitantes de asilo, dando hasta el 12 de septiembre como plazo para evacuar a los migrantes.
Acuerdo para levantar bloqueos
El Ministerio del Interior y los propietarios del hotel solicitaron a una Corte de Apelación revocar la suspensión. El gobierno argumentó que permitir el desalojo como consecuencia de las manifestaciones alentaría el desorden y tendría un serio impacto en la capacidad del Reino Unido para alojar a los migrantes. También que la resolución interfería con el interés público nacional consistente en asegurar alojamiento a la población vulnerable, pues creaba incentivos para que otros consejos acudieran a las cortes buscando resoluciones similares. El viernes pasado, los integrantes de la Corte de Apelación decidieron revocar la resolución inicial, al considerarla insuficiente pues había ignorado que la consecuencia lógica del cierre de un sitio precisaba identificar otro sitio dentro del sistema nacional. Las reacciones al fallo fueron inmediatas. Esa misma tarde hubo una manifestación contra la revocación afuera del hotel Bell en la que tres personas fueron arrestadas. Mientras que el gobierno laborista recibió la sentencia con alivio, la líder de los conservadores, Kemi Badenoch, señaló que la resolución puso los derechos de los migrantes por encima de los del pueblo británico. Será a mediados de octubre cuando la corte resuelva el fondo del asunto. Mientras tanto, el hotel Bell seguirá siendo motivo de controversia.
