Si se afirma, como lo hace el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, que “el pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”, entonces basta que el gobierno decida qué impuestos cobrar (pocos o muchos), a qué tasa (baja o elevada), y a quiénes (a algunos o a todos), para que el cobro, cualquiera que sea, se justifique.
El cobro de impuestos sí es un tema de derechos humanos, en concreto de derechos naturales, que nos corresponden por ser personas: a la propiedad privada y a la libertad individual, dos caras de la misma moneda. La condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual es la propiedad privada, porque la libertad siempre se ejerce sobre alguna propiedad. Los impuestos violan ambos derechos. Y, sin embargo, se cobran.
Hay quienes afirman que los impuestos son un robo. Tienen razón. Robar implica, entre otras posibilidades, obligar a alguien, bajo amenaza, a entregar algo que es suyo. Y eso, precisamente, es lo que hace el gobierno al cobrar impuestos: obligar al contribuyente, bajo amenaza, a entregar algo que es suyo, una parte de su ingreso, una parte del producto de su trabajo.
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Hay quienes afirman que, si un ladrón obliga a alguien, amenazándolo, a entregarle algo que es suyo, por tratarse de un ladrón, sí se trata de un robo, pero que, si un gobierno obliga a los contribuyentes, amenazándolos, a entregarle algo que es de ellos, por tratarse del gobierno, no se trata de un robo, lo cual implica calificar una conducta por la identidad del agente (si lo hace un ladrón es malo, si lo hace el gobierno es bueno), lo cual es un error. Las conductas deben calificarse por la naturaleza de la acción, no por la identidad del agente.
Hay quienes afirman que, dado que la conducta del ladrón no está autorizada por la ley, sí se trata de un robo, de la violación del derecho de propiedad privada, de una injusticia, pero que, dado que la conducta del recaudador sí está autorizada por una ley (en México cada impuesto tiene su ley), no se trata de una injusticia, de la violación del derecho de propiedad privada, de un robo. El cobro de impuestos, si hay una ley de por medio, es legal, conforme a la ley, pero no justo, conforme al respeto al derecho de propiedad privada.
Armemos el silogismo. Premisa mayor: robar es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Premisa menor: cobrar impuestos es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Conclusión: cobrar impuestos es robar, conclusión que algunos podrán rechazar argumentando que, dado que el gobierno te da algo a cambio de los impuestos, no se trata de un robo, tema que trataré en la última entrega.
Llegados a este punto recuerdo lo que alguien me dijo cuando estábamos dialogando sobre el tema: “Los impuestos son el precio que hay que pagar por vivir en sociedad”, lo cual no es cierto. El precio que hay que pagar por vivir en sociedad, sobre todo si por ello entendemos convivir civilizadamente, es respetar los derechos de lo demás, lo cual, antes que por obligación legal (heteronomía), debe hacerse por convicción ética (autonomía).
Si cobrar impuestos es robar, ¿hay manera de justificar ese robo? Los anarcocapitalistas afirman que no. ¿Conclusión? El gobierno debe desaparecer.
Continuará.
