El 15 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva reforma al juicio de amparo. La iniciativa plantea cambios a la Ley de Amparo, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y al Código Fiscal de la Federación. Su justificación oficial es clara: agilizar los procesos y evitar que el amparo se convierta en un refugio para quienes buscan evadir la justicia.
El planteamiento incluye: acotar la figura del interés legítimo, restringir suspensiones, incorporar expedientes electrónicos, imponer plazos más cortos y modificar la forma en que se amplían las demandas. También introduce disposiciones sensibles, como nuevas reglas para el bloqueo de cuentas, la recaudación fiscal y las medidas privativas de libertad, además de liberar a las instituciones públicas de la obligación de garantizar recursos cuando obtienen suspensiones.
Una de las novedades es que las sentencias deberán resolverse en un máximo de 60 días y notificarse en cinco, lo que obligaría a jueces y autoridades a acelerar procesos. Sin embargo, el cambio más controversial es la redefinición del interés legítimo: exigiría acreditar un daño diferenciado y un beneficio directo, lo que podría complicar los amparos en defensa de derechos colectivos, medioambientales o de interés difuso.
Góbers felices en el sorteo
Como era de esperarse, las reacciones se han polarizado. Para la oposición, encabezada en el Senado por Ricardo Anaya, la reforma erosiona una de las principales herramientas ciudadanas de control constitucional y consolida un sesgo autoritario. El exministro Javier Laynez coincidió en que la iniciativa parece más orientada a blindar a las autoridades que a proteger a los gobernados. Académicos y organizaciones civiles cuestionan además que se pretenda discutir sin un verdadero parlamento abierto, lo que limitaría la legitimidad del proceso y cerraría espacios de deliberación.
En el otro extremo, el exministro Arturo Zaldívar ha defendido la iniciativa al considerarla un paso hacia la modernización de la justicia. Argumenta que el nuevo marco evitaría abusos de quienes, con poder económico, han utilizado el amparo para frenar proyectos estratégicos. La consejera jurídica Ernestina Godoy y el abogado Carlos Enrique Odriozola sostienen que no se elimina el amparo, sino que se redefine para fortalecer el interés jurídico.
Lo inmediato será la discusión parlamentaria. Aunque Adán Augusto López, presidente de la Jucopo, descartó abrir un proceso amplio de deliberación, el senador Javier Corral aseguró que sí habrá espacios de debate. La oposición busca evitar un trámite exprés y especialistas anticipan una negociación intensa.
El dilema de fondo, sin embargo, trasciende lo legislativo. En un país donde el poder suele tentarse a sí mismo, el amparo ha sido la última alternativa para los particulares. También es cierto que esta herramienta siempre ha favorecido más a quienes cuentan con recursos para litigar. Reformarlo puede significar modernizarlo, pero también reducir su fuerza frente al Estado. El Congreso y el devenir de esta discusión tendrán la última palabra. Y quizá ahí descubramos si este Gobierno quiere jueces más rápidos o ciudadanos menos protegidos.
