Primera parte.
El notariado es una institución muy importante porque garantiza, en la mayoría de los casos, seguridad jurídica en las transacciones que ante ellos se realizan, principalmente en la transmisión de bienes inmuebles, testamentos y constitución de sociedades, en un país donde cada día es más difícil garantizarla.
Sin embargo, como toda institución con tantos años de existencia, requiere adecuarse a los nuevos tiempos y mejorar la forma de acceso a la función notarial.

Acuerdo para levantar bloqueos
En los años recientes se han presentado algunas propuestas de reforma notarial que no han prosperado, entre las más importantes tenemos las siguientes: La presentada en enero del 2022 por la senadora y notaria Olga Sánchez Cordero, la cual contenía la reforma del artículo 121 constitucional para que la actuación notarial fuera del orden federal, regulada por el Gobierno federal y no por los gobiernos estatales, en los cuales los gobernadores abusan de sus facultades para nombrar notarías con escasa preparación notarial, así como fijar una edad de retiro obligatoria, y la presentación de exámenes cada cierto tiempo para mantenerse actualizados. Dicha reforma no fue aprobada por el Congreso y se mandó a la congeladora, era una reforma interesante y progresista.
En días recientes se han presentado dos propuestas de reformas al notariado; la primera fue presentada por la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, que plantea una modificación constitucional para que el notariado se federalice, lo cual me parece correcto, para que de esta forma los gobernadores dejen se tener la facultad de nombrar a los notarios, pero no establece los mecanismos para poder acceder al notariado.
La propuesta de la senadora Ruvalcaba me parece que falla al establecer un acceso universal para ser notario en virtud de perder profesionalismo, también establece que la prestación de ciertos servicios notariales sea gratuita y otros, de bajo costo, ahí es donde la propuesta pierde seriedad. Parece que sólo se dirige a un público sin atender el problema de la seguridad jurídica que debe de brindar el notario, sobre todo, con las reformas a las disposiciones contra el lavado de dinero por las cuales el notario tiene un cúmulo de obligaciones que hacen encarecer sus servicios. Parece que la iniciativa no conoce todo lo que hace un notario.
La segunda fue presentada por el diputado de la Ciudad de México Rosario Morales, con una propuesta de reforma a la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en la que propone que se incluya en la ley actual que el notario tiene la obligación de brindar a los usuarios información clara, comprensible y accesible, sobre el alcance, efectos y consecuencias jurídicas de los actos que otorguen.
La propuesta del diputado Morales me parece intranscendente y lo que propone ya se tiene contenido en el artículo 16 de la Ley del Notariado actual, que señala los derechos de los prestatarios, entre ellos, ser atendidos personalmente y con profesionalismo, asimismo, el artículo 44 establece que el notario tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acudan.
Por todo lo anterior, podemos observar que las reformas propuestas no atienden los problemas de fondo del notariado, para ello se requiere una reforma integral, que modernice al notariado, que haga transparente el acceso al mismo, que sea uniforme en todo el país la función notarial. Para ello, propongo los puntos siguientes que debe contener la reforma.

