Yluego se escandalizan de que las compras de medicamentos salgan torcidas, deficientes y de paso más caras de lo prudente. Si en abril fue todo un alboroto la cancelación de la licitación pública internacional No. LA-012-NEF-012NEF001-I-1-2025 por sobreprecios aplicados por el entonces director de Birmex, Iván El Tovarich Olmos, las cosas no cambian en la administración de Carlos Ulloa, como lo muestran las partidas del concurso con invitación a cuando menos 3 personas No. IA-12-NEF-012NEF001-I-30-2025… como resulta la insistente compra de pañales al proveedor más caro pese a las objeciones de la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro.
El fallo del concurso, emitido el 2 de junio, fue parcialmente anulado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que —tras resolver 16 inconformidades fundadas de otros tiradores— ordenó a Birmex emitir un nuevo fallo en un plazo de seis días hábiles.
Pero resultó que ese plazo venció el 17 de septiembre, y hoy, 29 de septiembre, Birmex se ha hecho guaje. No ha emitido el nuevo fallo. O sea que no ha cumplido la resolución en firme… enviando por un tubo lo dispuesto por los auditores de Buenrostro y con ello beneficiando a empresas que siguen suministrando en calma chicha una serie de productos pese a que sus contratos están anulados por ley.
Una de las firmas ganonas del tortuguismo de Birmex es Ortopedia Ana, propiedad de Elías Dagher que ofertó el precio más alto para la subpartida 443 (Clave 060.681.0067), para surtir 94.2 millones de pañales predoblados desechables para adultos a 6.99 pesos pieza: el bonito sobreprecio le dejaría un beneficio extra de 19.7 millones de pesitos. Pero aquí no acaba el asunto: como consecuencia directa de la sospechosa inacción de Birmex, Ortopedia Ana promovió un juicio de amparo ante el Juzgado VI de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo titular, Francisco Javier Rebolledo Peña, ha ocupado ese cargo por más de quince años. Vaya, vaya. Y dicho juzgado concedió una suspensión judicial que, en los hechos, neutralizó por completo los efectos de la resolución con que la Secretaría Anticorrupción anuló la adjudicación de la empresa del sobreprecio. Ello, en consecuencia, impide se ejecute la reposición ordenada y que se evalúe conforme a derecho la propuesta de los demás participantes técnicamente solventes y cuyas ofertas fueron deshechas sin explicación. Lo alarmante es que la suspensión contraviene criterios jurisprudenciales vigentes, que prohíbe el otorgamiento de suspensiones contra la ejecución de contratos públicos cuando ello implique la afectación del interés social.
El resultado: Ortopedia Ana sigue facturando y recibiendo dinero público por pañales encarecidos… pese a que está vigente una resolución válida que ordenó revisar su propuesta y posiblemente adjudicar a otra empresa en mejores condiciones para el estado. ¿Y los paganos? Todos los ciudadanos, y de paso los derechohabientes del sistema público de salud.
AFAC, no hay lana para nómina… ¿y dónde más? Es la tercera vez en este año que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), del general Miguel Enrique Vallín, no paga a tiempo la nómina de su reducido (y sufrido) personal. Nos reportan que en un correo la dirección de administración y finanzas del organismo, el viernes pasado comunicó a los empleados que “da seguimiento a las gestiones que reciban a la brevedad sus percepciones económicas correspondientes a la segunda quincena del mes de septiembre”.
La encargada de los dineros, Martha León García, apunta con tono lastimoso que “rogamos su comprensión y entendemos los probables contratiempos (como no comprar la despensa para la familia) que enfrentan los compromisos contraídos de todas y todos los que formamos parte de la plantilla de personal de la AFAC”.
De aquí se desprende varias y tremendas conjeturas y certezas: 1) si en estos momentos la FAA, de Bryan Bedford, y el Departamento de Transporte, de Sean Duffy, hicieran una auditoría a la autoridad aeronáutica mexicana, de un golpe reducirían de Uno a Dos la categoría de la aviación nacional, pues la AFAC no tiene para pagar su nómina.
Y 2) el Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el llamado “Capítulo Sagrado”, el de las nóminas, inamovible aún en casos de terremoto, estaría trasteado como si viajara en Metro. Lo grave es que no sólo se trata de la AFAC, sino en diversas áreas en las que las quincenas no se pagan puntualmente. Y no se diga del personal eventual y honorarios.
Si resulta que se mancilla al “Capítulo Sagrado”, ministrado por la SHCP existe una clara alerta para las escuálidas finanzas públicas.
Le conceden razón. El viernes pasado una autoridad fiscal señaló que el pleito del SAT contra el empresario Ricardo Salinas Pliego inició porque en las empresas de Grupo Salinas ocuparon el régimen de consolidación fiscal de sus empresas entre 2008, 2010, 2011 y 2012, o sea previo a mayo de 2014 cuando fue eliminado en el gobierno de Enrique Peña (nota publicada en medios).
Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue vigente y no ha sido sustituida, el artículo 14 prohíbe expresamente hacer retroactiva ley alguna en contra de las personas para así garantizar su libertad y propiedad.