Los vapeadores están prohibidos en México. Hace unos días, el Gobierno federal informó que en la Ley General de Salud se incluirán “especificaciones” y sanciones para quienes introduzcan o comercialicen vapeadores ilegalmente.
Esto está en el marco de la nueva ley que prohíbe cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares en México. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de enero de 2025 y entró en vigor al día siguiente, el 18 de enero de 2025. También se reforzaron disposiciones en la Ley General para el Control del Tabaco y la Ley General de Salud.
Lo cierto es que, en las especificaciones y sanciones en esta nueva ley, se podrían generar sanciones que criminalicen a los consumidores. Y aunque no se ha hecho oficial, en varios de los borradores hechos para estas leyes secundarias estarían sanciones no sólo para los traficantes y comercializadores de estos productos, sino para los portadores. Dichas penas podrían ir desde multas de hasta ciento ochenta mil pesos e incluso podrían ser enviados a prisión.
Esto es totalmente contradictorio con lo que se estipuló hace unos años, en que los consumidores de marihuana pueden portar una dosis para consumo personal sin ser detenidos. Esto se hizo de esta manera para no detener y criminalizarlos. Hace años se prestaba mucho incluso a que los usuarios pagaran sobornos para no ir a la cárcel. Además, era ilógico tener a los consumidores de marihuana en la cárcel. Ahora imagínese lo que sería penalizar la utilización de vapeadores. Una insensatez total.
Por lo pronto, habrá sanciones para empresas o vendedores que no respeten la prohibición constitucional vigente. Pero hay otro tema, y es que mientras los dispositivos para fumar que cumplen con las normas sanitarias y todos los controles de calidad, ahora en México el mercado de los vapeadores lo controla el crimen organizado, que, por supuesto, no controla la calidad de las substancias que les introducen, ni las pilas. Todos estos vapeadores que ve usted en la calle, no hay certeza ni de qué están hechos.
Y hay que ver qué dicen estas leyes complementarias sobre los vapeadores, para que no sea un sinsentido. Por lo pronto, la ley equipara al fentanilo y a los vapeadores en el mismo nivel.
Y es que, en México, quien compre, venda o utilice un cigarro electrónico o vapeador podría ser condenado igual que un narcotraficante que trafica con fentanilo.
Desde el año pasado, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se adicionó un párrafo quinto al artículo 4 y un párrafo segundo al artículo 5 de la Constitución en materia de salud.
MÁS RIGOR
“Se sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de substancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”, dice.
Las sanciones estipuladas en la ley incluyen multas de hasta 180 mil pesos y cárcel.
Mientras el Gobierno argumentó que se trataba de un esfuerzo por proteger a la población de los riesgos asociados con el uso de estos dispositivos, cuando se aprobó la ley, expertos advirtieron que esta prohibición podría abrir la puerta a un creciente negocio controlado por el crimen organizado, y no se equivocaron; hoy son los grupos criminales los que venden estos productos en nuestro país.
Hay una diferencia enorme entre una empresa especializada en la fabricación de estos productos, que deben pasar controles de calidad muy estrictos, que verifican desde las pilas hasta el tabaco que se utiliza, mientras que en el mercado negro el consumidor no sabe ni qué está metiendo a su cuerpo.
Y es que estos productos no se han dejado de vender tras la prohibición. Hoy, los productos que se venden son piratas y en cualquier lado se encuentran, pero esos vapeadores y cigarros que encuentran los consumidores en México los distribuye el crimen organizado y no se tiene control alguno de las sustancias que tienen. Es más, ni siquiera la calidad de la pila, lo que puede ser muy riesgoso, porque pueden explotar.
Pero además de que a raíz de esta ley se le regaló al crimen organizado un negocio millonario, hoy esos distribuidores están generando mucha violencia. Se estima que, en el mercado negro, la venta de vapeadores ronda los cuarenta mil millones de pesos, y es que con las leyes prohibicionistas, los empresarios legales, quienes están sobre todo en otros países sometidos a estrictas verificaciones de control, quedaron fuera y hoy a esos productos les pueden meter droga o aceites, que son los que mayor daño les hacen a los pulmones, o incluso fentanilo, y como no están regulados, la gente que los consume no sabe ni siquiera qué le están dando.
Y es que, sin control de los vapeadores, lo que sucede es que el crimen organizado los puede rellenar con cualquier substancia que quiera.
Todo este tema inició durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien firmó un decreto oficial por el cual quedó prohibida la circulación y comercialización de vapeadores o cigarros electrónicos.
Por supuesto que es una realidad que los vapeadores son dañinos para la salud, contengan o no nicotina; lo que hacen es que cada vez que se utilizan, llega vapor a los pulmones.
Sabemos, según investigaciones de expertos, que es mucho más dañino el uso de vapeadores que el del cigarro normal, y que los pulmones con este vapor pueden colapsarse. Pero lo cierto es que es mejor tener un producto supervisado que uno que lo maneje el crimen organizado.
Ahora hay que tener mucho cuidado para que no se vayan a criminalizar a quienes utilizan vapeadores.
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Recordemos la ley seca en Estados Unidos, en 1920, que duró poco más de una década. ¿La gente dejó de tomar? Por supuesto que no, pero se conseguía el alcohol de forma ilegal.
En 1917, el Congreso de ese país aprobó la Enmienda XVIII, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio estadounidense. Dos años después, la enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados de la Unión, siendo susceptible de imponerse como ley federal.
Esto provocó que el negocio quedara en manos de las mafias en los llamados “años de la prohibición”. La ley seca duró más de una década.
La Cosa Nostra ganó notoriedad en Estados Unidos, al ganar territorios y volverse una fuerza del crimen organizado en Chicago y Nueva York.
Alphonse Capone, conocido como Al Capone, tuvo su marco de acción en Chicago, y generó un imperio criminal del que sacaba anualmente alrededor de 60 millones de dólares. Además, no solamente tenía poder económico, sino que tenía poder de acción gracias a las amplísimas redes clientelares.