Ayer se cumplió el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum como Presidenta de la República, para lo cual vale la pena hacer un corte de caja.
Al momento, su administración puede segmentarse en tres grandes vertientes: la relación con su homólogo estadounidense; la continuidad de políticas bajo el autodefinido discurso del “segundo piso de la cuarta transformación”; y el deslinde respecto a su antecesor en ciertos temas para imprimir un sello propio.
No cabe duda de que Claudia Sheinbaum no pidió tener que lidiar con una segunda versión de la administración Trump, que —para infortunio suyo— ha resultado mucho más áspera, radical y compleja que la primera. Ante ello, a lo largo de este año, la Presidenta ha tenido que reaccionar lo mejor posible a los caprichos de su homólogo, particularmente en términos económicos y comerciales, en donde entre una estira y afloja, más o menos ha podido lidiar y ha llegado a algunos acuerdos para contrarrestar o evitar la imposición de aranceles.
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Sin embargo, esta incómoda relación definitivamente ha marcado la pauta en sus decisiones de política interna en materia de seguridad, en donde a raíz del combate frontal de la administración Trump en contra de los cárteles mexicanos, Claudia —de la mano de su secretario de Seguridad Pública— ha pintado una línea —o se ha visto obligada a hacerlo— cada vez más visible respecto a la insostenible e ineficiente política previa de “abrazos y no balazos”. Esto ha derivado en una estrategia un poco más firme —aunque aún insuficiente— para combatir el tráfico de fentanilo y en el envío de más de medio centenar de integrantes del crimen organizado a Estados Unidos.
Por otro lado, Sheinbaum optó por la continuidad respecto a su antecesor en el espíritu reformador —no en un sentido siempre positivo—, cuyo pináculo hasta el momento, es la materialización del desmantelamiento del Poder Judicial, a través de la elección de nuevas y nuevos ministros, magistrados y jueces, con lo que se puso fin a un todavía muy joven periodo de división entre poderes del Estado en nuestro país. A ello habrá que sumar la reforma electoral ya en marcha que, sin duda, será una de las principales directrices del oficialismo durante este segundo año de gobierno que recién comienza.
En cuanto al combate a la corrupción, aún no queda suficientemente clara la bandera con la que navegará por el resto de su administración. La detención del exsecretario de seguridad de Tabasco, la red de huachicol fiscal evidenciada hace apenas unas semanas, las declaraciones del secretario de Marina respecto a la participación de integrantes de su institución en dicha red y las apariciones cada vez más frecuentes en medios del exsecretario de Gobernación para dar algún tipo de explicación, dan la impresión de que —en esta ocasión— se barrerá un poco más profusamente de arriba para abajo. El tiempo dirá qué tantos callos realmente quieren pisar.
Un primer año complejo, de algunos claroscuros y otros tantos sinsabores.
