Segunda parte
Después de las propuestas de reformas notariales comentadas anteriormente, y ante el entorno de inseguridad jurídica en el que vivimos, considero indispensable una reforma integral del sistema notarial. El objetivo debe ser corregir diversas deficiencias y homologar la profesionalización del servicio notarial a nivel nacional. Para ello, deben tomarse en cuenta los siguientes puntos:
Primero. Federalización del notariado. Es necesaria una reforma constitucional que federalice el notariado, derogue todas las leyes locales y lo regule a través de una sola ley nacional; con ello se eliminaría el poder de los gobernadores en el otorgamiento de patentes y se profesionalizaría el servicio en todo el país. Actualmente, sólo algunos estados —Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México— cuentan con sistemas de acceso serios y profesionales, donde la obtención de la patente depende de aprobar exámenes rigurosos, y no de pagos de favores políticos, premios partidistas o compraventa de patentes.
Acuerdo para levantar bloqueos
Segundo. Autoridad reguladora y supervisión estricta. La institución encargada de controlar el notariado, ya sea la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Economía, debe regular y supervisar de manera profunda y rigurosa la actividad notarial. Dado que se trata de una función que involucra importantes intereses económicos, es indispensable que brinde la máxima seguridad jurídica y que, en caso de conflictos, se proceda judicialmente y con responsabilidades serias.
Tercero. Acceso transparente y exámenes objetivos. El ingreso al notariado debe estar mejor regulado. Los exámenes deben evitar la subjetividad y fomentar la transparencia. En el sistema actual (en los estados donde existen exámenes de oposición) persisten problemas de parcialidad y poca claridad, entre ellos: (a) el sinodal goza de amplia discrecionalidad para formular preguntas sobre la materia y nivel de dificultad, lo que genera él pueda preguntar de forma desigual entre sustentantes; (b) los temas de los exámenes prácticos carecen de soluciones predeterminadas por los propios autores, lo que permite respuestas subjetivas y ajustadas a intereses particulares; (c) existe un posible conflicto de interés con los sinodales notarios y los sustentantes familiares de notarios miembros del mismo colegio. Para evitar el conflicto de intereses, el jurado en dichos casos debería integrarse con profesores de universidades prestigiosas, ajenos al colegio de notarios.
Como referencia, puede tomarse el modelo español, en el cual los exámenes constan de varias etapas: en una primera fase, el sustentante expone oralmente un tema elegido al azar de un temario; en una etapa posterior, realiza una prueba práctica redactando una escritura sobre un caso real que requiere un análisis profundo y una solución jurídica, todo de forma objetiva y sólo tras aprobar todas las etapas se obtiene la patente de notario.
Cuarto. Honorarios notariales. Otro aspecto relevante, objeto de debate constante, son los honorarios. Sobre ellos existen mitos y realidades, pero es claro que deben reorganizarse para ofrecer costos accesibles en los trámites más comunes —como testamentos, poderes y aceptaciones de herencia— que realiza la mayoría de la población. Para ello, sería necesario realizar un estudio económico profundo que permita fijar tarifas adecuadas.
Ante una posible reforma debe evitarse convertir al notario en un funcionario público más, o la creación de un notario del bienestar cuyo servicio fuera gratuito, pero ineficiente e inseguro, pues ello significaría un golpe severo a la ya frágil seguridad jurídica.
