En los próximos días será presentada ante el Poder Judicial de la Federación, una demanda de acción colectiva en contra de la empresa Philips México Commercial, S.A. de C.V., por la distribución, comercialización y omisión en el retiro de más de 3 mil 500 ventiladores, y dispositivos respiratorios defectuosos, muchos de los cuales, continúan operando en hospitales públicos y privados del país, pese a que desde 2021 fueron objeto de alertas de seguridad internacional por la FDA de EU.
El litigio, que será promovido ante el Poder Judicial de la Federación, busca que se reconozca la responsabilidad de la compañía por la comercialización y mantenimiento en operación de equipos que, desde 2021, fueron objeto de alertas internacionales por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) debido a fallas que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes.
El caso tiene amplias implicaciones económicas y reputacionales para la multinacional neerlandesa, que mantiene una posición estratégica en el mercado mexicano de tecnología médica, valuado en alrededor de 19 mil millones de dólares (mdd) anuales. La acción colectiva será promovida en representación de pacientes, familiares y personas usuarias afectadas por el uso de diversos dispositivos sujetos a retiro de parte de la FDA (entre ellos, los modelos E30, V60, V680, Trilogy 100, Trilogy 200, Trilogy Evo y EV300). De confirmarse los incumplimientos en el retiro de los dispositivos defectuosos y la falta de respuesta, Philips, podría enfrentar sanciones financieras significativas, así como una pérdida de confianza entre instituciones hospitalarias, inversionistas y autoridades sanitarias.
Se aplican al Plan Michoacán
Los antecedentes del caso se remontan a la emergencia sanitaria por Covid-19, cuando Philips colocó en el Sistema de Salud mexicano más de 5 mil ventiladores modelo E30 mediante donaciones y adquisiciones públicas. Posteriormente, la FDA identificó defectos en la espuma utilizada para el aislamiento acústico, capaz de liberar partículas tóxicas o gases dañinos, además de fallas en los sistemas de calibración que podían alterar los niveles de oxigenación e incluso provocar apagados inesperados. Aunque en otros países la empresa inició amplios programas de retiro, reparación y compensación, en México su actuación ha sido limitada, vergonzosa, irresponsable.
¿De quién es la irresponsabilidad?.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió en abril de 2024, denuncias sobre la permanencia de miles de ventiladores peligrosos instalados en hospitales públicos y privados del país, los equipos continuaban sin ser retirados, pese a los riesgos que representan para los pacientes. Mientras Philips y su anterior distribuidor se culpan entre sí por no haber cumplido con el retiro de los dispositivos defectuosos, la Cofepris —informada desde 2021 de las fallas y del peligro sanitario— ha permanecido inactiva, permitiendo que el problema se agrave y se mantenga como una amenaza para la seguridad de usuarios y del sistema hospitalario nacional.
En enero de 2025, el Poder Judicial de la Ciudad de México condenó a Philips, por incumplimiento de un convenio de mediación civil mercantil relacionado con el retiro de los equipos defectuosos, marcando el primer fallo judicial adverso en el país. La nueva acción colectiva, que agrupará a pacientes, familiares y usuarios afectados, busca que se declare la responsabilidad civil de la empresa, se repare integralmente el daño y se adopten medidas precautorias para suspender la venta, distribución y uso de los dispositivos en cuestión. Se exigirá la emisión de una notificación pública sobre los riesgos a la salud que implica su utilización, para evitar que se sigan empleando en hospitales.
Para Philips, el riesgo no se limita al pago de compensaciones económicas: también enfrenta un desafío reputacional profundo que podría impactar su posición en licitaciones gubernamentales y contratos con instituciones de salud. Incluso porque la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), que ahora preside Carlos Escobar, sigue manteniendo a Phillips como miembro, y están enterados del tema y actuaron a discreción, una AMID débil, venida a menos, a la que sólo le gusta hablar de lo menos importante, pero de temas relevantes como éste, se incomodan, así siempre esta asociación que ahora que con cada relevo en su presidencia es más débil.
El caso adquiere relevancia adicional porque el tema es internacional, donde Philips, ha aceptado realizar compensaciones millonarias en otros países por el mismo tipo de dispositivos defectuosos. La diferencia de respuesta en el mercado mexicano plantea interrogantes sobre las prácticas corporativas en mercados emergentes, y la falta de mecanismos eficaces de vigilancia tecnológica, y cumplimiento. En temas legales graves ya está inmersa Philips, ahora va por unos más de gran magnitud. De consolidarse esta acción colectiva, podría establecer un precedente inédito en la región para la defensa de los derechos de los pacientes frente a corporaciones transnacionales.
El proceso también pondrá a prueba la capacidad del nuevo sistema judicial mexicano, para tramitar y resolver un litigio de alto perfil, con implicaciones sanitarias, económicas y sociales. Y servirá como punto de referencia para inversionistas, competidores y autoridades, respecto al costo financiero y reputacional de incumplir con estándares internacionales de seguridad y responsabilidad. La demanda no sólo busca compensar a las víctimas, sino también reforzar la protección del derecho a la salud, exigir transparencia corporativa y sentar un precedente que eleve las prácticas de cumplimiento en todo el ecosistema de dispositivos médicos. Si el proceso prospera, México podría convertirse en un referente latinoamericano en la defensa colectiva de pacientes y en la exigencia de estándares globales de seguridad y ética empresarial en el sector de tecnología médica. El llamado también, es a adherirse en esta demanda del que el pronóstico es no saldrá bien Philips México.
