El embate contra las comunidades hispanas en Estados Unidos avanza por medio de dos grandes presiones: la del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la de la Fiscalía General de Estados Unidos, que extiende cada vez más la acusación de narcoterrorismo contra cárteles de la droga latinoamericanos como el de Sinaloa, el Tren de Aragua o el de Los Soles.
Dos funcionarias del gobierno de Donald Trump, Kristi Noem y Pamela Bondi, lideran esas políticas que convergen en el alza del racismo antilatino en Estados Unidos. De un lado, las redadas del ICE aterrorizan a millones de personas indocumentadas y sus familias. Del otro, los cargos de narcoterrorismo contra operadores de los cárteles, aunque muchas veces dirigidos contra ciudadanos estadounidenses, refuerzan el estereotipo que identifica a los migrantes con el tráfico y el consumo de drogas.
Los operativos, las detenciones y las cárceles del ICE se han convertido en pesadillas para las comunidades en las grandes ciudades en Estados Unidos. Una nueva organización que tiene por base la ciudad de Los Ángeles, We The People Are Rising, ha estado documentando todas las violaciones de derechos civiles básicos contra migrantes, indocumentados o no, por parte de los agentes de seguridad y aduanas.
Ataque en Coahuayana
David Huerta, un líder comunitario angelino, que ha reportado atropellos de derechos en redadas recientes, fue él mismo detenido y golpeado en días pasados por agentes federales. La organización We The People Are Rising comienza a insistir en que las acciones de ICE están siendo protegidas por diversas ramas de la administración federal, que censuran la difusión de los abusos y reprimen manifestaciones antirracistas.
Paralelamente, unos 34 líderes del Cártel de Sinaloa y, específicamente, del clan de los Beltrán Leyva, han sido acusados de terroristas. La guerra contra el narco-terror, como nueva fase de la estrategia regional de Estados Unidos, se refuerza en Sinaloa y otros sitios de la frontera con México, pero no abandona el Caribe, donde desde hace meses tiene lugar una peligrosa tensión militar con Venezuela.
Las protestas contra las redadas del ICE en Portland y Chicago han desembocado en choques con agentes de seguridad, lo que ha llevado a la administración de Donald Trump a ordenar el envío de la Guardia Nacional. La decisión ha sido resistida por autoridades locales, a lo que Washington ha respondido con la amenaza de declarar el estado de insurrección en esas ciudades, con lo cual podría desplegarse el ejército para reducir las protestas.
Estas dos caras del terror se proyectan, sobre todo, contra la población hispana, pero el retroceso de las libertades públicas en Estados Unidos se percibe a todos los niveles. Los ataques del gobierno contra los medios de comunicación y el aumento de la censura se ciernen sobre una sociedad que comienza a ver obstruidas sus vías de trasmisión del malestar contra el ascenso del racismo y la intolerancia.
