El Senado de la República ratificó a los cinco integrantes del primer Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el organismo que asumirá la mayoría de las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con encargos escalonados de tres a siete años para garantizar continuidad regulatoria y estabilidad en la toma de decisiones.
Los nuevos comisionados tendrán la responsabilidad de supervisar y regular aspectos estratégicos del sector, incluyendo el espectro radioeléctrico, las comunicaciones satelitales, los servicios espaciales y la sostenibilidad orbital, así como la gestión de concesiones, autorizaciones y sanciones en el ámbito de telecomunicaciones. Esta reorganización se da en una creciente digitalización y competencia tecnológica, donde la certidumbre jurídica y la transparencia regulatoria son elementos clave para la atracción de inversión y la consolidación de un mercado competitivo. La transición del IFT a la CRT plantea retos específicos en el marco del T-MEC, que establece compromisos vinculantes sobre competencia, acceso a mercados, neutralidad tecnológica y transparencia regulatoria. La implementación efectiva de estas obligaciones requiere un marco regulatorio estable y predecible; cualquier retraso en la resolución de trámites, concesiones o sanciones, así como la falta de experiencia operativa de la nueva comisión, podría generar incertidumbre jurídica y afectar la confianza de inversionistas extranjeros.
Además, la coordinación con socios comerciales, especialmente Estados Unidos y Canadá, es esencial para garantizar que las regulaciones nacionales cumplan con los estándares del tratado, evitando posibles cuestionamientos sobre el cumplimiento de México frente a sus socios comerciales. Antes de su extinción, el IFT enfrentaba pendientes clave que repercuten directamente en la transición hacia la CRT, incluyendo la resolución de más de mil trámites y expedientes sancionatorios abiertos, así como la necesidad de asegurar la continuidad operativa durante el proceso de entrega–recepción. Estos elementos son críticos para mantener la estabilidad del mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, un sector que representa miles de millones de pesos en inversión anual y que es fundamental para la conectividad y la competitividad del país. La experiencia de los nuevos comisionados, la definición de criterios regulatorios claros y la capacidad de la CRT para implementar procesos transparentes y eficientes serán determinantes para asegurar que la transición no afecte la inversión ni la confianza del mercado.
El desvisadero, nuevo capítulo
La gestión de la CRT en sus primeros años tendrá un impacto directo sobre la percepción internacional de México como un destino confiable para inversión extranjera en telecomunicaciones, así como sobre la capacidad del país para cumplir con los compromisos del T-MEC en materia de competencia, transparencia y acceso equitativo a servicios digitales, pero implica riesgos operativos y regulatorios que podrían afectar la implementación de compromisos internacionales clave. Para consolidar la confianza de inversionistas y cumplir con los estándares del T-MEC, la CRT deberá atender de manera prioritaria los pendientes heredados del IFT, que incluyen la resolución de más de mil trámites y concesiones en proceso, los expedientes sancionatorios abiertos y la garantía de continuidad operativa durante la entrega–recepción, asegurando procesos claros, eficientes y transparentes que protejan la estabilidad, competitividad y crecimiento del sector en los próximos años.
Un análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), la reciente aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un retroceso institucional y normativo para el sector, dejando atrás los avances en competencia, autonomía regulatoria y fortalecimiento institucional alcanzados con la Reforma de 2013. Aunque se eliminaron algunos artículos controversiales y se introdujeron ajustes como la obligación de realizar consultas públicas y la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la centralización del poder regulador en el Ejecutivo y la transformación de un órgano autónomo como el IFT en un ente desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones acotan su independencia técnica y colegiada, poniendo en riesgo principios de imparcialidad y contrapesos. The CIU destaca que la ley mantiene disposiciones que vulneran la protección de datos, como la obligación de los concesionarios de colaborar con autoridades en geolocalización y mantener registros detallados de comunicaciones, al tiempo que impone requisitos de identificación para la activación de líneas, sin establecer salvaguardas claras. Además, persisten limitaciones en el modelo de cobro por uso del espectro radioeléctrico y los incentivos a la inversión continúan siendo insuficientes, mientras que el principio de “neutralidad a la competencia” permite al Estado participar en igualdad de condiciones con operadores privados, generando posibles distorsiones en el mercado. Aunque la reforma busca responder a críticas su enfoque maquilla los problemas más evidentes sin abordar el fondo, dejando un regulador debilitado, normas ambiguas y escasos incentivos a la inversión y a la competencia, lo que podría traducirse en un estancamiento de largo plazo para el desarrollo digital del país.
