Las inundaciones que se presentaron en varios estados del país, afectando sobre todo a Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, han provocado, por lo menos, 76 muertos, 31 no localizadas y miles de damnificados.
Pasan los días y la situación se torna más compleja. Agua estancada en las viviendas y lodo que hace imposible, para muchos habitantes, volver a casa. Mucha gente ha perdido prácticamente todo y cuando pasan los días, después de las inundaciones, la tragedia se torna mucho más difícil para los afectados de las lluvias y los ríos desbordados.
Además de las pérdidas materiales, los damnificados también empiezan a enfrentar problemas de salud.
Y es que cuando el agua se estanca o se mezcla con aguas residuales, basura o cadáveres de animales, se convierte en un foco de infección que puede provocar enfermedades gastrointestinales, cutáneas, respiratorias y vectoriales transmitidas por mosquitos como el dengue.
Cuando, tras la inundación, no se eliminan los charcos o recipientes donde se acumula el agua, es un cultivo ideal para moscos que pueden transmitir enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Los efectos de estos contagios por piquetes de moscos pueden dar fiebre, dolor articular, sarpullido y, en casos graves, sangrado o complicaciones neurológicas.
Los afectados también pueden sufrir infecciones gastrointestinales o enfermedades de piel y tejidos.
Aquí es cuando el apoyo estatal y gubernamental es tan importante, es cuando más recursos se requieren para labores de limpieza y de reconstrucción.
Tras las inundaciones, siempre el Plan DNIII del Ejército mexicano ha sido el mayor apoyo para la gente, pero en las pasadas inundaciones, sobre todo en Veracruz, Puebla e Hidalgo, el apoyo oficial ha sido muy débil.
Para este tipo de situaciones era tan importante el Fonden, desaparecido el sexenio pasado. Hoy, tras esta última tragedia, vemos lo importante que era tener una distribución de recursos rápida y eficiente. Ahí llegaban los apoyos porque había medios, equipos, pertrechos almacenados.
Se desapareció el Fonden porque se dijo que era muy burocrático y costaba mucho, pero en realidad fue porque, una vez más, se quiso centralizar hasta la ayuda para que la diera directamente el gobierno federal y por eso ahora tarda en llegar.
Ahora que algunos estados han sido responsables de tener ciertos fondos para tragedias de este tipo, en otros, como Veracruz, han hecho todo lo contrario.
En el caso específico de Veracruz, tras la tragedia, se supo que el gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle, había cancelado un seguro importante para responder en casos de desastres naturales.
PLAN MARINA
El seguro para catástrofes sirve para cuando quedan destruidos caminos u otra infraestructura pública; la aseguradora paga una indemnización inmediata.
El que se tenía en Veracruz cubría daños a infraestructura pública: carreteras, escuelas, hospitales y puentes y compensaba pérdidas en el sector agropecuario: cultivos, ganado o pesquerías afectados por sequías, heladas y huracanes. En algunos casos, para reparar viviendas o servicios públicos dañados.
Tuvieron que pasar días para que la gobernadora Rocío Nahle reconociera que la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal (Sefiplan), no renovó el seguro catastrófico para desastres naturales desde la pasada administración, es decir, le echó la culpa al sexenio de Cuitláhuac García. Sin embargo, se dice que el seguro venció el pasado mes de junio.
Ése no es el tema, ella como gobernadora pudo haber revisado la vigencia del seguro para pagarlo, lo cierto es que ella misma, apenas el 7 de mayo pasado, Rocío Nahle, creó la aseguradora llamada Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), presuntamente de su propiedad y que atendería desastres naturales y seguros patrimoniales, la cual dependería de Sefiplan.
Cuando se emitió el decreto para su creación, Sefiplan ordenó que en 30 días se debían de emitir las reglas de operación, pero hasta ahora no se han hecho públicas ni se sabe si AVSI tiene solvencia financiera ni oficinas para operar en un estado que cada año sufre por el paso de huracanes o lluvias torrenciales.
Sí, canceló ese seguro para crear una aseguradora propia, con sus allegados.
Según dijo Nahle, el estado tiene un fideicomiso creado en 2019 y unas aseguradoras estatales para atender al 100 por ciento las afectaciones por esta desgracia. No es verdad, el dinero que había hace un par de años destinado a catástrofes naturales, quién sabe dónde quedó.
Hasta el año pasado, Veracruz era una de las tres entidades que más recursos destinaba para emergencias por desastres naturales. Contaba con el Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y otros Siniestros del Estado, que en total sumaba más de 99 millones de pesos. Además, el 21 de diciembre del año pasado, durante la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal, se incorporaron 175 millones de pesos.
Hay otros estados en donde tienen previsto que se podría dar una catástrofe natural, en estos estados donde pueden pegar ciclones, tormentas y huracanes.
Tal es el caso de Guerrero que, tras el impacto de Otis, donde no se esperaba una tragedia de esa magnitud, cuenta con dos fondos estatales para la atención de desastres por fenómenos naturales.
Preocupada por los guerrerenses, la gobernadora Evelyn Salgado ha destinado para uno de los fondos el 1 por ciento del presupuesto de los 88 municipios de la entidad, que se llama Fondo Solidario (Fonsol). El segundo es el fondo de reconstrucción, cuyo capital es variable. En él se depositan recursos y se retiran cuando se genera una situación de emergencia.
Además, existe el Fondo Estatal de Desastres Naturales del Estado de Guerrero. Teniendo el estado esos fondos, puede acceder de manera rápida y eficiente al dinero, sin intermediarios, para poder apoyar a la gente casi de manera inmediata.
Habitantes de Puebla están casi en la misma situación, no tienen seguro desde 2021, cuando se eliminó en la administración de Miguel Barbosa, y autoridades solamente destinaron recursos de emergencia, pero nada que pueda asistir a la población afectada en el largo plazo, como Huauchinango, quienes hoy también están bajo lodo y escombros.
Tras estas tragedias la ayuda no puede esperar, muchas veces el querer ahorrar puede salir muy caro, y es todavía más grave, como el caso de Veracruz que, con este supuesto ahorro, se buscaba un fin personal a costa de la población.
Bien por los gobernadores que crearon fondos importantes para poder apoyar a la población en casos de tragedias, muy mal para los que lucran con la gente.