Estados Unidos tiene en la mira a los cárteles de la droga colombianos y venezolanos, y con ellos, también a los presidentes de esos países.
Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos desplegó una importante fuerza naval en el mar Caribe.
Ha habido ataques navales y aéreos contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en aguas cerca de Venezuela y Colombia. Así fue el caso de una lancha que Estados Unidos afirmó que provenía de Venezuela, y el pasado 2 de septiembre fue atacada. Ahí murieron 11 personas.
Ocurrencia mediática
Y desde el pasado 15 de octubre se confirmó, por parte del gobierno de Estados Unidos, que la CIA está realizando operaciones encubiertas en Venezuela. Para la ley estadounidense, considerando que Maduro es líder del Cártel de los Soles, mismo que han catalogado como organización terrorista que afecta los intereses de su país, pueden entrar a Venezuela, aunque Maduro diga que se viola la soberanía nacional de su país.
Estados Unidos asegura que lo que buscan es combatir al narcotráfico y debilitar a las organizaciones que mandan droga a su país.
En todo este conflicto está metido Colombia, un país que durante años fue aliado de Estados Unidos en el combate al crimen organizado, y recibía recursos para enfrentar al narcotráfico. Parte de la seguridad de la presidencia en Colombia era proporcionada por Estados Unidos.
Maduro ha repetido una y otra vez que está listo para una invasión de Estados Unidos a Venezuela.
Ahora es Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien dice esperar la invasión.
El detonante fue un ataque naval estadounidense en el Caribe que, según el gobierno de Trump, tenía como objetivo una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, rumbo a Estados Unidos.
Era un submarino artesanal, evidentemente fabricado para transportar sustancias ilegales y estaba en altamar. Pero el presidente colombiano dice que se trataba de un submarino artesanal con pescadores colombianos, no narcotraficantes.
La información, desde Washington, asegura que los hombres en el submarino venían armados.
Según informes, era un artefacto que pertenecía al Cártel de los Soles, de Maduro.
Este conflicto lleva semanas y Petro acusa a Estados Unidos de matar a pescadores.
“¿Por qué les tiran misiles? Eso se llama asesinato”, dijo el presidente colombiano.
La pregunta es: ¿Qué hacen los pescadores en un submarino artesanal y con armas?
El presidente Donald Trump le respondió días después, y lo hizo con dureza. Desde la Casa Blanca, calificó a Gustavo Petro como “el peor presidente en la historia de Colombia” y un “lunático”.
“Colombia está fuera de control. Ya no vamos a ser parte de eso. Vamos a cortar todo el dinero que les damos. Nada tiene que ver con detener la producción de drogas. Los campos están llenos de coca y ellos refinan y exportan cocaína por todo el mundo, destruyendo familias. No más.
Colombia está fuera de control y tiene al peor presidente que ha tenido jamás”, sentenció Trump.
LA SOSPECHA
Con esas palabras, el mandatario estadounidense anunció el rompimiento total de la cooperación en seguridad e inteligencia con el gobierno colombiano. La decisión incluye la suspensión de asistencia económica, operaciones conjuntas antidrogas y programas de intercambio entre fuerzas armadas.
En esta ocasión Trump tiene razón, Petro ha trabajado con una estrategia muy benévola con los grupos criminales y del narcotráfico desde que tomó posesión.
Según el United Nations Office on Drugs and Crime, el área de cultivo de hoja de coca en Colombia alcanzó alrededor de 253 mil hectáreas en 2023, lo que representa un aumento respecto al año anterior. Esta cifra equivale a un aumento del área de cultivo de aproximadamente 10% entre 2022 y 2023.
En ese mismo informe, la producción potencial de cocaína en Colombia para 2023 subió un estimado a 53% respecto a 2022.
Estos números muestran un crecimiento significativo del cultivo ilícito y la producción potencial de cocaína bajo la administración de Petro.
El enfrentamiento entre Petro y Trump es mucho más que un cruce de declaraciones.
Por la falta de cooperación de Petro en contra de los grupos criminales, se ha roto una alianza estratégica que durante más de 20 años fue pilar de la política antidrogas en América Latina.
Desde el Plan Colombia, firmado en 1999, Bogotá había sido el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Pero el giro ideológico del gobierno de Petro, su acercamiento a Venezuela y Cuba, y su constante crítica a las operaciones militares estadounidenses han deteriorado esa relación.
Petro incluso cambió de política para erradicar los campos de siembra de droga, dejó de hacer fumigaciones aéreas y erradicaciones forzadas, y esto aumentó los cultivos.
Para Petro, las medidas de seguridad que ha implementado Estados Unidos son una “invasión encubierta” que viola la soberanía de América
Latina. En sus palabras: “Nos preparamos para una invasión de Estados Unidos. No permitiremos que un país extranjero asesine a colombianos en nuestra mar”.
Lo cierto es que el crimen organizado se fortalece en Colombia y Venezuela y están exportando más droga que nunca, porque, además, la tienen, ya que por las políticas públicas los grupos criminales se han fortalecido.
Por lo pronto, la Casa Blanca ordenó la suspensión de todo intercambio de inteligencia con las fuerzas de seguridad colombianas. También retiró personal estadounidense de unidades conjuntas en Bogotá y cerró temporalmente oficinas de enlace dedicadas a operaciones antinarcóticos.
Este rompimiento deja en el aire proyectos clave en materia de interdicción marítima, vigilancia satelital y apoyo logístico a la Policía Nacional y la Armada colombiana.
En círculos diplomáticos de Washington, la decisión fue interpretada como un mensaje directo a la región. Estados Unidos ya no considera a Petro un aliado confiable.
Gustavo Petro encara su último año de mandato con frentes de conflicto internos y externos. En lo doméstico, enfrenta una oposición fuerte, divisiones en su coalición y una creciente pérdida de popularidad. En lo externo, ha pasado de ser un interlocutor relevante en la región a un actor incómodo para la administración de Trump.
Para el gobierno de EU, esa franja marítima en el mar Caribe es la nueva autopista del narcotráfico; para Petro es territorio soberano latinoamericano, donde no debe haber injerencia extranjera.
Lo cierto es que, más allá del intercambio de palabras, la alianza histórica entre Colombia y Estados Unidos ha entrado en una fase de ruptura que redefine el equilibrio geopolítico del Caribe, todo por un presidente que tiene una desaprobación enorme en su país y que no quiere confrontarse con los grupos del narcotráfico.
Con el Caribe convertido en escenario de operaciones militares y acusaciones cruzadas de narcotráfico y soberanía, el riesgo de una escalada regional es real.
