El Departamento de Transporte de Estados Unidos cancelará 13 rutas de aerolíneas mexicanas en operación y nuevas rutas hacia su país. La nueva orden del gobierno estadounidense elimina todos los servicios combinados entre EU y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de México (AIFA).
El pasado martes, el secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, emitió una orden y afirmó que la medida se tomó en respuesta al “continuo abuso” del Acuerdo de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México signado hace una década.
Y es que tienen razón, el Gobierno de México ha violado sistemáticamente, desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, los acuerdos aéreos entre México y Estados Unidos. Con el fin de que se utilizara el aeropuerto Felipe Ángeles, en 2023, López Obrador emitió un decreto que obligaba a todos los vuelos de carga, nacionales e internacionales, a mudarse del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Y se les dio solamente tres meses para poderlo ejecutar, con todos los costos y complicaciones de logística que representan para las líneas aéreas, cuyos costos son transferidos a los usuarios. Las sanciones implican la cancelación de rutas desde el AIFA hacia ciudades como Houston, Los Ángeles, Miami, Chicago y otras más.
Para entender el fondo de esta decisión del gobierno de Estados Unidos, platiqué con Rosario Avilés, periodista y analista especializada en temas de aviación.
“Todo esto empieza en 2023. El entonces presidente López Obrador emitió un decreto para que las aerolíneas de carga dejaran el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se trasladaran al AIFA. El plazo fue de apenas 108 días, cuando las empresas pedían al menos un año”, explicó Avilés.
La decisión, tomada sin negociación, encendió alarmas en Estados Unidos:
“El Departamento del Transporte envió una carta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, advirtiendo que ese decreto violaba el convenio bilateral de 2015. Ese acuerdo garantiza que las aerolíneas de carga estadounidenses pueden volar desde cualquier punto de México hacia Estados Unidos sin restricciones que limiten la competencia”.
Pese al aviso del gobierno estadounidense en su momento, el Gobierno mexicano no rectificó. “A López Obrador no le importó el acuerdo. Quería quitarle presión al Benito Juárez y mandar tráfico al AIFA, aunque las cargueras sólo representaban el tres por ciento de las operaciones y volaban de noche. No había razón técnica para forzarlas a irse al AIFA”, dijo.
El conflicto se agravó con otra medida: la reducción de operaciones en el AICM. Primero se bajó de 61 a 52 vuelos por hora; después, a 43. “El argumento fue que las terminales de pasajeros estaban saturadas, pero no se ampliaron los edificios, ni se hicieron obras que justificaran el recorte. Desde el punto de vista técnico, las pistas del aeropuerto permiten 61 operaciones por hora; así lo establece la OACI. Entonces, no había sustento real”, señaló.
SANCIONES DE EU

Para Estados Unidos, estos movimientos configuraron un patrón: decisiones unilaterales que restringían a las aerolíneas estadounidenses y favorecían a las mexicanas, en especial en el AIFA, un aeropuerto impulsado políticamente como símbolo del gobierno de Morena.
Y finalmente llegaron las sanciones. “Son 13 rutas, once desde AIFA y dos desde el AICM, que quedan canceladas. Pero esto no es nuevo. Desde junio pasado hubo sanciones previas: Estados Unidos obligó a las aerolíneas mexicanas a informar con detalle qué tipo de avión usarían, cuántos pasajeros y qué vuelos harían. Eso ya estaba congelando el bilateral”, explicó.
La cancelación actual es “una escalada”, advirtió la analista. “Y viene otro paso dentro de tres semanas: si no hay acuerdo, los aviones de pasajeros mexicanos que transporten carga ya no podrán llevar esa carga a Estados Unidos. Esto va in crescendo”.
Aunque la sanción parece dirigida al Gobierno, el impacto inmediato recae sobre las aerolíneas mexicanas y los pasajeros. “Las rutas canceladas incluyen vuelos que ya tenían boletos vendidos en Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris. Los pasajeros deberán recibir reembolso o reacomodo en otros aeropuertos, quizá desde el AICM o desde Cancún. Pero el costo del TUA de la Ciudad de México es mucho más alto, y no sabemos si las aerolíneas absorberán esa diferencia. Al final, el afectado es el usuario”, comentó Avilés.
La medida, además, golpea al comercio. “Las operaciones de carga son mercancías que vendemos en Estados Unidos. Si no se pueden trasladar por vía aérea, tendremos que buscar otras rutas, con costos adicionales y demoras. Súmale aranceles y los problemas logísticos recientes: el impacto puede ser enorme”, advirtió.
Otra de las consecuencias es la ruptura temporal de la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, vigente desde 2017.
“Esta alianza les permitía operar como una sola aerolínea, coordinando horarios y tarifas, algo muy eficiente para los pasajeros. Pero dentro del paquete de sanciones de junio, Estados Unidos pidió a la autoridad antimonopolios suspenderla. Si esto entra en vigor, ambas empresas tendrán que operar por separado, y eso reducirá la conectividad y aumentará los precios de los boletos”, explicó.
Aeroméxico y Delta ya presentaron una moción ante un tribunal estadounidense para intentar detener esa decisión. Aun así, la incertidumbre se mantiene. La analista explicó que, más allá de los aeropuertos, el problema es político y diplomático.
“Desde el día uno se manejó con poca atención. La primera carta del Departamento del Transporte fue dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero la respondió el director de la FAC, un funcionario técnico. Eso se interpretó como un desaire. Nunca se entendió que esto no era un simple tema operativo, sino un asunto de Estado”, dijo.
“Estados Unidos alega que México ilegalmente canceló y congeló vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años. Tuvieron paciencia, pero llegó un punto en que actuaron. No es un discurso: es una decisión de orden práctico”, agregó.
Cada año circulan 40 millones de pasajeros entre ambos países: es el mercado bilateral más grande del mundo. “Si no se corrige esto pronto, el daño puede ser mayúsculo. Las sanciones afectarán no sólo los boletos de avión y la conectividad, sino el costo de las mercancías, considerando el traslado”, enfatizó.
“Todo se va a encarecer. No sólo los vuelos, también los bienes que se transportan. Y si el conflicto escala, podríamos llegar a algo tan grave como suspender por completo el acuerdo bilateral, lo que significaría que no habría vuelos directos entre México y Estados Unidos. Estamos hablando de 40 millones de pasajeros al año; sería un desastre”, finalizó.

