Sin lograr los siete mil 200 pesos por tonelada de maíz que demandaban de aumento al precio-base de cinco mil 200 que tenían, los agricultores de tres de los cinco estados que, junto con otros dos, bloquearon carreteras y autopistas desde el inicio de semana, aceptaron un apoyo de 950 pesos y empezaron parcialmente a liberarlas, luego de más de cinco horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Mauricio Pérez y Édgar Ortiz, representantes de productores de Guanajuato y Jalisco, coincidieron en que el grano no tendrá ya precio fijo de garantía, lo que permitirá la libre competenia en el mercado, además de que trabajarán en conjunto con la industria para ver si logran mejorar el precio que tenían anteriormente, al reconocer que no fue lo mejor que pudieron obtener. En tanto, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, habló de ello en la mañanera en Palacio Nacional.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Los dirigentes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México instaron al Gobierno federal a actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica, en la defensa de la aviación del país, de la conectividad y de sus trabajadores para restablecer el Acuerdo Bilateral de Transporte con Estados Unidos, tras la cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a ese país.
En un comunicado señalaron que ellos advirtieron con antelación que las decisiones adoptadas sin una perspectiva técnica ni de largo plazo, derivarían en un escenario de incertidumbre laboral y económica que hoy se materializa por las órdenes del Departamento de Transporte de EU.
Por otra parte, habría que recordar que el conflicto se originó desde que el expresidente López Obrador ordenó que las líneas aéreas de Estados Unidos realizaran las maniobras de carga en el AIFA y ya no en el de CDMX, cuyo costo paga hoy el nuevo Gobierno, con la cancelación de 13 vuelos de México a ese país, lo que dejará a aquel aeropuerto más inoperante de lo que ha estado desde hace tres años, en el que caprichosamente se invirtieron miles de millones de pesos.
La posible deportación de Víctor Álvarez Puga, el facturero millonario, detenido en Florida, solicitada al gobierno estadounidense, puso a temblar a muchos de los que fueron sus mecenas, si llegara a revelar quiénes fueron y dónde están hoy. Está acusado por la FGR de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Esos reclamos de Palacio Nacional a la Casa Blanca y la cita al embajador de EU a la Cancillería, por ataques de ese país a narcolanchas de Venezuela y Colombia —ayer hubo otro en el océano Pacífico con cuatro muertos— no tardan en tener respuesta y no arancelaria.