El paro nacional de agricultores que estalló el 27 de octubre, ilustra la realidad del campo mexicano.
Miles de productores de al menos diecisiete estados —entre ellos Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sinaloa— bloquearon autopistas y carreteras para exigir al Gobierno un cambio profundo en la política agroalimentaria. No es una protesta menor: el campo, históricamente marginado del debate económico, ha decidido irrumpir en la agenda nacional.
Durante años, el sector agrícola ha acumulado vulnerabilidades estructurales. Los costos de producción aumentan, los precios de venta no compensan, la competencia internacional presiona y el cambio climático erosiona la rentabilidad. A ello se suma la violencia en regiones agrícolas, que encarece la producción y desplaza comunidades. El paro no surge como un acto aislado, sino como la expresión acumulada de un hartazgo: los agricultores ya no toleran que sus demandas sean tratadas como temas secundarios. Sumado a ello, esta situación ya se había planteado desde el inicio del ciclo agrario y no fue atendida de forma oportuna por parte del Gobierno federal.
El movimiento se articula en torno a dos exigencias principales. La primera, establecer un precio de garantía para el maíz de 7,200 pesos por tonelada, frente a los 6,050 que ofrece el Gobierno y los 5,000–6,000 del mercado. La segunda, proteger el maíz blanco —base de la dieta nacional— frente a la competencia internacional derivada del T-MEC. No se trata de una disputa técnica: es una defensa del sustento cultural, económico y alimentario del país. La situación resulta por la falla de mercado en donde los productores argumentan que el costo incrementó más de 60% en los últimos cinco años y que el precio de venta no alcanza a compensar estos costos.
El contexto importa. Hoy México importa cerca de 60% del maíz que consume. El maíz blanco, esencial para la tortilla y buena parte de la industria alimentaria, hoy se cotiza por debajo de los costos reales de producción. Los agricultores denuncian precios oficiales que no reflejan el riesgo ni la inversión que asumen, además de un déficit de infraestructura, financiamiento y seguridad. Por eso los bloqueos no son un capricho logístico, sino el reflejo físico del hartazgo de un sector que alimenta al país sin poder sostenerse a sí mismo.
El Gobierno ha intentado contener la crisis con apoyos: un subsidio de $950 por tonelada, créditos preferenciales y seguros agropecuarios para productores del Bajío. Sin embargo, los líderes campesinos consideran insuficiente la respuesta ante una brecha que lleva décadas ampliándose. No basta con estímulos financieros cuando el problema es estructural: falta infraestructura, tecnificación, certidumbre comercial y mecanismos de compra transparentes.
Ésta es una solución paliativa, pero no estructural. Permite liberar la presión ejercida por los agricultores, pero México necesita una estrategia de largo plazo para el campo: políticas de sanidad vegetal, inversión en riego, renovación de maquinaria, esquemas de comercialización directa y una nueva valoración del trabajo agrícola. No como discurso de campaña, sino como política de Estado.
El paro de octubre puede marcar un punto de inflexión si logra articular una agenda de transformación real. De lo contrario, será un episodio más en la historia de protestas sin consecuencias. La clave está en pasar de la lógica del subsidio a la de la dignidad productiva: reconocer al campesino como actor económico, no como beneficiario asistido. Ello exige que el Estado y los gobiernos locales reimaginen el modelo agrario para modernizar el sector sin despojarlo de su identidad.
El maíz no es sólo un cultivo: es el centro simbólico y material de la nación. Su precio refleja desigualdades históricas, pero también la posibilidad de un nuevo pacto rural. Este paro no se reduce a una disputa por pesos por tonelada; es una demanda de respeto.
Por ahora, el problema está contenido pero falta por resolver el resto del país. Por ahora, son los gobiernos del Bajío los que en conjunto con el Gobierno federal han podido atenuar la situación, pero queda por resolver la situación para el resto. Habrá que ver cómo se desarrolla esta situación, en el contexto de la renegociación del T-MEC y cómo el gobierno de Sheinbaum resuelve el modelo económico de producción, intermediación, compra y consumo del maíz.