La historia judicial de Juana Hilda González Lomelí, acusada por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda y también señalada de participar en otros plagios cometidos por el mismo grupo criminal, podría dar un giro que, por lo menos, la propia Juana Hilda y su defensa no esperaban. La Fiscalía General de la República (FGR), con el fiscal Alejandro Gertz Manero, presentó un amparo directo en revisión ante la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), buscando que se revise la sentencia que la dejó en libertad.
De ser aprobado por mayoría en la SCJN, Juana Hilda podría regresar a prisión y se sentaría un precedente decisivo para otros casos de secuestro y delincuencia organizada, en donde se busca también que queden absueltos de sus acusaciones.
Para entender a fondo qué significa el documento que ha presentado la FGR, platicamos con el especialista en derecho penal Samuel González Ruiz.
“El amparo directo en revisión es un procedimiento que siempre ha existido en la Constitución. La Fiscalía actuó en tiempo y forma. No hay ruptura de la definitividad, como algunos han querido argumentar. Se trata de un recurso ordinario, perfectamente válido”, explica González Ruiz.
Ahora que se dijo que la nueva SCJN abriría casos pasados, no es así. Se está trabajando en amparos que todavía estaban sujetos a revisión.
González Ruiz asegura que la FGR presentó el amparo dentro del plazo legal de 10 días posteriores a la notificación del “engrose” a la versión final de la sentencia que liberó a Juana Hilda en agosto de 2024.
“La Fiscalía General, encabezada por el doctor Gertz Manero, actuó rápido y metió el amparo antes de que venciera el término. Hoy esa revisión está en manos del Pleno de la nueva Corte”, subraya González Ruiz.
Es una muy buena noticia que la FGR haya presentado este amparo para que los secuestros no queden impunes.
Recordemos que Juana Hilda González Lomelí fue liberada hace apenas unos meses tras una resolución de la Primera Sala de la Corte, que en julio pasado resolvió un amparo directo a su favor.
“La sala reasumió competencias de un tribunal colegiado y dictó una nueva sentencia. Esa resolución permitió que saliera en libertad de forma inmediata”, explica González Ruiz.
La liberación no se basó en la inocencia probada de la acusada, sino en tecnicismos procesales.
LIBRE TRAS 19 AÑOS
La nueva revisión de la FGR podría revertir esa sentencia si al menos cinco de los nueve ministros del pleno consideran que la resolución anterior violó principios constitucionales.
“Si la mayoría vota en sentido contrario, la sentencia será revocada y Juana Hilda podría volver a la cárcel”, afirma González Ruiz.
Este caso sentaría un precedente contra otros similares que hay en la SCJN y podría redefinir cómo se interpretan los criterios en materia de secuestro, delincuencia organizada y desaparición forzada.
“Si se sostienen los argumentos de la Primera Sala, cientos de sentencias similares podrían derrumbarse. Pero si el pleno respalda el recurso de la Fiscalía, se fortalecerá la legalidad y se evitará que peligrosos delincuentes queden impunes”.
Juana Hilda fue liberada, mas no declarada inocente.
“El grupo al que pertenecía Juana Hilda cometió varios secuestros”, recuerda Samuel Ruiz y explica que “hay una sentencia reciente respecto de tres víctimas adicionales; el tribunal concluyó que, aun sin la declaración de Juana Hilda, existen pruebas suficientes para condenarlos por delincuencia organizada y por el secuestro de dos personas más”.
Es decir, los tribunales siguen reconociendo la existencia del grupo criminal, aunque algunos de sus miembros intenten aprovechar tecnicismos judiciales para salir libres.
Para González Ruiz la actuación de la Fiscalía General demuestra que la institución encabezada por Gertz Manero está dispuesta a defender el principio de legalidad y no permitir que los secuestradores evadan la justicia.
“El trabajo es de la Fiscalía. El doctor Gertz salió rápidamente a dar apoyo a las víctimas”, afirma.
“Eso es muy positivo: hay una procuración de justicia que no quiere tener a secuestradores en la calle a costa de errores técnicos”, considera.
La revisión de la sentencia llega en un momento de transición con la nueva Suprema Corte. Este cambio hace aún más relevante la decisión de la Fiscalía: el caso Juana Hilda será uno de los primeros grandes exámenes de independencia y solidez técnica para los nuevos ministros.
Si el Pleno de la SCJN acepta estudiar el amparo, las consecuencias podrían ser amplias; se sientan las bases para revisar cómo se aplican los criterios de la Corte en casos de desaparición forzada, por eso el recurso de la FGR es esencial para preservar la capacidad del Estado de sancionar delitos graves.
La revisión es también un golpe a las estrategias de defensa que pretendían replicar el modelo de Juana Hilda para liberar a otros secuestradores, como Israel Vallarta, líder del grupo vinculado al llamado caso Zodiaco.
“Esto es un revés enorme”, dice González Ruiz y agrega: “Muchos pensaban que con la sentencia de Juana Hilda habían encontrado la ruta hacia la libertad, pero no estudiaron bien la Constitución. El amparo directo en revisión permite revisar precisamente este tipo de errores”.
De hecho, Vallarta aún no cuenta con una sentencia firme, pues su proceso está en apelación y podría pasar por las mismas instancias: amparo directo y revisión.
Si el Pleno de la Corte respalda el argumento de la Fiscalía, el precedente cerrará el paso a defensas basadas en formalismos.
La actuación de la FGR marca un cambio de postura institucional. Durante años, los familiares de víctimas de secuestro denunciaron que las autoridades permitían que los procesos se dilataran o que los sentenciados usaran recursos legales sin respuesta. Esta vez fue distinto.
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La Corte deberá decidir si admite la revisión del amparo en el caso de Juana Hilda, si lo hace, los ministros podrán evaluar los argumentos de la FGR.
Los próximos meses serán determinantes. El fallo podría reordenar el sistema de amparos en delitos graves y establecer un límite a las interpretaciones que han beneficiado a criminales bajo el argumento de violaciones procesales.
Para las familias que llevan casi dos décadas buscando justicia, la decisión de la FGR representa una esperanza real de que la impunidad no prevalezca.
“El trabajo de la Fiscalía es sólido, está bien sustentado y ha recibido respaldo en tribunales locales y federales”, confirma González Ruiz. “El voto particular del ministro Pardo y las recientes resoluciones del Estado de México fortalecen esta postura”, dice.
Si la nueva SCJN respalda la postura de la Fiscalía, Juana Hilda González Lomelí podría volver a prisión. En un país donde la impunidad suele ganar, esta vez, por esta decisión de la Fiscalía General de la República, se puede imponer la ley en este caso.