Seguramente hay momentos del día que se siente abrumado por la cantidad y dimensión de publicidad en grandes vallas que superan los 2 metros de altura, tiendas Oxxo disfrazadas de bolsa de Sabritas, o lonas monumentales que cubren el costado completo de edificios habitacionales y con luces tan potentes que hace imaginar el calvario que padecen sus residentes. Un desorden de plásticos e iluminación que sólo se explica por las omisiones y descuido de la entidad reguladora, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metropoli) a cargo de Pablo Yanes desde ayer.
A penas en junio pasado se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, legislación que se prometió para modernizar y regular de manera transparente una industria que representa unos 5,000 millones de pesos anuales.
Sin embargo, lejos de fortalecer el sector, la normativa ha generado mayor incertidumbre para empresarios y anunciantes, así como pérdidas millonarias al erario, estimadas en más de 9,000 millones de pesos entre 2018 y 2023 por omisión de cobros y condonaciones sin justificación suficiente en los tiempos en que la entonces Seduvi fue conducida primeramente por Carlos Ulloa y luego por Inti Muñoz.
Reconocimiento al Ejército
Y no parece haber tampoco voluntad política en el Gobierno de la Ciudad de México por resolver el problema de fondo: falta de transparencia administrativa, inexistencia de un registro público y confiable de licencias y la nula publicación de información sobre solicitudes, autorizaciones y rechazos.
Así, la ley de 2022 hoy es casi letra muerta. El compromiso central fue crear una Plataforma Digital de Publicidad Exterior para transparentar licencias y ubicaciones, pero actualmente, más de la mitad de sus módulos están vacíos o con información desactualizada. El resultado es la simulación, el desorden y, por que no, la corrupción: menos del 10% de los anuncios de propaganda comercial instalados en la CDMX cuentan con licencia, y en el caso de los anuncios denominativos —la que identifica a un local comercial—, la cifra no llega ni al 1%.
Pero las dificultades para regularizar la publicidad exterior no responden a una negativa de las empresas a cumplir con la ley, sino a la imposición de trámites excesivos, mecanismos administrativos presenciales y falta de opciones electrónicas para pagos, lo cual provoca “anuncios pirata” e inequidad en el sector. La obtención de líneas de captura para el pago de derechos únicamente es posible acudiendo físicamente a oficinas tributarias, práctica analógicamente primitiva.
La rotación de funcionarios también afecta: el arribo del académico Yanes es para sustituir a Alejandro Encinas que ahora es embajador ante la OEA… y que quiso dejar como sucesor a su “mano derecha”, Enrique Irazoque.
Todo ello generó un régimen de excepción y desigual, que favorece a ciertas firmas en demérito de la competencia. Casos como el del Consejo Consultivo para Medios Publicitarios, que depende ahora de Yanes, a la fecha no ha sesionado ni ha hecho pública su integración.
Así, atribuir las fallas a la supuesta resistencia del sector privado sólo “avienta la bolita” a empresarios y anunciantes que han mostrado reiteradamente su interés en regularizarse, pero requieren condiciones legales claras y ágiles.
En resumen: el saldo de Ley de Publicidad Exterior es opacidad, discrecionalidad, inequidad y, por tanto, transas “en lo oscurito” a costa de los capitalinos y el paisaje urbano.
Aero, de regreso a la bolsa. Ayer en la noche se previó se fijaría el precio de las acciones que en oferta mixta y simultánea en Nueva York y México realiza Aeroméxico; hoy arrancaría el intercambio y cruce de los títulos de emisión primaria (7 millones 394,409 American Depositary Shares o ADS) y de oferta secundaria ( 4 millones 332,916 ADS y 20 millones 463,590 acciones ordinarias) que venden Eduardo, José Antonio y Rafael Tricio Haro, así como Valentín Díez Morodo, quienes reducen su participación pero se mantienen a bordo de la compañía que comanda Andrés Conesa.
La oferta que podría tener un valor de 314 millones de dólares, representará poco menos del 10% de la aerolínea bandera de México, que luego de enfrentar los estragos de la pandemia Covid-19, salió adelante por el empuje de sobrecargos, pilotos, personal en tierra, funcionarios, directivos e inversionistas. El gobierno, ni un vaso de agua ofreció.
Se mete Salud en sucesión en AMIIF. A la salida de Julio Ordaz, ex Director General de AstraZeneca, y fue a una nueva posición en Europa (cargando con la sospecha de tratos con Enrique Pérez Olguín en las compras del IMSS-Bienestar), se reactivó la búsqueda de quien ocupe la Dirección General Ejecutiva de la AMIIF (Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica).
El que se auto destapó como el sucesor de Larry Rubin fue Agustín Gama… que dice que llegará a la posición por recomendación directa de David Kersenobich y de Sergio Iván Valdés Ferrer de la propia Secretaría de Salud.
¡Que viva la dependencia!
Al rescate de la Riviera Maya. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que encabeza David Ortiz Mena y que agrupa a las asociaciones y firmas más influyentes del sector turístico, asume la responsabilidad que les corresponde y lanzó su iniciativa para realzar los positivos de Quintana Roo: mujeres y hombres de negocios de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Holbox, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Chetumal y Mahahual saben que hay números positivos de ocupación hotelera y proyección de inversiones viables..., pero la percepción generada entre la opinión pública en meses recientes tiende a ser negativa, por traspiés políticos y medidas administrativas inadecuadas, como lo sucedido en Tulum.
La iniciativa, independiente del gobierno, traza acciones para fortalecer la seguridad, la capacitación, la movilidad, la sustentabilidad y la profesionalización en el entorno de los visitantes para recuperar la confianza.
