Desde abril de este año, Morena presentó una iniciativa, que pasó desapercibida, para silenciar a los sacerdotes en las iglesias con el pretexto de garantizar un Estado laico y eliminar discursos de odio.
Lo que la ley propone, supuestamente, es tipificar y sancionar la apología del delito. En realidad lo que busca es que desde las iglesias no se exija justicia por las víctimas de la violencia y coartar la libertad de expresión en las misas, porque, no nos engañemos, el discurso de odio viene desde los políticos, no los sacerdotes, y han sido discursos para dividir y polarizar.
Con la llegada de López Obrador al poder y desde las conferencias matutinas, se intensificó un discurso polarizador que no ha cambiado.
Reconocimiento al Ejército
La ley que presenta Arturo Federico Ávila Anaya, diputado federal del partido Morena, propone una reforma al artículo 208 del Código Penal Federal (CPF) para que sea delito quien “promueva, glorifique o justifique” conductas ilícitas en películas, series, música, videojuegos u otras expresiones mediáticas.
Según él, el argumento es que ese tipo de contenido “sólo genera violencia y debe tener límites”. Y es verdad, pero entonces que censuren al propagandista de Morena, Epigmenio Ibarra, cuyas series son una apología al narco y no a la Iglesia.
Y es que lo que se busca con esta ley es adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que, quienes dirijan asociaciones religiosas y operen medios digitales, se sujeten a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Gobernación (Segob). Estos lineamientos atenderían la “neutralidad de la red digital” y la “prevención de discursos de odio”.
En el caso de la regulación de contenidos digitales religiosos, distintos líderes y organizaciones han señalado que la propuesta representaría una medida de control sobre el discurso religioso y digital, lo que plantea riesgos para la libertad de culto y la libre expresión en el entorno multimedia.
Muy poco duró la libertad de expresión en este país. Se quiere regresar a las épocas más dictatoriales del PRI, cuando se manejaban todos los contenidos de los medios desde la Segob.
Y es que no deberíamos olvidar la historia, entre las décadas de 1950 a 1980, Segob ejercía un control muy estricto sobre los medios de comunicación. Se llegaban a revisar guiones antes de que una película o programa se grabara o saliera al aire.
VA CONTRA APOLOGÍA DEL DELITO
El Gobierno otorgaba permisos o vetos de exhibición cinematográfica. En televisión y radio revisaba los libretos y podía suspender transmisiones si consideraba que violaban “la moral” o “el interés público”. Había hasta listas de palabras prohibidas, de temas vetados como homosexualidad, aborto, narcotráfico o política crítica, y había muchas restricciones en noticieros.
Durante los gobiernos del PRI, especialmente entre 1950 y 1982, Segob tenía, incluso, inspectores de RTC en los estudios de Televisa y los cines para supervisar contenido en tiempo real.
Con la llegada de Morena, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, se ha esforzado por censurar con métodos legislativos, judiciales e incluso con los discursos oficiales, cualquier tipo de crítica, no importa si es un civil, un periodista, una asociación, activistas o algún miembro de la Iglesia.
La tensión entre Morena y la Iglesia católica estos días se ha intensificado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, porque la Iglesia ha hecho un llamado enérgico para recuperar la paz en México, pero esta ley lleva ya meses que se presentó.
El diputado Arturo Ávila argumenta que la actual legislación fue creada cuando sólo existían medios como la radio y la televisión, por lo que, dice, es necesario actualizarla para medios digitales y que el contenido religioso no se use para proselitismo o manipulación.
Por su parte, Héctor Mario Pérez Villareal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), confirmó que la propuesta de Morena existe en la Cámara de Diputados, pero no los han hecho partícipes ni conocen el contenido de la iniciativa.
Además, dijo que no se identifican con los discursos de odio y, al contrario de lo señalado, siempre han favorecido la paz, incluso muchas veces lo han hecho de la mano de Morena.
Reconoció que hay preocupación por imponerles restricciones sin dialogar, ya que la libertad religiosa está reconocida por la Constitución.
Los pronunciamientos por el incremento de violencia en México no fueron sólo del clero nacional. En 2016, el Papa Francisco visitó Ciudad Juárez, donde pronunció un discurso en el que dijo: “La violencia nos destruye, nos degrada y nos deshumaniza”. En ese momento, su mensaje lo dirigió a madres buscadoras y a las miles de personas desaparecidas.
En junio de 2022 asesinaron a dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, comunidad en la Sierra Tarahumara de Chihuahua; las víctimas eran Javier Campos y Joaquín Mora. Al igual que ahora, con el crimen del alcalde Carlos Manzo, la reacción fue a nivel nacional.
Los jesuitas hicieron una campaña abierta exigiendo al Gobierno cambiar su estrategia de seguridad debido al aumento de los homicidios dolosos, las desapariciones y las disputas entre los grupos criminales.
El asesinato de los sacerdotes jesuitas provocó que diversas organizaciones de la Iglesia, incluyendo la CEM y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús (Jesuitas), lanzaran una plataforma amplia y permanente para abordar la crisis de seguridad.
Para 2023, la CEM fue más directa en su pronunciamiento y señaló que “México estaba bañado en sangre”. Los manifiestos por los homicidios se dieron en Chiapas, Zacatecas, Guanajuato y Guerrero; en estas entidades hubo marchas y peregrinaciones.
Una de ellas fue la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, donde las movilizaciones fueron convocadas para hacer un llamado a los gobiernos federal y estatal para el freno de la violencia, los enfrentamientos entre cárteles y la disputa territorial.
Ahora, con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, la Iglesia católica fue crítica, y la CEM publicó un comunicado en el que expresó que en estos tiempos de violencia “ya no basta aprehender al asesino” e hizo un llamado a las autoridades para respetar la vida y señaló que las investigaciones sobre los crímenes en el país son insuficientes.
Además, exigió a las autoridades asumir con decisión e inteligencia su responsabilidad de garantizar la seguridad y el Estado de derecho. Incluso recordó los retenes en carreteras, despojos de tierras, amenazas a productores, comerciantes y gobernantes y los calificó como un reflejo del debilitamiento del orden constitucional en los tres niveles de Gobierno.
Días antes del asesinato del alcalde de Uruapan, el presidente de la CEM, monseñor Ramón Castro Castro, detalló que en el actual sexenio han matado a 11 sacerdotes y que México se ha convertido en el país donde, después de los periodistas, son los sacerdotes a quienes más asesinan; lo dijo durante el Congreso Nacional de Libertades Religiosas, realizado a finales de octubre.
Así están las cosas, prefieren censurar a quien reclama paz que enfocarse en evitar la violencia que hay en México.
