El sector más duro de la derecha mexicana —esa que se ha vinculado públicamente al movimiento internacional trumpista— tiene un plan propio, que raya incluso en la suspensión de garantías constitucionales, para combatir a los grupos criminales que han implantado el terror en diversas zonas del país, como en Michoacán.
Este columnista tuvo acceso a un documento interno de este grupo —con carácter “confidencial”— denominado “Bases Jurídicas y Operativas para la Declaración de Zonas de Excepción y Neutralización de Grupos Armados Terroristas” en el que se plantea una serie de acciones para desarticular a las bandas del crimen organizado.
Me aseguran que México Republicano, organización abiertamente de derecha y de apoyo a Donald Trump, empuja con cuadros leales en el Poder Legislativo, federal y estatales, y en gobiernos donde tienen cierta cercanía la idea de “recuperar control territorial y desarticular estructuras criminales mediante suspensión temporal y localizada de ciertas garantías”.
En dicho documento interno “para uso del equipo de planeación” de esta organización, argumentan:
“México enfrenta un desafío estructural por la presencia de grupos armados organizados que operan con carácter terrorista, afectando la seguridad pública, la propiedad privada y la gobernabilidad regional. La resistencia armada contumaz y la negativa a la rendición de estas organizaciones requieren de un marco de acción claro, legal y efectivo.
“El Estado debe ejercer su autoridad máxima respetando los límites del derecho, combinando medidas legales, inteligencia, coordinación interinstitucional y protección a derechos humanos. La prioridad es restablecer el orden y proteger la vida y la propiedad, asegurando legitimidad nacional e internacional”.
Y van más allá, toman ejemplos internacionales para justificar su convicción de enfrentar, con mano de hierro, a los criminales:
Por ejemplo, citan que en 1982 para enfrentar a la mafia, Italia aplicó la Ley Rognoni–La Torre y hubo decomisos preventivos, redistribución de bienes y acciones penales coordinadas con inteligencia especializada; de El Salvador citan los programas de desarme supervisado y uso de inteligencia judicial.
Agregan que con la Ley RICO Estados Unidos desmanteló redes de extorsión empresarial y sindical al tratar la extorsión como crimen organizado, con decomiso patrimonial y cooperación entre agencias, además de que con designaciones de organizaciones terroristas se aplican sanciones financieras, congelamiento de activos y persecución penal estructurada.
La organización, encabezada por Juan Iván Peña Neder, subraya que la combinación de acción judicial, decomiso financiero, inteligencia estratégica y rendición supervisada genera resultados sostenibles, minimizando riesgos de impunidad y violaciones de derechos humanos… pero insiste en la necesidad de suspender garantías constitucionales.
De manera particular, cuando hablan de extorsión plantean perseguir como un delito prioritario nacional, con unidades especializadas y control judicial estricto, facilitar denuncias seguras y anónimas, con protección real a víctimas y testigos, congelar y decomisar bienes de extorsionadores mediante procesos legales y auditoría pública; blindar al comercio local con asesoría, vigilancia y estímulos fiscales y rendir cuentas cada semana, para que la sociedad vea resultados, no excusas.
Peña Neder es claro cuando habla del tema:
“En materia de seguridad pública contundentemente sostenemos que las fuerzas del Estado deben prevalecer, de ser preciso suspender las garantías constitucionales y desarmar de forma inmediata al narcotráfico. No se trata de incrementar la población carcelaria sino de quitarle capacidad de fuego a una fuerza militar que reta al Estado”.
Cada vez las voces serán más duras y las acciones para exigir detener a los criminales también… este es un ejemplo.
RADAR
DE PENA. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no entiende que no entiende. Con una prepotencia y soberbia que hubieran envidiado varios de sus antecesores, muchos de ellos impresentables, acusa “nado sincronizado” en torno a la aprobación de su aumento de sueldo en 25%.
Caray, que alguien le diga a la nacida en Zacatecas que es moralmente insostenible subirse el sueldo cuando miles de personas vivirán un fin de año marcado por la tragedia de perderlo todo en el norte de Veracruz. Dice que no estaba enterada, pero… ¿pues no que controla cada hoja de papel que se mueve en su gobierno?, de pena ajena.