La responsabilidad de los funcionarios públicos, en todos sus tipos (civil, administrativa, penal, etcétera) es indispensable para que un sistema funcione sanamente, en ello se concretiza el actuar de un gobierno, y su falta representa un desajuste en el entramado jurídico y administrativo vulnerando los principios de legalidad y eficacia gubernamental.
La eficacia de cualquier sistema de gobierno no depende únicamente de la solidez de sus leyes o de la modernidad de sus instituciones, sino fundamentalmente del actuar ético, profesional y responsable de los que lo integran. Los funcionarios públicos son el rostro operativo del Estado, en sus decisiones, actos y omisiones se materializan las políticas públicas que benefician o afectan directamente a los ciudadanos.
El concepto de responsabilidad en el servicio público implica la obligación de rendir cuentas, actuar con transparencia y asumir las consecuencias de los propios actos. En un Estado de derecho los funcionarios no son los dueños del poder, sino administradores temporales en nombre de la ciudadanía, a la cual le deben de rendir cuentas. Cuando un funcionario olvida este principio, se erosiona su legitimidad institucional y se debilita la credibilidad de un gobierno.
Reconocimiento al Ejército
La eficacia de un sistema gubernamental requiere de funcionarios competentes, comprometidos, éticamente formados, complementado de un conjunto de leyes que establezcan mecanismos de control, auditorías y sanciones, las cuales deben cumplirse forzosamente para que, con ello, se genere una cultura de la responsabilidad, de lo contrario los procesos se vuelven meramente formales y por lo tanto ineficaces.
Cuando no existe un sistema de responsabilidad eficaz, la burocracia se convierte en un obstáculo en lugar de ser un instrumento para el bienestar social. Por ello, la responsabilidad debe de ser un valor interiorizado, no debe de ser visto sólo como una imposición externa. Sin embargo, cuando no existe la cultura de la responsabilidad, se debe de empezar por fomentarla e imponerla mediante la estricta aplicación de las leyes.
Al respecto, Max Weber, al definir el modelo de burocracia racional, sostenía que la administración pública debía de sustentarse en la profesionalización, la legalidad y la neutralidad política, sin que se llegue a deshumanizar la función burocrática y sin perder el sentido ético de la función.
Además, la responsabilidad implica rendición de cuentas, un concepto que va más allá de la simple transparencia administrativa, donde cada funcionario debe responder por su actuar y debe responder por el uso de los recursos públicos, por los resultados de su gestión, y por el impacto de sus decisiones en la sociedad. La rendición de cuentas por su parte fortalece la confianza ciudadana y fomenta la participación y legitima el actuar de todo gobierno.
En nuestro sistema jurídico se encuentra establecido el sistema de responsabilidades de los funcionarios públicos desde la Constitución Política en su artículo 108, pasando por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, hasta llegar al Código Penal, sin embargo, pocas veces observamos que los funcionarios que incurren en responsabilidad sean juzgados y mucho menos condenados.
El problema de la administración pública en nuestro país se encuentra en que no hay un servicio profesional de carrera, y la mayoría de los cargos públicos en niveles medios y altos están ligados a los partidos políticos, donde cada gobierno en turno nombra a sus incondicionales, por lo tanto, no los puede juzgar y menos condenar por incurrir en responsabilidad, vulnerando con ello el Estado de derecho, cuando se deje de partidizar la burocracia será un gran cambio.
