En las democracias, que han degenerado en mercados electoreros, los gobiernos gastan cada vez más. Si la probabilidad de que un candidato gane depende de qué y cuánto promete darles a los ciudadanos si votan por él y triunfa, y si el gobierno en turno ya les dio A, B y C, en cantidades 1, 2 y 3, el candidato debe prometer darles A, B, C y D, en cantidades 2, 4, 6 y 8, para lo cual, dado que A, B, C y D no van a caer del cielo, menos en las cantidades 2, 4, 6 y 8, debe contar con fuentes de financiamiento, que no son infinitas: el cobro de impuestos tiene un límite (la paciencia de los contribuyentes) y, aunque no lo parezca, también lo tiene la deuda gubernamental (la prudencia de los acreedores).
Al gobierno mexicano se le están agotando las fuentes de financiamiento, tanto por el lado de los impuestos (¿es políticamente aceptable, por ejemplo, aumentar la tasa del IVA del 16% al 20% y/o la tasa máxima del ISR, para personas físicas, del 35% al 40%, y para personas morales, del 30% al 35%?), como por el de la deuda (que entre 2018 y 2025 aumentó 71.65%). Muy probablemente el gobierno anda buscando nuevas fuentes de financiamiento, que podrían ser: los recursos de las Afores; las reservas de dólares del Banco de México; el poder del Banco de México para producir dinero; la venta (por demás improbable), de Pemex y CFE.
En las Afores hay 7.2 billones de pesos (el 70.59% del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026), que, repartidos en las cuentas individuales, son propiedad de cada uno de los cuentahabientes, por lo que cualquier confiscación (no expropiación), de esos recursos sería inconstitucional (Art. 123 de la CPEUM), e ilegal (Ley del SAR), lo cual no le quita el atractivo como fuente de financiamiento gubernamental. Para que el gobierno pueda echar mano de esos recursos hay que cambiar la Constitución y la Ley del SAR. Morena lo puede hacer.
Reconocimiento al Ejército
Desde junio de 2024 las Afores están obligadas a transferir, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, los recursos de cuentas individuales, de trabajadores mayores de 70 años (IMSS), y 75 (ISSSTE), que lleven inactivas más de 10 años, con el compromiso de que, si aparecen los cuentahabientes, se les devolverá su dinero. ¿Monto estimado? Entre 300 y 500 mil millones de pesos. Esa transferencia viola el derecho de propiedad privada, algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de derecho.
Las reservas de dólares del Banco de México (ojo: del Banco de México, no del gobierno mexicano, no de lo mexicanos), suman 249 mil millones de dólares, 4.6 millones de millones de pesos (el 45.10% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026). Para que el gobierno pueda confiscar (no expropiar), esas reservas, debe cambiarse la Constitución (Art. 28), y la Ley del Banco de México (Art. 23). Morena puede hacerlo.
Además del atractivo de las reservas del Banco de México como fuente de financiamiento del gasto gubernamental, con el inconveniente de que sería una fuente no recurrente, está el poder del banco central para producir dinero, lo cual, si fuera posible, y no lo es por la autonomía del Banco de México, sería una fuente recurrente de financiamiento del gasto gubernamental. Para que lo sea hay que quitarle la autonomía al banco central, para lo cual hay que cambiar la Constitución (Art. 28), y la Ley del Banco de México. Morena lo puede hacer. Continuará.
