Hay personas que viven de fabricar agravios. Ahí está su negocio, su presencia pública y su falsa calidad moral. Paulo Díez Gargari pertenece a esa especie rara de abogados que no litigan, sino que administran encono; expertos en convertir derrotas personales en campañas sociales y en presentarse como víctimas mientras dañan y se esconden.
Y lo hace con una habilidad peculiar: financiado por quienes lo contratan como mercenario, siempre del lado del ruido, jamás del lado de la verdad.
Las peleas de Paulo no nacieron de una causa justa, sino de un negocio fallido. Cuando Infraiber, firma a la que representaba, no pudo concretar un contrato millonario en el Estado de México porque OHL se negó a pagar costos inflados por el aforo vehicular, Paulo decidió convertir ese revés en una guerra de más de una década. Y la emprendió con intensidad a sabiendas de que el desprestigio pesa más que los argumentos: denuncias contra empresas, acusó a funcionarios, mostró videos, entrevistas, folios, acusaciones sin fundamento y pleitos en tribunales donde no tenía legitimidad para pedir rescates de concesiones. Nada prosperó, pero eso nunca detuvo la narrativa. Lo importante no era ganar, sino hacer ruido. Sus derrotas en los casos Atizapán–Atlacomulco, Amozoc–Perote y Chamapa–Lechería son ejemplo de ello: mucho estruendo, cero resultados.
Reconocimiento al Ejército
Mientras presumía ser el azote de concesionarios y el defensor del “interés público”, llevaba en paralelo una agenda mucho más ambiciosa y políticamente incendiaria: el arbitraje internacional por la supuesta concesión del tren La Bestia, obtenida mediante un cascarón llamado Viabilis Holding, así como su exigencia de que se le entregasen las vías férreas del Corredor Interoceánico y del Tren Maya. Sí, las mismas que sostienen el proyecto logístico más importante de la 4T. No era un detalle técnico, era un intento directo de meterle la mano al segundo piso de la Cuarta Transformación.
Para entender todo, es necesario saber que ese reclamo empieza en 1999, cuando la SCT dio la concesión de las vías Chiapas-Mayab a Genesee & Wyoming. Tras el huracán Stan, la empresa renunció, suspendió el servicio y abandonó el país, lo que obligó a imponer una modalidad al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para reconstruir las vías. El asunto parecía cerrado hasta que, un año después, Paulo y su socio Pedro Topete “resucitaron” la concesión muerta mediante Viabilis, sin solvencia técnica, sin infraestructura y sin personal.
A partir de ahí empezó un entramado de correos y documentos elaborados en lo oscuro con funcionarios de la SCT, buscando que se les reconociera una concesión ya renunciada, se ampliara la vigencia y se devolvieran vías y equipo ferroviario que jamás les perteneció. Uno de esos funcionarios, Gerardo Sánchez Henkel, no sólo los solapó: hoy es testigo a su favor en el arbitraje internacional. La operación se vino abajo cuando cambiaron los funcionarios que lo protegían. Con la llegada de la 4T, el Gobierno federal rescató formalmente la concesión para convertir esas vías en columna vertebral del Interoceánico y del Tren Maya. Y fue ahí donde Paulo dejó de simular. Presentó más de 14 juicios para que le devolvieran las vías, es decir, para frenar o encarecer los proyectos estrella del sexenio de AMLO y posicionarse como acreedor de una obra pública que jamás le perteneció. Lo disfrazó de “cruzada legal”, pero en el fondo era un golpe a la infraestructura emblemática del Gobierno. Así lo dijo un funcionario del caso: “cochinos y trompudos”.
Los tribunales confirmaron lo que ya era evidente. Nunca acreditó la propiedad de un solo bien mueble de la concesión, no tenía derecho a indemnización y, por el contrario, debería restituir al Estado alrededor de 900 millones de pesos más actualización, por la falta de inversión en mantenimiento. La declaratoria de rescate quedó firme. Aun así, la FGR no ha actuado en las denuncias penales presentadas contra Paulo y sus cómplices por estas irregularidades. Y para completar el cuadro, también quiso jugar en una pista que no era la suya: fue candidato a diputado federal por Acción Nacional, no precandidato, candidato, quizá para convertir sus litigios en agenda legislativa o para blindarse políticamente en plena disputa contra el Gobierno federal. No le alcanzó.
Lo más inquietante de figuras así es su habilidad para colocarse del que ellos llaman el lado “correcto” mientras persiguen intereses estrictamente personales. Paulo ha construido una carrera entera señalando abusos mientras reclama un privilegio que la ley le negó; acusando corrupción mientras exige que le devuelvan un negocio inexistente; atacando concesiones ajenas mientras intenta apropiarse de una infraestructura estratégica. Esa contradicción no es incidental, es su modelo de operación.
Paulo Díez no es un perseguido político ni un héroe, ni alguien que incomode al Gobierno. Es un operador atrapado en su propia industria del agravio, en su narrativa, perdido en atacar al movimiento que hoy encabeza la Presidenta, tratando de golpear donde más duele: en los proyectos emblemáticos de la nación.
El problema no es lo que denuncia, sino lo que exige. Y, sobre todo, lo que intenta llevarse entre las manos bajo el disfraz del defensor público.
Reenviado.
“La mentira más común es aquélla con la que las personas se engañan a sí mismas. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano…”
- Friedrich Nietzsche (1844-1900)
