La marcha del pasado 15 de noviembre, convocada por la llamada Generación Z en la Ciudad de México, terminó con un saldo que ha generado indignación entre manifestantes, organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias, imputaciones por delitos graves, carpetas abiertas sin evidencia sólida y un operativo policial desproporcionado.
Aunque la movilización fue mayoritariamente pacífica y sin incidentes graves, las autoridades capitalinas realizaron decenas de detenciones, muchas de ellas, según testimonios, sin fundamentos.
Los videos difundidos en redes muestran uso excesivo de fuerza, privaciones de la libertad sin lectura de derechos y acusaciones que van desde “lesiones” hasta la tentativa de homicidio, una figura que abogados penalistas califican como improcedente.
Reconocimiento al Ejército
El abogado penalista Ricardo Colorado es uno de los defensores que representa a varios de los detenidos en la manifestación, dice que lo ocurrido es parte de una política de inhibición a la protesta social.
Esta semana platicamos para La Razón con él, para que nos cuente sobre las detenciones realizadas durante la marcha del sábado pasado.
Ricardo Colorado tiene tres carpetas de investigación activas de sus defendidos en sus manos: una por lesiones, otra por resistencia de particulares, y una más, la más delicada, por robo y tentativa de homicidio, todos delitos imputados a sus representados.
Asegura que en todas las carpetas de investigación hay un denominador común, la fiscalía presentó imputaciones “infladas, sin sustento legal y con una narrativa criminalizante”.
A pesar de ello, todas las carpetas lograron vinculación a proceso y, en varios casos, la imposición de prisión preventiva justificada, algo que para Colorado evidencia el uso del aparato penal como herramienta de control. También hay detenidos que ya han sido liberados.
Los detenidos, según información del abogado, son: Alberto González Mancilla, 26 años, acusado de tentativa de homicidio. Fernando Escobar Herrera, 24 años, también con prisión preventiva justificada. Arturo González Rojas, 18 años, igualmente detenido. Federico Orozco Torres, 65 años, un ingeniero mecánico reconocido, hoy procesado. Francisco García Colín, 87 años, adulto mayor, detenido y vinculado.
Otros lograron su libertad por falta de elementos: Perla Verónica Galván Becerril, liberada con medidas cautelares. Dalina Tuzay Gamberos, activista que viajó desde Guadalajara sólo para documentar la marcha; quedó libre tras denunciar violaciones a sus derechos.
El caso más emblemático para Colorado es el de Gabriel Pérez Rábago, funcionario público contratado por honorarios, con recibos, comprobantes y registros laborales que acreditan su actividad. Pérez Rábago fue señalado arbitrariamente como integrante del bloque negro, aun cuando, según el abogado, el detenido “jamás portó objetos peligrosos, ni participó en las agresiones”.
El delito central que se imputa a varios de ellos es “tentativa de homicidio”, una figura que Colorado califica como absurda e improcedente, basada en narrativas contradictorias de los propios policías.
El abogado asegura que lo que ocurrió el pasado 15 de noviembre no es un hecho aislado. Lo describe como lo que él llama una política de “prevención general”, un término jurídico que describe el uso punitivo del Estado para disuadir o inhibir futuras protestas.
“Había más de 80 elementos antimotines desplegados en puntos estratégicos, esperando una reacción. No era un operativo de seguridad, era un operativo de control”, explica.
En cada patrulla, dice, había entre 8 y 10 policías: en total, unos 700 elementos.
El despliegue contrastaba con los manifestantes: familias, jóvenes, adultos mayores. Nada indicaba un escenario de riesgo extremo.
El abogado recuerda también que hubo detenciones similares en Guadalajara, Hidalgo y Morelos, por lo que considera que el patrón se replicó en varios estados y que no hay detenidos del llamado “bloque negro”.
“A ninguno de los detenidos le encontraron cizallas, mazos, objetos peligrosos. Nada”, afirma.
Lo que sí hay, señala, es un esfuerzo narrativo por estigmatizar a los manifestantes, sin importar su edad, oficio o sus motivaciones.
El caso de Federico Orozco, un hombre de 65 años que modifica autos para exposiciones, es uno de los hechos que más le indignan.
“Fue a la marcha como ciudadano. Hoy está criminalizado”, lamenta.
Cuando se le pregunta en qué se basó la Policía para detenerlos, Colorado afirma que las narrativas policiales se sostienen en supuestos actos violentos que no están comprobados, ya que los golpes que no corresponden a lesiones, había mucho humo para poder acreditar quién estaba ahí y quién violentaba, y asegura que los testimonios son contradictorios entre los mismos oficiales.
Para el abogado penalista, hubo violaciones al debido proceso en la detención de los manifestantes.
Detenciones sin lectura de derechos, incomunicación, falta de acceso inmediato a expedientes y audiencias donde el criterio judicial parecía inclinarse hacia “una presión institucional”.
Más allá de lo jurídico, Colorado advierte algo más grave y lo repite a lo largo de nuestra plática: “Existe una intención del Estado de neutralizar protestas que cuestionen a las autoridades, hay una política criminal para inhibir las manifestaciones. No quieren que nadie proteste”, afirma.
Para el abogado penalista, el mensaje del Estado es claro: detener, procesar y ejemplificar para desactivar futuras movilizaciones sociales.
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ENTREVISTAMOS a Gabriel Pérez Rábago, uno de los manifestantes detenidos, que consiguió su libertad.
Nos habla con la voz entrecortada cuando recuerda lo que vivió el pasado 15 de noviembre, día en que acudió a la marcha convocada por la Generación Z en el Zócalo capitalino. Llegó alrededor de las 3:20 de la tarde sin pertenecer a ningún grupo, sin portar objetos peligrosos y sin intención de confrontar a nadie. Su objetivo, dice, era simple: “documentar lo que estaba sucediendo” y observar una manifestación cuyo propósito, desde su perspectiva, era expresar la inconformidad ciudadana.
Lo que ocurrió después lo marcó profundamente. “No me detuvieron, me golpearon”, relata.
Según su testimonio, alrededor de 40 elementos lo rodearon y comenzaron a agredirlo sin explicación alguna. “Me pegaron con un extintor en la cabeza, tres veces”, afirma. Asegura que los golpes fueron brutales, repetidos y desproporcionados: “De verdad me hicieron muchísimo daño”.
Tras la agresión, nos dice que fue esposado, humillado y trasladado a proceso. La fiscalía lo acusó de delitos graves, pese a la falta de evidencia y a que, según su defensa, no participó en ningún acto violento.
La violencia no terminó ahí. Narró las condiciones en las que estuvo detenido: un espacio diminuto para nueve personas, un piso de cemento con una malla metálica como cama y un baño “lleno de suciedad” al que no tenían acceso. “Si querías ir, te daban un bote. Es bien triste, es bien feo”, dice.
Antes de despedirse nos dice: “Las personas que se quedaron ahí adentro son buenas personas. No quieren hacer daño a nadie. Están sufriendo”.
