El cincuentenario de la muerte de Francisco Franco se produce en tiempos de naturalización de autocracias en todo el mundo y, también, en medio de la impugnación desbocada de las certezas que sostuvieron por décadas la transición democrática española. No es algo que sucede únicamente en España —en América Latina son varias las señales de reivindicación histórica de los viejos autoritarismos de la Guerra Fría—, pero que alcanza allí una expresión emblemática.
El 20 de noviembre de 2002, cuando gobernaban el PP y José María Aznar, el congreso español aprobó por unanimidad, incluyendo todos los votos de la derecha oficial en el parlamento, una moción que condenaba el golpe militar franquista contra la República en julio de 1936. El documento hacía, además, un “reconocimiento moral a quienes padecieron la represión de la dictadura franquista” y anunció ayuda oficial para la excavación de fosas con restos no identificados de víctimas de Franco.
En 2019, cuando comenzaban a gobernar Pedro Sánchez y la izquierda encabezada por el PSOE, se produjo finalmente la exhumación de los restos de Franco en el santuario del Valle de los Caídos, y se les trasladó al cementerio de Mingorrubio, donde cada 20 de noviembre se escenifica el saludo franquista. Dos años después se retiró del puerto de Melilla la última estatua de Franco que quedaba en territorio español. Entonces, los diez diputados del PP del parlamento de Melilla se abstuvieron y el único representante de Vox se opuso con firmeza.
Reconocimiento al Ejército
Apenas cuatro años después las cosas han cambiado de manera notable. En la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad madrileña, acaba de mostrar su hartazgo con la condena del franquismo, argumentando que la polarización española comenzó con lo que llama el “guerracivilismo” que siguió a la República. El gesto de Díaz Ayuso, líder del PP nacida en plena transición, deja ver la revisión del pasado que tiene lugar en España y que lleva a muchos jóvenes a relativizar el legado de la dictadura.
El historiador Nicolás Sesma, autor de Ni una, ni grande, ni libre. La dictadura franquista (Crítica, 2024), donde se reconstruyen las diversas fases del régimen antidemocrático sostenido por el franquismo durante cuarenta años, piensa que en España se está produciendo una relativización de aquel fenómeno. Esa relativización está relacionada con la emergencia de Vox, pero también con un contexto global favorable a las autocracias, que se ve potenciado por las redes sociales y las nuevas tecnologías.
Sesma y el periodista de El País, Guillermo Altares, han firmado un artículo en estos días, titulado “Franco en la era de las noticias falsas”, en el que argumentan que el revisionismo histórico recicla tópicos como el de que Franco libró a España del comunismo, que se distanció de Hitler y Mussolini, que se acercó a Estados Unidos en los años 50 y que extendió derechos sociales y garantías de seguridad entre los años 60 y 70.
Esa imagen tecnocrática y no represiva del franquismo atrae a sectores juveniles partidarios de Vox, que no se limitan a la base electoral de ese partido. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) revela que cerca de un 22% de los españoles consideraría que los tiempos franquistas fueron “buenos” o “muy buenos”. La mayor parte de quienes así piensan, y que no ocultan su desencanto con la democracia, son jóvenes de entre 18 y 24 años.
La encuesta del CIS reporta que un 23% de jóvenes anuncia su intención de votar por Vox en las próximas elecciones. La cifra coincide con la de quienes piensan que el franquismo no estuvo mal, pero lo más inquietante es que no serían los mismos en ambas muestras. Esto significaría que, además de quienes piensan votar por Vox, habría otra parte considerable de la población juvenil dispuesta a votar por el PP u otro partido de derecha, con una visión positiva de la última dictadura española.
