Para el día de hoy se espera un mega bloqueo de transportistas y campesinos. Estas movilizaciones se darán en por lo menos 25 estados de la república, donde se harán cierres a carreteras y calles importantes.
Los transportistas denuncian la falta de respuesta a sus demandas; la inseguridad en las carreteras, la extorsión y los robos que enfrentan de manera cotidiana.
Además, exigen la agilización de trámites burocráticos, como la obtención de placas, licencias de manejo y citas médicas, que consideran esenciales y que, según afirman, les han sido negados por las autoridades.
Reconocimiento al Ejército
Los movimientos campesinos piden que el Estado mexicano reconozca y fortalezca la agricultura nacional.
Entre sus exigencias están la exclusión de los granos de la revisión del T-MEC (tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá), la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo y la publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.
Los campesinos y agricultores llevan mucho tiempo pidiendo que se les considere ante un panorama cada vez más adverso para ellos. Y es que el campo no se voltea a ver, a menos que haya una crisis alimentaria. Llevan años tratando de dialogar con las autoridades y no reciben respuestas.
Y es que mientras la seguridad en las carreteras de México es prácticamente inexistente, el campo mexicano atraviesa una de sus peores crisis en décadas.
La desesperación de los campesinos los está orillando a cerrar carreteras, hacer bloqueos y estas protestas no surgieron de la nada, son el resultado de años de abandono, decisiones erradas y políticas públicas que se acrecentaron, particularmente desde 2018 y dejaron sin herramientas productivas a quienes cultivan, cosechan y alimentan al país. Lo que antes era un sector castigado, hoy es un sector al borde del colapso.
Los agricultores y campesinos, desde los pequeños ejidatarios hasta productores medianos y agricultores consolidados, coinciden en una realidad: producir alimentos en México se ha vuelto casi imposible.
La extorsión criminal, los precios castigados, el incremento en los costos de producción, la falta de apoyos, la prohibición de ciertos fertilizantes y la ausencia de un modelo agrícola coherente, han creado un cóctel explosivo.
La violencia es cotidiana; por ejemplo, en las regiones limoneras, aguacateras, citrícolas y maiceras, el crimen organizado impone cuotas, controla rutas, fija precios y asesina a quienes se resisten.
NUEVO ENFRENTAMIENTO
Para muchos productores, la extorsión es ya un impuesto criminal inevitable. Quien no lo paga, enfrenta secuestros, amenazas y pérdida de su cosecha. El miedo forma parte del costo de producción.
A esta situación se suma un cambio profundo en la política pública. Desde 2018, el Gobierno decidió desmontar prácticamente todos los mecanismos de apoyo productivo que habían permitido que agricultores intermedios y medianos se mantuvieran en el campo durante años.
Se eliminó la Financiera Rural, dejando a miles sin crédito para sembrar. Desapareció el seguro agrícola, por lo que ahora cualquier fenómeno climático significa que se pierde toda la cosecha y la inversión; se debilitó toda la cadena de comercialización y se cancelaron programas que equilibraban precios y ayudaban a que los agricultores no fueran devorados por intermediarios o por el mercado internacional.
En su lugar, se instauró un modelo basado casi exclusivamente en apoyos sociales y precios de garantía que no reflejan la realidad del mercado global.
El problema es que el campo mexicano no es uniforme; es profundamente diverso. No se pueden poner las mismas reglas a los productores de maíz de Sinaloa que a los cafeticultores de Chiapas, a los pequeños frijoleros de Zacatecas o a los citricultores de Veracruz. Cada región tiene costos, climas, plagas y mercados distintos.
Lo cierto es que las decisiones se tomaron desde escritorios con gente que no conoce el campo, sin diálogo real con los productores y sin entender esa diversidad.
En el proceso, el Gobierno rompió la interlocución histórica con organizaciones campesinas y agropecuarias, señalándolas de irrelevantes o corruptas, y dejó al país sin una estructura de representación que permitiera diálogo y negociación. Sin interlocutores, no hay acuerdos; sin acuerdos, no hay soluciones.
Los productores no han protestado por capricho; creen que es la última salida para ser atendidos.
Sus productos muchas veces los tienen que vender por debajo del precio de cosecha y además están vapuleados por el crimen organizado que los extorsiona.
Además, los precios internacionales, influenciados por subsidios masivos en Estados Unidos, Europa o Brasil, dejan a México en desventaja porque aquí no existen los apoyos técnicos, financieros ni logísticos que existen en esos países.
El productor mexicano compite contra países donde los gobiernos garantizan fertilizantes, maquinaria, tecnología, seguros, infraestructura y créditos preferenciales. Aquí compiten solos, contra el mercado y contra el crimen.
Como si eso no fuera poco, México importa más del 50 por ciento del maíz amarillo que consume, y por primera vez en años ha tenido que importar maíz blanco. Algo está muy mal cuando un país como México termina dependiendo del exterior para su alimento más básico porque no tiene apoyos, ni siquiera para fertilizantes para que nuestros campos puedan ser, como lo eran, eficientes.
Y no nos podemos olvidar de lo indignante que ha sido el fracaso de Segalmex, creado para reemplazar a Conasupo, pero convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción reciente. Ese hoyo negro se llevó miles de millones de pesos que debieron haber ido a los productores.
Lo que vemos hoy es el resultado de una política que privilegió el asistencialismo sobre la productividad. Los productores medianos han sido abandonados por completo y son quienes sostienen buena parte de la producción nacional y la exportación agrícola. La política se redujo a “precios de garantía” que nunca empataron con los precios reales del mercado internacional. Cuando esos precios colapsaron y los costos se dispararon, el campo perdió.
Hoy México no tiene un modelo agrícola claro. No existe un plan de productividad, ni una estrategia regional, ni una política de innovación, ni una ruta para enfrentar el cambio climático, ni un planteamiento para competir con los mercados globales.
La gente en el campo pide muy poco comparado con lo que aporta: seguridad para trabajar sin ser extorsionados, precios justos, crédito accesible, reglas claras, apoyo técnico básico, infraestructura que funcione y un Gobierno dispuesto a escucharlos.
Los campesinos de México están desesperados, y si ellos abandonan el campo, va a haber una crisis alimentaria en todo el país que parece que el Gobierno no está dimensionando.
----
La movilización está anunciada para este lunes 24 de noviembre a las 8:00 de la mañana; incluye el cierre total de carreteras, la toma de aduanas en la frontera norte y la ocupación de oficinas de gobierno como medida de presión.
