La certidumbre jurídica es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico de cualquier nación, y en el caso de México adquiere una mayor relevancia debido a los retos estructurales que enfrenta el país: desigualdad, corrupción, informalidad, evasión fiscal y baja productividad.
La certidumbre jurídica implica que las empresas e inversionistas puedan prever con razonable seguridad las consecuencias legales de sus actos, confiar en la estabilidad de las normas y esperar que las autoridades actúen conforme a derecho. En este marco, actualmente la actividad económica se encuentra en un terreno incierto, donde predominan los riesgos y la desconfianza.
La certidumbre jurídica es esencial para fomentar la inversión. Los inversionistas requieren de reglas claras y estables para comprometer su capital, que toda inversión conlleva riesgos financieros, pero si las reglas cambian constantemente, los contratos pueden incumplirse y no tener segura una sanción; desde luego que los incentivos para invertir disminuyen.
Reconocimiento al Ejército
México ha experimentado episodios que ilustran este fenómeno, como sucedió el sexenio anterior con los cambios en su política energética, reformando diversas leyes para restringir la inversión extranjera y cancelando concesiones a particulares. Por ello, cuando se deteriora la confianza, y con la mala experiencia, el capital se retrae y opta por invertir en lugares donde el Estado garantiza un marco legal más sólido.
La certidumbre jurídica fortalece la competencia económica. Un sistema jurídico confiable evita que ciertos actores obtengan ventajas indebidas, mediante influencias políticas, corrupción o prácticas desleales, lo cual ya lo vivimos desde antes de la llegada de la 4T. Esto es crucial en un país donde los monopolios y oligopolios, que históricamente han afectado la eficiencia y la libre competencia, han distorsionado los precios de los bienes y servicios.
La aplicación pareja de la ley, la protección de la propiedad y el respeto de los contratos permiten que nuevas empresas ingresen al mercado, fomenten la innovación y generen empleos. Cuando el marco legal es débil y no se tiene confianza en los juzgadores en virtud de que responden más a cuestiones de lealtad política que a razones jurídicas, no puede existir certidumbre jurídica; por lo tanto, se evita poner en riesgo una inversión o un nuevo negocio dejando de invertir.
En suma, la certidumbre jurídica no es un simple requisito técnico, sino un elemento esencial para el crecimiento económico. México necesita instituciones sólidas y consolidadas, así como un Estado que garantice igualdad ante la ley, lo cual resulta muy difícil después de realizar una cuestionada reforma judicial, con una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con el cincuenta por ciento de nuevos jueces y magistrados, muchos de ellos sin experiencia procesal.
Por todo lo anterior, el Gobierno debe mandar señales claras para mostrar que la SCJN es independiente del Poder Ejecutivo y, para ello, la SCJN debe resolver sus sentencias con imparcialidad, las cuales deben estar apegadas a derecho, y no puede, por lo tanto, reabrir expedientes con sentencia firme y totalmente concluidos; ésa sería una pésima señal en contra del Estado de derecho, iría en contra de la certeza jurídica que el país requiere para su crecimiento económico, lo cual es preocupante.
