Desde fines de 2024 fueron muchas las denuncias por robo y contrabando de combustibles que llegaron a la oficina de Alejandro Gertz Manero para judicializarse e instruir órdenes de detención; sin embargo, se rezagó por meses su instrumentación; y cuando se liberaron, eran sobre funcionarios públicos, elementos de la Marina Armada, pero pocas o ninguna, sobre transportistas, ejecutivos del sistema financiero o empresarios, cosa que incomodaba en Palacio Nacional… hasta que se conoció el caso del dueño de la franquicia de Miss Universo.
Ahí, la situación se volvió explosiva. Pero no eran las únicas denuncias que se quedaron pendientes de ejecución en la oficina del exfiscal (se sabe que son numerosos los expedientes preparados que involucran funcionarios aduanales, personal militar y “gente de negocios”), ni tampoco las únicas pistas que obtuvo Gertz: nos dicen que las pistas seguidas en el caso de Raúl Rocha como dueño de Soluciones Gasíferas del Sureste presumen una estructura organizativa que habría permitido que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador esa firma recibiera de la paraestatal contratos por 1,900 millones de pesos. A Rocha, es público, se le investiga por contrabando de combustibles y tráfico de armas en alianza con diversos grupos del crimen organizado.
Entre las pistas que deja la saliente gestión de Gertz a la entrante, a cargo de Ernestina Godoy, apuntarían hacia la red que permitió los delitos imputados.
Reconocimiento al Ejército
Sin ser el único bajo observación, un personaje clave mencionado es Hugo Vadillo Zurita, actual director corporativo de planeación, coordinación, desempeño y sostenibilidad de Pemex en donde, en noviembre de 2024, se reincorporó como jefe de la Unidad Interna de Control de Pemex (UIC), para de ahí encumbrarse. En octubre de 2024, un mes antes, buscó ser titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compareciendo para ello —sin éxito como otros 43 interesados— ante el Senado de la República. Durante el mandato de Emilio Lozoya, Vadillo Zurita fue subgerente de responsabilidad social.
Concluido el sexenio de Enrique Peña, a Vadillo Zurita se le identifica como cercano al gobierno de López Obrador: primero a través de Ricardo Peralta, quien fuera subsecretario de Gobernación tras fungir por fugaces 5 meses de 2019 como director general de la Agencia General de Aduanas, ahí Vadillo Zurita fue titular del Órgano Interno de Control durante tres años, para después pasar al Instituto Nacional de Migración, en la gestión de Francisco Garduño. A inicios del actual sexenio, Vadillo Zurita reingresa a Pemex por la puerta grande como de jefe de la UIC para, al cabo de unos meses llegar a una dirección corporativa estratégica en la administración de Víctor Rodríguez, como la dirección de planeación, coordinación, desempeño y sostenibilidad
De las pesquisas que han quedado sobre el escritorio de la FGR se formularon hipótesis de porqué desde esos cargos clave en la operación continua de aduanas, migración y Pemex, no se detectó el paso de miles de carrotanques con combustible de contrabando y mercancías diversas, así como de la perforación de ductos en horarios y lugares precisos. Darle seguimiento, aceptarlas o rechazarlas, depende de la nueva fiscal.
Harineras bajo fuego, sólo 7.1% del consumo maicero. En las recientes y muy válidas movilizaciones, productores de maíz y granos básicos en 20 estados del país, una crítica persistente por parte de los campesinos fue contra las empresas harineras a las que se les señaló de ser la causa del bajo precio del maíz (de comprarlo a cuatro o cinco pesos el kilo para luego vender tortillas industrializadas arriba de 20 pesos el kilo).
Mas allá de la real agonía en el campo mexicano, los datos del mercado revelan que la industria harinera es la que tiene el menor peso relativo en el consumo.
El análisis puntual efectuado por el Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios que dirige Juan Carlos Anaya muestra que de los 47.7 millones de toneladas consumidas de maíz blanco y amarillo en 2025, las harineras (Minsa de Altagracia Gómez, Maseca de Juan González, Harimasa de Alberto Morales y otras) consumieron 3.37 millones de toneladas… o sea sólo 7.1% del total. Tres veces mayor peso tuvo la producción de masa nixtamalizada que tomó 10.14 millones de toneladas o sea 21.2% del total. Incluso el autoconsumo (4.48 millones de toneladas con 9.4% de relevancia) fue más grande que el industrial para elaborar alimentos para consumo humano directo con maíz blanco.
El problema del precio para los campesinos se desprende de la extinción de los mecanismos de mercado y de apoyo para estimular la productividad por hectárea (precios objetivo con subsidio general al momento de caídas respecto a la cotización internacional, agricultura por contrato y 18 programas de riego, paquetes tecnológicos, semillas, coberturas y seguros ante riesgos climáticos y plagas) desde el sexenio pasado cuando se privilegiaron programas sociales y “precios de garantía” para pequeños y micro agricultores, más no para los que producen para las ciudades. El precio internacional de referencia del maíz cayó este año a 4,800 pesos por tonelada, debido a la alta producción de grano blanco y amarillo a nivel mundial… menos en México donde ya no se impulsó la productividad para maíz blanco y prohibió el uso de maíz amarillo transgénico.
El resultado de las “políticas transformadoras” para el campo son catastróficas: hoy México importa 97.2% de los casi 28 millones de toneladas de maíz amarillo que se consumen principal para alimentar los animales que comemos y en usos industriales incluida farmacéutica y cosmetología. Por ello, a pesar de los 1,200 pesos sobre el precio de referencia que el Gobierno federal, estatal e industria agregaron al precio por tonelada para llegar a 6,200 pesos por tonelada, los campesinos “no salen de gastos” y reclaman 7,200 pesos cuando menos.
Habrá que ver qué se pacta en las próximas mesas de negociación establecidas por Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, para detener la grave descapitalización del campo.
