BAJO SOSPECHA

Pagamos por el pasado, no por el futuro

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

México enfrenta un problema fiscal cada vez más evidente y difícil de ocultar.

Desde 2023, el país ha destinado más recursos al pago de intereses de la deuda pública que a inversión en infraestructura, educación, energías limpias o crecimiento económico.

Sólo entre enero y septiembre de 2025, el Gobierno pagó 960 mil millones de pesos en intereses, comisiones y costos financieros. Esto implica 3 mil 516 millones de pesos diarios destinados exclusivamente a mantener viva una deuda que crece más rápido que la economía.

Ese dinero, que debería estar construyendo futuro, está financiando el pasado. Es una realidad que preocupa a analistas financieros como Carlos Mota, quien ve en estas cifras una señal alarmante del deterioro fiscal del país.

Mota explica que la deuda en sí misma no es mala. Todo país necesita endeudarse para financiar proyectos, estabilizar su economía o enfrentar emergencias. Además, una deuda sana podría reflejar que México mantiene credibilidad internacional y acceso a financiamiento. El problema es el ritmo actual: la deuda crece, los intereses se disparan y la inversión pública baja.

El Gobierno, afirma Mota, ha jugado “al límite” con las calificadoras. Si bien México no ha perdido su grado de inversión, está muy cerca de los umbrales que podrían activar una baja en la calificación soberana, con consecuencias graves para el país. No obstante, aunque la deuda está en niveles manejables, el peso de los intereses ya rebasó a la inversión productiva.

Mientras el país destina casi un billón de pesos en intereses, la inversión en infraestructura bajó. El contraste es doloroso: no hay nuevas carreteras o grandes obras hidráulicas; sólo deuda creciente y un gasto social que se expande.

A esto se suma un legado problemático: las megaobras del sexenio pasado, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, o el AIFA, absorbieron miles de millones de pesos sin estudios reales de rentabilidad financiera ni social. “Fueron proyectos que se hicieron sin ningún criterio de retorno. Tuvieron rentabilidad política, pero no económica ni social”, advierte Carlos Mota. Hoy, el país paga esas obras, pero no obtiene beneficios equivalentes.

El resultado es un panorama en el que México no tiene infraestructura nueva que impulse el crecimiento, pero sí una deuda que incrementa cada mes el monto de intereses a pagar. Y, por si fuera poco, un gasto social que crece de forma inercial entre 18% y 20% anual.

Para Mota, esta ecuación es insostenible. Si el gasto social continúa aumentando, si la deuda sigue creciendo y si la inversión sigue reducida, México podría enfrentar un punto crítico. No se trata de un colapso inmediato, aclara, pero sí de una trayectoria que podría llevar, en uno o dos años, a una baja en la calificación de la deuda soberana, con impactos en cascada: aumento en las tasas de interés, encarecimiento de deuda futura y presiones sobre el sistema financiero.

¿QUÉ SE REQUIERE?

El recurso destinado al pago de la deuda se ha incrementado en los últimos años (imagen ilustrativa).
El recurso destinado al pago de la deuda se ha incrementado en los últimos años (imagen ilustrativa). ı Foto: Especial

Aunque reconoce que Morena difícilmente permitiría que México llegue a ese escenario porque sería devastador electoralmente, advierte que la ruta actual es riesgosa. “No hay manera de sostener el ritmo de gasto social y el pago de intereses sin inversión que genere crecimiento”, insiste.

El caso de Pemex ilustra la complejidad del problema. Para evitar que la petrolera arrastre a la calificación del país, el Gobierno creó un mecanismo contable que le permite ayudar a Pemex sin registrar esos recursos como deuda pública. Es una medida creativa, pero temporal. Los compromisos siguen ahí y, de una forma u otra, tendrán que pagarse.

En el tablero internacional, Mota señala un ejemplo relevante: Argentina, ahora con Javier Milei como presidente, ha emprendido un ajuste drástico: frenó la impresión de dinero, controló la brecha cambiaria y comenzó a pagar deuda para recuperar credibilidad ante los mercados. Es un camino doloroso, pero que ha evitado un colapso financiero.

México, dice, no está en una situación comparable, pero sí enfrenta una situación compleja.

Y es que los programas sociales ayudan mucho a la sociedad, pero se deben entregar de una manera responsable, para que haya dinero y se puedan seguir otorgando.

Para Mota, no todos deben desaparecer ni reducirse, pero sí es indispensable reorganizarlos. Cita el caso de las pensiones para adultos mayores: al menos 20% de los beneficiarios pertenece a hogares de ingresos medios y altos que no requieren el apoyo. Ese dinero, afirma, se podría redirigir a quienes sí lo necesitan, o a infraestructura que impulse crecimiento económico.

El problema no es ayudar, sino hacerlo sin diagnósticos y sin focalización, lo que acaba convirtiendo el gasto social en un peso difícil de sostener.

Cuando le pregunto cuál sería el peor escenario para México, el diagnóstico es claro: Una baja en la calificación de la deuda soberana que provoque desconfianza de inversionistas, salida de capitales, encarecimiento del crédito y riesgo para el sistema financiero.

“El escenario de una corrida bancaria o una crisis profunda está lejos, pero no es imposible si no se ajustan las variables fiscales”, afirma.

Mientras tanto, México sigue pagando intereses y sosteniendo programas costosos, sin invertir en el futuro. “Pagamos el pasado y posponemos el mañana”, nos dice Carlos Mota.

A esto se suma la incertidumbre empresarial. Si bien no se prevé una salida masiva de empresas extranjeras, el país sí está perdiendo atractivo. Empresas como Nissan han cerrado plantas, en parte por la reconfiguración del mercado automotriz en Estados Unidos, pero también por la falta de certeza y de infraestructura moderna en México.

Las grandes corporaciones diversifican riesgos en decenas de países; México no es su única opción. “El riesgo país ha aumentado. No al grado de provocar desbandadas, pero sí lo suficiente para alertar. El Gobierno sabe que no puede darse el lujo de perder más inversión extranjera”, subraya.

Sin embargo, el rumbo actual indica lo contrario: apoyos crecientes, deuda que se eleva y un país que invierte menos que nunca en el futuro de sus próximas generaciones.

Mota concluye nuestra plática con una advertencia que sintetiza el momento actual: “México está gastando más en su deuda que en su futuro. Si no corregimos el rumbo, lo que hoy es un problema fiscal se convertirá en un problema de país”.

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LO QUE EL PAÍS necesita para salir adelante son políticas financieras, dice Mota; es exactamente lo opuesto a las políticas financieras que se están aplicando en México.

1.- Mayor inversión productiva.

2.- Crear más infraestructura.

3.- Llevar un gasto social ordenado.

4.- Una mejor disciplina fiscal.

5.- Y un plan claro para estabilizar la deuda.

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