El relevo en el Consejo Coordinador Empresarial, con la salida de Francisco Cervantes y la llegada de José Medina Mora, coincidió con un anuncio que terminó siendo el verdadero movimiento político-empresarial del mes: la creación del Consejo Nacional de Inversiones.
El anuncio expresó la decisión de la élite empresarial mexicana de redefinir su interlocución con el Gobierno en un momento en que el país necesita inversión, certidumbre e idea de dirección económica.
El CNI nace en una coyuntura donde el nearshoring, anunciado durante años como la palanca del nuevo ciclo de crecimiento, no ha producido los flujos ni la expansión esperada. El Plan México, diseñado para ordenar y acelerar proyectos, terminó anclado a una expectativa que no se ha materializado. El estancamiento del último trimestre enciende las alertas sobre la necesidad de inversión de forma urgente. A ello se agrega un entorno de negocios enrarecido por los aranceles de Donald Trump, la revisión del T-MEC y la reforma al Poder Judicial. No sorprende que organismos estadounidenses como la Business Roundtable y la U.S. Chamber of Commerce hayan expresado preocupación por la erosión del Estado de derecho y por las implicaciones fiscales y regulatorias para sus empresas.
Reconocimiento al Ejército
En ese contexto, el empresariado mexicano también se reacomoda. Cervantes encabezó un CCE marcado por la interlocución conciliatoria con el Ejecutivo. Su estilo moderado llevó a que, en su momento, se le considerara para encabezar la Secretaría del Trabajo. La expectativa era que representara la continuidad de un modelo de relación institucional sin confrontaciones abiertas y con espacios de acuerdo en torno a la agenda gubernamental. La llegada de Medina Mora, apoyado por una candidatura única, tiene otra lectura: los gremios buscaron a alguien con un perfil más crítico, en un momento en que la base empresarial —particularmente las mipymes— presiona por mejores condiciones de operación y por una postura más firme ante el aumento de costos, la expansión regulatoria y la falta de certidumbre legal.
Esa disputa interna terminó exhibiendo dos visiones empresariales. Las grandes corporaciones buscan proteger y ampliar sus negocios mediante la negociación directa con el Gobierno; las mipymes demandan pisos más parejos, reglas claras y una interlocución que no esté capturada por intereses de quienes ya tienen la posibilibad de ser más fácilmente escuchados. Lo que estalló fue un choque de trenes entre modelos de representación empresarial: uno aglutinado alrededor de la estabilidad y la colaboración marcado por quienes ya tienen recursos, concesiones y poder económico, otro que exige corregir decisiones económicas que han complicado la operación cotidiana de millones de empresas. El triunfo de Medina Mora se entiende bajo la lógica de que la presión de los segundos logró poner al frente del CCE a un perfil más crítico y menos conciliador con el gobierno.
En respuesta de eso, se crea el Consejo Nacional de Inversiones. A diferencia de los organismos tradicionales, el CNI no será un espacio abierto ni dependerá de membresías. Es, desde su diseño, un mecanismo cerrado, integrado por un grupo reducido de inversionistas mexicanos que concentran activos estratégicos en sectores como energía, infraestructura, telecomunicaciones y servicios. Su función es crear una línea directa con la Presidenta y con el gabinete económico para destrabar proyectos, acelerar decisiones y, en los hechos, centralizar la relación entre el Estado y quienes controlan una parte sustantiva del capital nacional.
La señal política es clara: el Gobierno quiere una mesa compacta, discreta y eficaz para gestionar inversiones en un momento de bajo crecimiento. Y los grandes empresarios prefieren un formato que les garantice acceso sin los contrapesos, la pluralidad y las tensiones internas que pudieran tener las cámaras tradicionales. El desplazamiento implícito del CADERR apunta en la misma dirección. Su capacidad de incidencia fue limitada, su integración cambió varias veces y su interlocución —particularmente a través de Altagracia Gómez— perdió relevancia conforme se estrechó el foco alrededor del Plan México. El CNI ofrece, para ese grupo, una alternativa más funcional y menos expuesta.
El resultado es la institucionalización de un antiguo patrón: un club que se sienta con el político del momento. El país enfrenta desafíos serios de inversión, productividad y certidumbre. La pregunta es si este arreglo —un puente directo entre el poder político y el capital concentrado— puede corregirlos o si, por el contrario, profundizará la distancia entre la élite y las mipymes.
