En el México mágico casi cualquier cosa puede suceder, como que los casos más grandes de exigencias tributarias por parte del Gobierno federal sean cabildeados supuestamente ante la Suprema Corte de Justicia y el Servicio de Administración Tributaria —a fin de aminorar la carga impositiva del Impuesto al Valor Agregado— por Liébano Sáenz Ortiz, quien fuera jefe de la oficina de la Presidencia durante el mandato de Ernesto Zedillo: diversas fuentes coinciden en que el perfil e historial político y posicionamiento público del cabildero genera cierto rechazo y preocupación en Palacio Nacional por su participación en uno de los asuntos industriales, fiscales y comerciales de mayor trascendencia internacional.
Para nadie son desconocidos los desencuentros discursivos y aún de confrontación entre Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo en asuntos tan severos como el manejo del rescate bancario (Fobaproa), los avances del crimen organizado desde el siglo pasado, así como en torno a las elecciones de los nuevos integrantes del Poder Judicial y concentración del poder presidencial desde la administración de Andrés Manuel López.
Aun así, trascendió que desde hace algunas semanas, Sáenz Ortiz estaría involucrado en gestiones ante SAT y la Suprema Corte para reducir y/o atajar la presión sobre diversas empresas…; no obstante, que en el actual régimen es percibido como ligado a la tecnocracia neoliberal y a la multiseñalada —pero escasamente atacada— “corrupción del pasado”.
Duarte queda preso
Agua y aceite, pues. Independientemente del cristal ideológico de quien lo perciba, en términos prácticos se trata de interlocutores incompatibles para lograr cualquier negociación… y menos con asuntos de alto impacto con resonancia asiática.
Y es que, de acuerdo con expertos en relaciones gobierno-empresa, resulta insustancial considerar que Sáenz Ortiz logre abrir puertas ante el actual Gobierno federal, pues “no sólo es improbable, sino estratégicamente inviable”, dada la existencia de una narrativa diametralmente opuesta y abiertamente confrontada en la que Ernesto Zedillo es la manzana de la discordia.
Evidentemente, la libertad y el derecho al trabajo es una realidad que aún se conserva en México, por lo que los gestores emanados de cualquier gobierno anterior no tienen ninguna prohibición ni limitante de ejercer sus oficios. Pero en términos prácticos, su eficacia en el actual régimen sería poco funcional para tratar temas altamente sensibles por el cuestionamiento político que les hacen quienes hoy ejercen el poder gubernamental.
No se olvide que la administración en turno busca marcar distancia de los operadores emblemáticos del antiguo régimen y de las prácticas de corrupción que les achaca… por lo que los “emisarios del pasado” suelen tener un menguado margen de maniobra dada la incoherencia intrínseca de negociar entre los representantes de posiciones de poder y política enfrentadas.
En síntesis, la posibilidad de que Liébano Sáenz o personajes afines tengan capacidad de influencia real en decisiones administrativas o judiciales de alto impacto sería improbable. Para reguladores, funcionarios y operadores cercanos al actual gobierno, tales presencias no les representa un activo, sino un obstáculo, e incluso un riesgo reputacional y estratégico.
Sucede cosa diferente con los consultores en asuntos tecnológicos y ciencias exactas…, pero no están del todo exentos de verse enfrentados con la ideología del régimen.
Crece controversia Cervantes-Miss Universo. Como aquí le informé, el consejo directivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo tomó con la mayor seriedad el hecho de que Raúl Rocha —franquiciatario de Miss Universo y acusado de contrabando y robo de combustibles, así como de vínculos con cuando menos dos cárteles del crimen organizado— haya sido el asesor directo del saliente presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.
Es por ello que, el organismo que encabeza Octavio De la Torre, mantiene suspendida su relación con el CCE hasta que no se clarifiquen vínculos y deslinden responsabilidades, puesto que los códigos de ética corporativa de varios de sus asociados —tanto los que exportan como los que comercian en el mercado interno— exigen un claro cortafuegos respecto a empresas que son identificables como “narcoterroristas” por el gobierno de Donald Trump.
Aunque Cervantes concluyó sus prolongados periodos, la Concanaco-Servytur reclama que el CCE “atienda cabalmente lo anterior y adopte lineamientos vinculantes de integridad y debida diligencia” puesto que con el cambio de estafeta no se “extingue la responsabilidad institucional por actos, decisiones o vínculos generados en la administración saliente”.
Voces del todo autorizadas nos cuentan que en las reuniones de pleno del CCE en el anterior mandato, el asesor de la presidencia, el regiomontano Rocha, ofrecía alegremente y a quien fuera “suministro de combustibles”, pues “contaba con permisos de importación”, pese a la cancelación de 1,866 de tales permisos que ordenó la secretaria de Energía del pasado sexenio, la hoy gobernadora jarocha, Rocío Nahle.
