La economía mexicana atraviesa una fase de debilidad estructural prolongada. En el frente interno, la desaceleración productiva es ya evidente: las estimaciones apuntan a una expansión del PIB de apenas 0.5% en el año en curso, lo que implica acumular cerca de siete años de estancamiento económico, con un crecimiento por debajo del potencial.
En este contexto, persisten límites estructurales al crecimiento potencial: elevados niveles de inseguridad, la falta de una completa redefinición integral del modelo de negocio de Pemex, una transición energética incompleta, estrés hídrico en zonas urbanas y rezagos en la infraestructura de capital humano, particularmente en salud y educación. La persistencia de estos desequilibrios, junto con la limitada capacidad fiscal, ha incrementado las dudas sobre la sostenibilidad del proyecto económico en vigor y ha debilitado los incentivos para la inversión privada, subrayando la importancia de restablecer certidumbre institucional y regulatoria.
El freno a la inversión se ha consolidado como el principal obstáculo al crecimiento. Su contracción no sólo limita la expansión de la capacidad productiva, sino que compromete la trayectoria de productividad total de los factores y el crecimiento de largo plazo. Los datos recientes confirman un deterioro significativo: desde finales de 2024, la inversión registra variaciones anuales negativas y acumula una caída de 7.3% en lo que va del año hasta septiembre. Por componentes, la inversión pública se ha contraído 20.2%, reflejando el ajuste fiscal y el agotamiento del ciclo de megaobras, mientras que la inversión privada —responsable de cerca del 90% del total— ha disminuido 5.2%.
Importante reconocimiento a la SHCP
La contracción de la inversión pública responde a la reorientación del gasto hacia transferencias sociales y a la necesidad de corregir los desequilibrios fiscales, lo que ha erosionado las expectativas de crecimiento y generando efectos de arrastre negativos sobre la inversión privada. Esta última, además, enfrenta un entorno particularmente restrictivo, caracterizado por tasas de interés reales elevadas, un endurecimiento de las condiciones financieras, un deterioro de la confianza empresarial, riesgos comerciales vinculados a la política industrial y arancelaria de Estados Unidos, incertidumbre regulatoria y judicial, persistencia de la inseguridad y una desaceleración general de la demanda agregada. El resultado ha sido la conformación de un círculo de retroalimentación negativa, en el que la debilidad de la inversión refuerza el bajo crecimiento y, a su vez, deprime las expectativas y la toma de decisiones de largo plazo.
En el mercado laboral, la desaceleración se manifiesta en un deterioro de la composición del empleo: la creación de puestos de trabajo se concentra en el sector informal, mientras que la generación de empleo formal se mantiene estancada, con implicaciones negativas para la productividad, la base contributiva y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
En el ámbito fiscal, si bien el fortalecimiento de la recaudación tributaria ha permitido compensar la caída de los ingresos petroleros, el déficit heredado y el incremento del saldo de la deuda pública obligan a un proceso de ajuste fiscal, que limita el margen para una política contracíclica efectiva.
La carga de límites estructurales es importante. Es tiempo de evaluar el modelo actual objetivamente.
