En los últimos cuatro meses, desde que comenzaron los ataques de drones estadounidenses en las costas del Caribe y el Pacífico y el creciente cerco naval sobre Venezuela, la pugna internacional sobre este país suramericano agrega otra capa discursiva más. Siempre ha estado ahí, sobre todo desde la perspectiva oficial venezolana, el argumento de que el país sufre, esencialmente, un asedio de Estados Unidos. Ahora esa dimensión se refuerza.
En América Latina, desde que escaló la tensión naval, varios gobiernos fueron alineándose de manera individual con la coerción militar. Gobiernos como los de Panamá, República Dominicana, El Salvador y Ecuador mandaron señales de apoyo y, en algunos casos, de colaboración con la ofensiva estadounidense. Sólo en fechas más recientes esa corriente se posiciona de manera colectiva en un foro internacional.
En la reciente cumbre del Mercosur en Iguazú, seis países (Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador y Panamá) suscribieron una declaración en la que instan al Gobierno de Nicolás Maduro a reconocer los resultados de las elecciones de 2024 y dar paso a una transición democrática que revierta la crisis humanitaria y migratoria que asola el país caribeño.
En el documento firmado en Iguazú los seis presidentes no defendieron de manera explícita las acciones de Estados Unidos. Mandatarios, como Javier Milei y Nayib Bukele, han respaldado la presión militar en los medios, pero el documento no se refiere a eso. La Declaración de Iguazú parte del criterio de que la última fase del conflicto, esto es, el fraude electoral y la imposición de la reelección de Maduro, en el verano de 2024, sigue abierta.
Desde que comenzaron las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, los gobiernos de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia se opusieron públicamente. A través de declaraciones presidenciales y pronunciamientos de sus cancillerías, Brasil y Colombia, que no reconocieron el triunfo de Maduro y exigieron a Venezuela la exposición de pruebas de la reelección oficial, han lamentado las acciones estadounidenses.
La reacción inicial de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue de prudencia. La Presidenta reiteraba las premisas constitucionales de respeto a la soberanía y la autodeterminación, pero no mucho más. Fue a mediados de este diciembre, cuando la tensión llegó a los niveles más altos e inició el bloqueo de los buques petroleros sancionados, que la Presidenta mexicana se refirió con mayor claridad a la crisis.
Entonces Sheinbaum propuso que la ONU se ocupara del diferendo —cosa que ya sucedía, como se vio con la misión del alto comisionado, Volker Türk, y el diálogo entre Maduro y el secretario general, Antonio Guterres— y ofreció una nueva mediación en México, que se ve difícil desde la posición de Washington. La postura de México sería similar a la de Colombia y Brasil, pero hasta ahora no parece coordinada con ellos.