Hablar del caso Cecilia Monzón es hablar de una herida abierta en la democracia mexicana y, al mismo tiempo, de una prueba decisiva para el sistema de justicia. Desde su asesinato en 2022, el proceso ha concentrado tensiones profundas: la violencia política, la captura de instituciones locales por redes de poder y la capacidad real del Estado para garantizar justicia y no repetición.
El caso deja varios sinsabores.
El primero es que no se trató de un hecho imprevisible. Fue la culminación de un patrón de violencia contra una mujer que denunció, litigó e incomodó a actores poderosos en Puebla. Cecilia expuso abusos, documentó prácticas de violencia y sostuvo una batalla legal visible. Difícil olvidar aquel “en vivo”, con las puertas cerradas, esperando la judicialización de carpetas por violencia familiar, poco antes de ser asesinada.
El segundo sinsabor, menos explorado en la opinión pública, es el mensaje criminal y su impacto democrático. No fue sólo un feminicidio: fue un atentado contra la participación política, la libertad de expresión y la defensa legal. El núcleo del crimen fue silenciar a una mujer que ejercía activamente su ciudadanía.
El tercero es el comportamiento de la clase política. Tras el asesinato, el llamado a la justicia fue unánime en los congresos. Pero cuando se conoció quién estaba imputado, emergieron los cálculos partidistas. Al grado de que hubo diputadas que cabildearon para retirar el apellido de Cecilia a la Ley Monzón, que protege a menores. Un gesto que retrata los tiempos y el bajo valor que una parte de la clase política asigna a la tragedia ajena.
El cuarto sinsabor es estructural: la lentitud de la justicia en México. Conviene decirlo con claridad: la dilación no es neutral. Envía un mensaje de tolerancia a la impunidad y normaliza el cálculo cínico de que el tiempo se puede comprar. Ausencias estratégicas de abogados, retrasos por “enfermedad”, audiencias que se reprograman una y otra vez sin consecuencias reales. El objetivo es claro: desgastar, contaminar el proceso, apostar al cansancio de las familias. Estas prácticas erosionan la confianza ciudadana y vacían de contenido al Estado de derecho.
Si el caso no se perdió en el silencio fue por la perseverancia de Helena Monzón, hermana de Cecilia. Su papel fue central: estuvo en tribunales, habló con medios, activó redes internacionales y sostuvo una narrativa incómoda para quienes preferían que el caso se diluyera. Helena encarna la negativa a aceptar el “así son las cosas”. Mostró que la presión pública informada puede convertirse en un contrapeso real. Y deja una lección incómoda: en México, con frecuencia la justicia avanza no por el diseño institucional, sino por la insistencia de quienes se niegan a renunciar. Ése es uno de los déficits de nuestra democracia: aún carece de un piso común sólido.
El acompañamiento en el caso fue fundamental. Mención especial a la abogada Minerva Sánchez y a Tirso de la Torre, de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), quienes actuaron con valentía frente a la presión local; a Jorge Sepúlveda García, Anna María Kudisch y Claudia De Buen, quienes desde la BMA dieron seguimiento constante; al trabajo profesional y generoso de Vianey Esquinca y su equipo en la asesoría de comunicación desde el primer momento; y al periodismo riguroso de Almudena Barragán, que documentó el caso con profundidad.
Debe resaltarse también el acompañamiento de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, el seguimiento del consulado español, la actuación de la Fiscalía de Puebla en la integración de la investigación y el respaldo de activistas poblanas. La promoción de la Ley Monzón, con Mónica Silva y Nora Escamilla. En lo personal, una de las presencias más conmovedoras fue la de la activista conocida como “Chuy”, siempre ahí, en todo momento, como un rostro persistente de esperanza. Y el de la familia Pérez Ramírez, que acompañó con cariño y firmeza en una situación límite. Héroes anónimos, muchos de ellos, que sostuvieron el proceso y la esperanza de justicia.
El caso Cecilia Monzón importa porque desnuda una verdad incómoda: la democracia mexicana no se mide sólo en elecciones, sino en la protección efectiva de quienes alzan la voz. Cuando una mujer es asesinada por ejercer derechos y el Estado duda, titubea o se retrasa, el mensaje es devastador.
Pero también deja una enseñanza esperanzadora. La combinación de ciudadanía activa, periodismo atento y presión internacional puede mover inercias. No sustituye a las instituciones, pero las obliga a funcionar.
La exigencia sigue siendo la misma: justicia completa, que concluya el ciclo, y garantías de no repetición. No por venganza, sino por responsabilidad democrática. Porque una democracia que no protege a quienes la defienden está condenada a vaciarse de sentido.
Cecilia Monzón no debería ser recordada sólo como una víctima, sino como un recordatorio permanente de que la justicia no puede ser un favor ni una excepción. Debe ser la regla.
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