Hace poco más de tres años, en septiembre de 2022, miles de jóvenes iraníes salieron a las calles a protestar contra el encarcelamiento, tortura y muerte de la joven Mahsa Amini, quien se había negado a usar el hiyab. La policía religiosa iraní, autonombrada Policía de la Moral, ejecutó a la joven por desafiar las normas civiles extremistas que establece ese Estado teocrático.
Organismos internacionales llegaron a contabilizar más de 150 manifestantes muertos en aquellas jornadas de protestas, más de 75 heridos y cientos de personas encarceladas. Poco a poco, la juventud iraní ha ido naturalizando el hábito de mostrar el descontento en las calles, a pesar de la maquinaria represiva del régimen islamista y la automática criminalización de la protesta, amplificada por el silencio de los aliados internacionales de Teherán.
Ahora las manifestaciones han detonado por el deterioro de la situación económica, como consecuencia de una inflación de más del 42%, la caída en más de la mitad del valor de la moneda nacional, el aumento de precios y los recortes a suministros de agua y electricidad. El detonante ha sido la recesión, que ha llevado a la renuncia de varios funcionarios del gabinete económico y financiero, pero como casi siempre bajo ese tipo de regímenes políticos, el mensaje de los manifestantes se dirige contra el sistema.
La poca seriedad del nuevo subsecretario
Como otros de sus aliados en el mundo, el gobierno iraní reacciona frente a esas contestaciones públicas con una mezcla contradictoria pero funcional de recursos: minimización numérica de la protesta, separación de causas económicas y políticas de la crisis, presentación de los manifestantes como agentes extranjeros y represión sistemática no sólo de quienes protestan sino de quienes pueden respaldarlos desde los medios independientes y la sociedad civil.
La televisión estatal ha insistido en el carácter violento de los manifestantes, ofreciendo datos sobre el decomiso de armas. También ha enmarcado las protestas en el contexto de las crecientes tensiones entre Israel e Irán, dotando a las manifestaciones de una racionalidad golpista e injerencista, que difícilmente pueda sostenerse a partir de las imágenes que recogen las redes sociales.
Como en las protestas de 2022, y antes en las de 2019, la prensa latinoamericana da cuenta del fenómeno de manera diferenciada. En publicaciones de la izquierda brasileña, argentina o chilena se reportan sin mayores escamoteos la naturaleza pacífica de las protestas y la represión de los manifestantes. En otras, especialmente en las bolivarianas, se opta por el silencio o por un enfoque geopoliticista, que sólo pone la mirada en las sanciones de Estados Unidos.
En Granma y Telesur, en estos días, se ha hablado mucho de la solidaridad de Irán con Venezuela y del saludo de Teherán al 67 aniversario de la Revolución cubana. Pero infructuosamente el público de esos medios encontrará en ellos tan sólo una alusión a los muertos que van dejando las protestas iraníes. Ni siquiera la nota de AFP, del 1 de enero de 2026, que escuetamente hablaba de “tres muertos por protestas contra la carestía de la vida”, que rescató La Jornada, se reprodujo en esos medios.
Una vez más, la cobertura latinoamericana y caribeña reafirma que hay protestas visibles e invisibles para los contradictorios prismas ideológicos de la región. Como en 2021 y 2022 en Cuba, hay medios decididos a negar la realidad e, incluso, a pontificar qué es y qué no es una verdadera marcha por el malecón de La Habana. Lo que nunca pierde visibilidad, en esas coberturas, es cualquier amenaza de Donald Trump.
Se repite en estos días una regla de oro de los tiempos que corren: basta con que Trump prometa alguna intervención para que el sentido de cualquier conflicto se distorsione en la prensa latinoamericana. De eso, y no de otra cosa, trata la actual desglobalización: del amago de unilateralismo en un mundo multipolar.
