El Parque Nacional El Veladero no es un terreno disponible para la especulación inmobiliaria ni una reserva susceptible de negociación política. Es una Área Natural Protegida, decretada como tal el 17 de julio de 1980 en el Diario Oficial de la Federación, que resguarda cerca de tres mil 200 hectáreas de riqueza ambiental, histórica y científica fundamentales para la sobrevivencia ecológica de Acapulco.
Pese a ello, hoy El Veladero se encuentra bajo una amenaza directa y deliberada: la actuación irresponsable y presuntamente corrupta del Fideicomiso Acapulco, organismo que, lejos de cumplir su mandato de preservación, ha optado por convertirse en agente de degradación ambiental y desorden urbano.
Dicho fideicomiso, creado con recursos públicos para impulsar el desarrollo turístico y el ordenamiento del puerto, se ha transformado en una estructura onerosa, ineficiente y opaca, que representa un alto costo para el erario estatal sin ofrecer beneficios reales a la población. Su permanencia contradice incluso la política de austeridad y desaparición de entes improductivos planteada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue claro al señalar que los fideicomisos sin resultados debían desaparecer.
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Lo más grave es que, bajo el pretexto de “regularizar” asentamientos, el Fideicomiso Acapulco ha iniciado procesos de lotificación ilegal dentro del Parque Nacional El Veladero. Se trata de un acto abiertamente ilegal, pues ninguna área natural protegida puede ser vendida, fraccionada ni urbanizada bajo ningún argumento. A ello se suman denuncias reiteradas sobre dobles precios, intermediarios y manejo discrecional de recursos, lo que genera múltiples sospechas de corrupción y tráfico de influencias.
Estamos frente a un despojo ambiental que se ejecuta con total impunidad y con la pasividad, cuando no complicidad, de las autoridades encargadas. La venta de lotes sin servicios básicos no sólo destruye el ecosistema, sino que traslada al municipio una carga financiera insostenible: pavimentación, electrificación y suministro de agua potable en zonas montañosas, cuando más de la mitad de la población acapulqueña carece ya del vital líquido.
La destrucción de El Veladero implica además la pérdida irreversible de una zona con belleza escénica excepcional, alto valor científico y profunda relevancia histórica. No debe olvidarse que en este sitio José María Morelos y Pavón estableció su cuartel durante la Guerra de Independencia, lo que convierte al parque en un patrimonio natural e histórico de la nación.
La pretendida urbanización de El Veladero constituye una agresión ambiental sin precedentes y una expansión caótica de la mancha urbana, contraria a cualquier criterio de desarrollo sustentable. Incluso el Instituto Mexicano para la Competitividad ha sido categórico al rechazar asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas, por el daño ambiental y el colapso urbano que generan.
El impacto ecológico será devastador: la afectación de especies protegidas como el palo morado, la desaparición de aves canoras, el águila pescadora, así como iguanas y boas de gran tamaño, representan un atentado directo contra la biodiversidad del puerto.
Lo que hoy ocurre en El Veladero no es un error administrativo, es una decisión política equivocada, que debe detenerse de inmediato. El Fideicomiso Acapulco debe ser intervenido, auditado y los responsables de la venta ilegal de terrenos en un parque nacional deben enfrentar consecuencias legales.
Acapulco no puede seguir pagando el precio de la corrupción ambiental ni del abandono institucional. El Veladero no se vende, no se fracciona y no se negocia. Defenderlo es defender el futuro del puerto, la legalidad y el patrimonio natural de México.
