El descarrilamiento del Tren Interoceánico, sucedido el pasado 28 de diciembre, en el trayecto Salina Cruz-Coatzacoalcos, en el cual viajaban 250 personas, resultaron 14 fallecidos y decenas de heridos, a sólo dos años de que inició operaciones, resulta preocupante que puedan suceder más siniestros como éste.
Más allá de notas amarillistas de algunos medios de comunicación, debemos de tomar en cuenta que fue una obra que se realizó con prisa y que en su momento se difundieron conversaciones de supuestos sobornos en la compra de materiales y de los certificadores de la obra, sin que hayan sido aclarados, generando mayores sospechas de que el descarrilamiento haya sido motivado por fallas en su construcción.
Mientras la mayoría de los columnistas han señalado una serie de errores y responsabilidades, e incluso, la cancelación de la obra férrea, me llamó la atención la columna de Vanessa Romero en el periódico Reforma, denominada “Los trenes van”, en la que argumenta que independientemente del accidente, la obra no se puede cancelar por ser un riesgo en sí misma por los beneficios que puede traer, y otra cosa es la responsabilidad que genere el descarrilamiento, en lo que estoy de acuerdo. Sin embargo, considero que a dicha conclusión le faltó analizar cuestiones más profundas, como las siguientes:
La IA contra López Beltrán o... ¿al revés?
La primera cuestión se refiere a la obra férrea, la cual, en primera instancia, no puede cancelarse sólo por el descarrilamiento, a menos que la mayoría de la obra se haya hecho mal, que pueda poner en peligro su constante funcionamiento y que su recomposición salga más costosa que su cancelación, situación que se debe de analizar a profundidad.
La segunda cuestión a la que se refiere Vanessa Romero, es que debe de aclararse la responsabilidad técnica y administrativa de la obra, pero no se refiere a la responsabilidad civil objetiva y penal y hasta qué funcionarios debe de llegar, pues podría ocurrir que haya poco fincamiento de responsabilidades a altos mandos.
Por ello, ahora es buen momento para que se demuestre que la Reforma Judicial funcionará sin politiquerías y que la nueva fiscal realizará una profunda investigación para fincar responsabilidades, y que no sea un caso donde sólo condenan los mandos bajos y medios, por ello, los jueces tendrán una dura tarea para establecer las sanciones respectivas a toda la cadena de responsables.
Por otra parte, tres de los afectados por el descarrilamiento han presentado denuncias penales contra las constructoras, contratistas y servidores públicos, situación que los nuevos jueces de la Reforma Judicial deben de resolver. Cabe mencionar que, para empezar, hay una responsabilidad objetiva clara por tratarse de un tren y que por su simple funcionamiento existe un riesgo, habrá que analizar si, además, hubo dolo o mala fe. Buen momento para que los tribunales empiecen a generar certidumbre jurídica dentro y fuera del país.
