El sector de telecomunicaciones en México inicia 2026 bajo una presión inédita. Por primera vez en varios años, el mercado observa a una nueva autoridad reguladora con expectativas claras y con pendientes acumulados que ya no admiten más postergaciones.
De acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU), encabezado por Ernesto Piedras, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) enfrenta una prueba determinante: demostrar que su creación no fue un simple rediseño institucional, sino el punto de partida para destrabar decisiones estructurales que han frenado el desarrollo del sector y limitado su aportación al crecimiento económico y la competitividad del país.
Uno de los primeros movimientos relevantes de la CRT fue la aprobación del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2026, documento que perfila el espectro que podría ponerse a disposición del mercado durante el año. Entre las bandas contempladas destacan los 600 MHz, considerados estratégicos para ampliar cobertura, mejorar la calidad de servicio y fortalecer las capacidades de las redes 5G, particularmente en zonas con menor densidad poblacional. Asimismo, el programa incorpora frecuencias altas como 10 GHz y 37 GHz, orientadas al despliegue de servicios de internet fijo inalámbrico, una alternativa relevante para ampliar el acceso a banda ancha en regiones donde el tendido de infraestructura fija resulta más costoso. No obstante, como subraya el análisis de CIU, la publicación de un plan no equivale a resultados si no se materializa en procesos de asignación efectivos y oportunos.
La licitación de espectro para 5G se mantiene como el principal pendiente regulatorio de 2026. México acumula varios años de retraso en la asignación de bandas clave para redes de quinta generación, lo que ha limitado el ritmo de inversión y la expansión de servicios avanzados. Según CIU, el reto no es sólo convocar a una licitación, sino diseñarla bajo condiciones que reflejen la realidad del mercado, con precios, esquemas de pago y obligaciones que permitan una participación amplia y competitiva. De no ajustarse estos elementos, el riesgo es repetir procesos fallidos, con espectro desierto o subutilizado, y prolongar el rezago tecnológico frente a otros países.
El análisis también enfatiza la importancia de ratificar y dar continuidad a licitaciones previamente planeadas, evitando cambios de reglas que generen incertidumbre entre los operadores. La estabilidad regulatoria es un factor crítico para un sector intensivo en capital, donde las inversiones se amortizan en horizontes largos. En la misma línea, la renovación de concesiones se perfila como otro eje central de la agenda de la CRT en 2026. La certidumbre jurídica que brindan procesos claros y oportunos de renovación es indispensable para que los operadores mantengan y amplíen sus compromisos de inversión en redes, cobertura y calidad de servicio.
En contraste con estos pendientes estructurales, el análisis cuestiona la prioridad otorgada a medidas como el Registro de Usuarios Móviles, cuya implementación está prevista para iniciar en 2026. El esquema implicaría el registro de alrededor de 160 millones de líneas móviles, lo que supondría un esfuerzo operativo cercano al millón de registros diarios durante varios meses, con costos significativos para los operadores y diferencias sustanciales entre concesionarios tradicionales y operadores móviles virtuales. Si bien el objetivo declarado es contribuir al combate al fraude y a la inseguridad, se advierte que no existe una justificación sólida de política pública que garantice beneficios proporcionales, y que vincular el acceso a la conectividad a un registro obligatorio podría generar nuevas barreras para los usuarios.
Más allá de instrumentos específicos, el documento de CIU subraya que el verdadero desafío de la CRT en 2026 será su capacidad para construir una regulación eficaz y creíble. Ello implica no sólo emitir lineamientos y programas, sino incorporar de manera sistemática la retroalimentación del sector, de la academia y de la sociedad civil, así como comunicar con claridad los criterios que guían las decisiones regulatorias. La apertura a la crítica, la autocrítica institucional y la transparencia serán elementos clave para recuperar la confianza del mercado.
El sector de telecomunicaciones es un habilitador central de la competitividad, la innovación y la inclusión social. Por ello, 2026 representa una oportunidad decisiva. La licitación efectiva de espectro 5G, la ratificación de procesos pendientes, la renovación de concesiones y una regulación orientada a la competencia y a la inversión definirán si México logra avanzar hacia una infraestructura digital moderna o si prolonga su rezago. La CRT tiene ante sí la posibilidad de marcar una nueva etapa para las telecomunicaciones mexicanas, pero sólo si logra convertir la planeación regulatoria en decisiones concretas con impacto real y visión de largo plazo, incluso posponer el inicio del Registro de Usuarios Móviles, por todos los fallos que se están señalando, no sólo que los están viviendo las grandes compañías sino también las operadoras móviles virtuales.